Los puentes de Punta pueden obligar a reformar el POT

Nació del consenso entre los alcaldes de la Costa de Huelva, contó con el apoyo de todos menos uno e incluso hubo alabanzas de ediles tan dispares como Francisco Zamudio (Partido Andalucista), Manuel Andrés González (Partido Popular) o Juan Antonio Millán (PSOE) e incluso de la Federación Onubense de Empresarios (FOE).

El Plan de Ordenación del Territorio del Litoral Occidental de Huelva vino al mundo bendecido y parecía traer un pan bajo el brazo de la regulación urbanística costera y calmar las guerras de taifas que a base de convenios privados asaeteaban las playas y sus zonas de influencia.

Hasta cuantificaba inversiones por valor de 341 millones de euros. Todos quedaron convencidos y prendados por el entonces delegado del Gobierno andaluz en Huelva, Justo Mañas, que llevó la negociación y el agua al molino de la Junta.

Pero el entonces alcalde de Punta Umbría, José Carlos Hernández Cansino, lo recurrió porque entendía que perjudicaba a los desarrollos urbanísticos y dotacionales previstos en su pueblo, demasiado protegido por la normativa medioambiental, pensaba. Y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha venido a darle la razón en dos ocasiones dejando "nulo" el valioso documento quizás en el peor momento para el sector inmobiliario, con decenas de miles de pisos, chalés y apartamentos en construcción y por vender y con empresas deseosas de quitarse de encima ladrillos como sea.

Jurídicamente, el tema resulta complicado de entender y mientras la Junta de Andalucía ha anunciado la interposición de un recurso de casación el ideólogo del conflicto mantiene que la decisión es radical y obligará a la postre a la redacción de un nuevo documento. La casación ante el Supremo puede demorar el sí definitivo al POT durante años y crear una situación jurídica muy peligrosa en tiempos de crisis.

Los ayuntamientos de Ayamonte, Cartaya, Isla Cristina, Lepe, Punta Umbría, San Silvestre de Guzmán y Villablanca renunciaron a gran parte de sus desarrollos urbanísticos en pro del consenso y dejaron a un lado ambiciones territoriales locales e incluso fueron adaptando al POT sus planes generales. Ahora, si el Tribunal Supremo falla en contra de este documento, todas las zonas a las que se le cambió su catalogación quedarían libres, eso sin tener en cuenta los quebrantos que le puede causar a los propietarios que no pudieron cambiar el uso de su suelo antes y durante la tramitación del documento.

La estrategia de la Junta pasa claramente por el recurso ante el Supremo pues así se asegura la viabilidad del POT hasta que exista sentencia firme pero hasta el mismo Gobierno andaluz ha metido en el debate nuevas infraestructuras que no aparecían en el original como son los puentes de Punta Umbría anunciados en plena campaña electoral por el presidente Manuel Chaves. Ese proyecto de importante envergadura puede conllevar la primera modificación del POT, advierte el ex alcalde de Punta Umbría. Y alerta que se puede modificar un documento pendiente de una resolución del Supremo que lo puede dejar en dique seco para siempre y obligar a la Junta de Andalucía a tener que consensuarlo otra vez con las partes implicadas.

Para Cansino, esta sería la mejor de las soluciones posibles porque no se puede mantener en el tiempo un documento nulo mediante una "artimaña legal". El remedio, dice, sería peor que la enfermedad pues dejaría una laguna jurídica y algunos ayuntamientos podrían optar por modificaciones puntuales.

El caso es que desde la Junta de Andalucía se puso fecha a la construcción de los dos puentes: 2008 y resulta que justo en este año se han producido los dos varapalos judiciales propinados al POT por el Alto Tribunal andaluz. A este frente jurídico hay que añadir la conclusión de los procedimientos ambientales.

Los alcaldes y ex alcaldes que se han pronunciado sobre el documento siguen manteniendo su utilidad y lo consideran útil para el planeamiento urbanístico. De momento, en Lepe no existen zonas afectadas por la laguna creada en el POT, según aseguran desde el gabinete popular y en Isla Cristina, la actual alcaldesa, María Luisa Faneca, prefiere no pronunciarse al respecto. Aunque su antecesor, Francisco Zamudio, recuerda que la zona isleña fronteriza con la N-431, Pozo del Camino y Ayamonte y que se conoce como El Empalme quedaría libre de servidumbres si el POT tiene que dar una acelerada marcha atrás. Allí, explica el ex alcalde, cedimos bastante y "retiramos nuestra intención de planificar un residencial e incluso el proyecto de ciudad del cine. Luego la Junta apuntó la posibilidad de reservar la zona para el futuro intercambiador modal en el AVE a Portugal".