Las oficinas del SAE se quedarán sin el 60% de su personal el 31 de diciembre

El peor recorte de todos. En situación de crisis y paro generalizado, una drástica disminución del personal dedicado a la promoción del empleo cae como una losa en este fin de año. El 59,2% de la plantilla en las oficinas del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en la provincia de Huelva dejará de prestar sus servicios el 31 de diciembre. Se irá a la calle. De esta forma, en los 13 puntos existentes sólo quedarán 18 técnicos para atender a un total de 67.006 desempleados, según datos de la unión sindical Ustea y el SAE. El resto, promotores y asesores, se quedarán fuera tras sus consecutivos ceses en esta recta final de año. La decisión es la misma en Huelva y en el resto de Andalucía, después de que la Junta no cuente para 2013 con la financiación que le llegaba hasta ahora del Estado.

Los 31 asesores adscritos al SAE en la provincia onubense recibieron la pasada semana una carta comunicándoles el fin de obras y servicios el próximo 31 de diciembre. Acabarán así su labor después de cuatro años, tras ser contratados en octubre de 2008 con cargo a un Plan Extraordinario Nacional de Orientación del Empleo creado por el Gobierno de Zapatero ante los primeros síntomas de la crisis. Se contrataron 1.500 orientadores (llamados asesores en Andalucía), de los que 413 correspondieron a la comunidad (contratados por la Junta) y de ellos, 31, a Huelva.

En abril de 2011, dado el agravamiento de la situación económica en el país, un segundo plan estatal posibilitó la creación de igual número de puestos en la figura del promotor de empleo, de los que, mediante la misma fórmula, 29 fueron adjudicados a la provincia onubense.

Pero precisamente estos fueron los primeros en sufrir el recorte presupuestario del Gobierno de Rajoy. Hace unos meses se comunicó la intención de cortar los planes estatales que financiaban la contratación de personal de Empleo en las comunidades autónomas, que fue materializada de manera inmediata, en verano, el 30 de junio, día en el que se hizo efectivo el cese de los 413 promotores andaluces, 29 onubenses.

La repercusión de este recorte en materia de empleo en toda la comunidad hizo que la Junta de Andalucía moviera ficha y se prestara a contratar el 20 de agosto, y de forma temporal, por tres meses, a los especialistas despedidos, asumiendo el pago de sus salarios, aunque a media jornada.

Desde la Consejería de Empleo se confiaba en llegar a un acuerdo con el Gobierno para que se prorrogara el plan extraordinario, pero el dinero no llegó de Madrid y el nuevo cese se consumó el pasado 19 de noviembre.

Ese fue el primer paso en los recortes en Empleo, ya que los asesores (orientadores en la terminología estatal) toman ahora el mismo camino, al no encontrar ninguna partida para su financiación en los Presupuestos Generales del Estado para 2013. De esta forma, con la finalización del año, 413 de estos especialistas cesarán en Andalucía, 31 de ellos adscritos a las oficinas de la provincia de Huelva.

Con los 29 promotores despedidos en noviembre más los 31 asesores que lo sufrirán el día 31, el SAE en Huelva perderá 60 trabajadores especializados, lo que supone el 59,2% de la plantilla real existente, según los datos aportados ayer por Ustea. Esos mismos números indican que las trece oficinas onubenses se quedarán con sólo 18 técnicos, repartidos de forma desigual y pendientes, en algunos casos, de distintos traslados, por lo que alguna de ellas, como Nerva e Isla Cristina, podrían quedar totalmente desatendidas.

UsteaHuelva denunció ayer en rueda de prensa la situación de desatención en la que quedará la población onubense: "Las oficinas quedarán reducidas al mínimo en cuanto a personal, lo que afectará negativamente al servicio que se les presta a las personas demandantes de empleo".

Para Elena Arizmendi, presidenta del comité de empresa de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Huelva, la Junta de Andalucía debe actuar ante la situación generada. "Pedimos explicaciones a quien nos ha contratado. Somos trabajadores de la Junta, hemos entrado legalmente, y es a la Junta a la que reclamamos una solución. Somos necesarios. El problema no debe ser de dónde venga el dinero. Este servicio debe mantenerse", dijo.

"No sabemos si vamos a conseguir algo, pero pelear, lo vamos a pelear", afirmó Arizmendi.