El Constitucional avala la subasta de medicamentos de la Junta

Sevilla/El Tribunal Constitucional (TC) ha avalado la subasta de medicamentos implantada por la Junta de Andalucía en el 2012, un sistema de compra de fármacos mediante una puja entre laboratorios, ha anunciado la presidenta de la Junta, Susana Díaz.

El anuncio ha sido realizado este jueves por la presidenta regional a través de su cuenta de Twitter, en el que ha señalado que el Constitucional ha avalado la subasta de medicamentos de Andalucía, de forma que "pierde el Gobierno del PP, ganan los ciudadanos y la sanidad pública".

El consejero de Salud, Aquilino Alonso, ha confirmado también que el Pleno del TC ha acordado por unanimidad rechazar el recurso. En declaraciones a los periodistas en los pasillos del Parlamento andaluz, Alonso ha expresado la "gran satisfacción" que para la Junta supone esta resolución del TC, que aún no ha sido notificada de forma oficial a la Administración autonómica, pero que "lo que hace es avalar lo que desde el principio manteníamos acerca de que la selección pública de medicamentos era constitucional y no invadía en ningún caso competencias del Estado".

La subasta se implementó mediante un decreto-ley que modificó la ley de Farmacia de Andalucía, del 2007, y estableció este sistema para determinar los medicamentos genéricos -aquellos que se basan en la molécula química y no en una marca comercial- que obligatoriamente deben dispensar los médicos del sistema sanitario público andaluz.

Según datos de la Consejería andaluza de Salud, este sistema de licitación ha ahorrado ya 413 millones de euros a la factura farmacéutica de la Junta desde la primera subasta, celebrada en junio del 2012, al que hay que sumar el resultado de la última y décima licitación, recientemente celebrada.

Además, el Gobierno andaluz reivindica que esta iniciativa constituye también un elemento distintivo más de su sistema sanitario, tildado por los dirigentes autonómicos -la última, su actual presidenta, Susana Díaz- como la "joya de la corona" de Andalucía.

De hecho, la subasta de medicamentos se blinda en la nueva ley de Sanidad de Andalucía recientemente aprobada por el Gobierno autonómico.

Este sistema de compra de medicamentos ha sido recurrido en varias ocasiones por el Gobierno central, no tanto por el fondo de la cuestión cuanto por considerar que esta decisión invade competencias exclusivas de la Administración central en materia sanitaria y puede generar desigualdades entre las comunidades autónomas.

Pero varios recursos del Ejecutivo central que pedían la paralización, al menos cautelar, de estas subastas, han sido rechazados por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el último, en noviembre del 2015, por considerar que la comunidad autónoma es competente para adoptar "medidas tendentes a racionalizar la prescripción racional de medicamentos".

Organizaciones empresariales del sector farmacéutico y de las oficinas de farmacia también han cuestionado esta subasta, por considerar, entre otras cuestiones, que limita la libertad de mercado, causa desabastecimientos de fármacos y distribuye medicamentos de baja calidad.