La PAC, mucho más que ayudas

El sector agrario es esencial para la sociedad europea desde el punto de vista económico, social y ambiental, así como por garantizar nuestra seguridad alimentaria. Su carácter estratégico ha quedado patente tanto por el importante peso que se le atribuye en el ambicioso Pacto Verde Europeo, como por el reconocimiento de la sociedad a la comprometida respuesta de agricultores, ganaderos e industria agroalimentaria en los momentos más inciertos de la situación creada por el coronavirus. Así lo reconocen las instituciones europeas en la estrategia “De la Granja a la Mesa”, que marca los objetivos ambientales europeos.

Compartiendo esta perspectiva, agricultores y ganaderos asumirán su protagonismo en la lucha contra el cambio climático y en el establecimiento de un modelo agroalimentario sostenible. No obstante, el previsible incremento que esto supondrá en los costes de producción debería verse acompañado por la defensa de la calidad de nuestros productos y por un presupuesto reforzado: la PAC del futuro debería asegurar a los productores unos ingresos justos y no únicamente un mejor reparto de las ayudas.

Para ello la UE debe revisar todos los tratados de libre comercio, establecer el principio de preferencia comunitaria y soberanía alimentaria y condicionar las importaciones a los estándares de calidad, sanidad vegetal y bienestar animal que ya cumplen los productores europeos. Igualmente, es fundamental reforzar los mecanismos de gestión de mercado en la nueva PAC, de forma que éstos permitan responder a los productores con celeridad y eficacia ante situaciones de crisis en el sector.

A pesar de la necesaria evolución que debería experimentar la PAC para estos retos, sigue avanzando en la línea en que lo hiciera para el Horizonte 2020: desregulación de mercados, homogeneización de pagos, reducción de gasto e incremento de las exigencias ambientales. Los instrumentos que recoge la propuesta de reglamento de la Comisión no han cambiado, siendo la única novedad la libertad que se otorga a los Estados miembros para concretar su Plan Estratégico de la PAC.

En nuestro país, el debate para la definición del citado plan parece centrarse en las ayudas directas: sólo trascienden opiniones sobre la forma en que deben redirigirse los pagos desacoplados.

El ministro ha anunciado cambios radicales: la PAC no es un presupuesto para ninguna comunidad autónoma sino para agricultores y ganaderos. Olvida que esta política se caracteriza por su constante evolución y que siempre ha fijado mecanismos que evitaran un desequilibrio territorial y sectorial y que concediera a los productores un período de adaptación para asumir los cambios necesarios.

El agricultor genuino

Lo primero que ha de definirse es a quién quieren dirigirse estos fondos. En este aspecto, el agricultor genuino definido por la normativa europea (que cumple los requisitos para cobrar las ayudas directas) tendrá en cuenta la importancia de la renta agraria, pero sin obviar el respeto a la pluriactividad para la fijación de población al territorio.

La importancia de la renta agraria sobre la total se determinará en España con un porcentaje que oscilará entre el 20% y el 30%, habiéndose apostado desde COAG Andalucía por un ratio del 25%, en consonancia con la definición de agricultor profesional.

Más difícil es considerar la pluriactividad. El ministro plantea que ésta se limite al régimen de pequeños agricultores (explotaciones entre las 6 y las 10 hectáreas con un pago a tanto alzado de 200 ó 250 euros).

Desde COAG Andalucía defendemos la condición de genuino independientemente de que no se llegue al 25%, siempre que vivan en el medio rural y cuya estancia en el mismo pueda depender del cobro de las ayudas (que no tengan renta suficiente de otros sectores económicos).

Definidos los perceptores, debe establecerse el mecanismo de reparto de ayudas. El Ministerio propone que la ayuda básica para la renta, que sustituirá al actual pago básico, cuente con el 60% del presupuesto Feaga y defiende la homogeneización del valor de este pago. Amparado por varias autonomías, el ministro aboga por la reducción del número de regiones y por la eliminación de los derechos del Régimen de Pago Básico, defendiendo que con ello salen beneficiados quienes tienen su actividad principal en la agricultura y la ganadería.

Respecto a la reducción del número de regiones, conviene recordar que agricultura y ganadería españolas y andaluzas son tan complejas que es imposible unificarlas. Igualmente importante es recordar que la ayuda es un complemento a la renta... que se conforma de distinta forma en cada región, atendiendo a niveles de inversión, edafología, dimensión de las explotaciones, orientación productiva, etc.

Pago Básico

Por este motivo, la convergencia en los valores unitarios de ayuda por hectárea no tiene necesariamente que suponer un incremento en la renta de los productores. Si se persigue la homogeneización de la ayuda por superficie eliminando los Derechos de Pago Básico, además se podría incrementar la superficie con ayudas (hasta un 63%) y los jóvenes perderían la ventaja competitiva que supone la asignación prioritaria.

Desde COAG Andalucía se apuesta por el mantenimiento de los derechos, asumiendo la convergencia establecida por reglamento dentro de las distintas regiones, cuyo número podría reducirse siempre que se respetaran las características diferenciales de distintos tipos de regadío, pastos, etc. El establecimiento de un período transitorio permitiría a los profesionales reorientar sus producciones, redimensionar sus explotaciones, etc.

Desde el MAPA, por el contrario, se pretende homogeneizar ayudas incluso antes de que comience la nueva PAC en 2023: eliminando la limitación del 30% en la reducción de los derechos de pago básico ya en 2021 y 2022. ¿Así se beneficia a los profesionales? Un típico cabrero andaluz, profesional, con derechos de pago básico altos y poca base territorial, por ejemplo, cedería más de 3.000 euros de su renta en 2021 a favor de otros profesionales con más superficie y ayudas PAC.

Y es que la trampa está en la distribución de las ayudas PAC. Se pone en la balanza el 4% que se reparten más de 263.000 personas (régimen de pequeños productores) frente al 57% del total que se reparten el 10% de los beneficiarios (2.678 millones de euros). Se intenta repartir las migajas que puedan ahorrarse gracias a los pequeños (190 millones de euros anuales) y se espera que el capping (que podría beneficiar a profesionales) tenga poco impacto. Se plantea, pues, una redistribución de ayudas entre los profesionales que están en los tramos medios de ayuda, y todo sin mostrar ningún estudio de impacto.