El Tribunal de Cuentas detecta distintas irregularidades en proyectos del Plan E

La aplicación del Fondo Estatal de Inversión Local (FEIL) a través del Plan E dejó numerosas irregularidades en los ayuntamientos de la provincia de Huelva. Pero no es un caso único. Las deficiencias se han repetido en toda España respecto al cumplimiento de los requisitos fijados por el Gobierno. En la mayoría de los casos afecta a los plazos de ejecución y puesta en funcionamiento de las infraestructuras afectadas. También a los trámites realizados para la adjudicación, bien por la publicidad realizada o por el posterior fraccionamiento de los contratos. Aunque el caso más llamativo es el de la contratación de un menor número de trabajadores desempleados a los inicialmente prometidos para cada proyecto. Precisamente cuando una de las razones del plan era la promoción del empleo.

El Tribunal de Cuentas, a través de un informe, ha desvelado las irregularidades detectadas entre una muestra de los proyectos ejecutados en la primera fase del FEIL. En la provincia de Huelva afectan a la capital y a varios municipios de distintas comarcas.

Llamativo es el caso de Alosno y Cortelazor, donde los proyectos de acondicionamiento y modernización del campo de fútbol de Tharsis y la urbanización de accesos a aparcamientos públicos dejaron sin contratar, respectivamente, a 5 y 4 desempleados comprometidos en un principio.

Igualmente, en Beas, en la mejora de acerado de la calle Virgen del Reposo, sólo se contrató a uno de los 7 desempleados comprometidos en el proyecto. Como este ejemplo se dan más en el mismo municipio, además de Almonaster la Real, Aroche, Ayamonte, Calañas, Cartaya, Cortelazor, Rosal de la Frontera, Santa Bárbara de Casa y Trigueros, según detalla el informe del Tribunal de Cuentas.

En la capital, dos proyectos aparecen señalados por distintas deficiencias. Uno, la adecuación, equipamientos e infraestructuras en el cruce de las avenidas Manuel Siurot y Diego de Morón. El otro, la reparación, equipamientos e infraestructuras de servicios urbanos en las barriadas de La Orden, Torrejón y Santa Marta. Ambos se financiaron con los fondos FEIL con su ejecución ya iniciada. Tampoco el precio fue criterio de adjudicación en los dos casos. Además, en el primero de ellos hubo falta de publicidad en la licitación del contrato. Y en el segundo se incumplió el requisito de ejecución inmediata y hubo un retraso significativo en el pago de las certificaciones.

Más irregularidades sobre la preparación y la ejecución de los contratos hubo en proyectos de Almonte, Ayamonte, Gibraleón, Hinojos y Santa Bárbara de Casa, entre las que se encuentran el retraso en el inicio de las obras en algunos casos. El mayor de estos se registra en Almonte, donde se llegó a ejecutar un proyecto casi cuatro meses después de lo señalado.

Los dos contemplados en el municipio olontense, además, como en el caso de la capital, presentan también deficiencias en cuanto a la ausencia del precio como criterio de adjudicación. Sucede igual en Ayamonte y en la construcción de la piscina municipal de Lucena del Puerto, presentada por la Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva.

Sobre las medidas a emprender en caso de incumplimiento de contratos, en cinco celebrados en Higuera de la Sierra y 10 de Santa Olalla del Cala no se establecieron cláusulas de penalización.

Además, no se aplicó esta cláusula en dos casos en Almonte y otros dos en Ayamonte. Como ocurrió también en sendos contratos en Hinojos y Villarrasa.

Otros tres ayuntamientos onubenses están también señalados en el informe por realizar contratos menores con riesgo de fraccionamiento: Dos de Almonaster la Real, otros dos en El Cerro de Andévalo y siete de Chucena.

Las deficiencias e irregularidades detectadas por el Tribunal de Cuentas alcanzan también a Moguer y Punta Umbría a distintos niveles sobre la concentración de contrataciones sin publicidad y los retrasos de pagos.