La AAU obliga a Emed a aislar 700.000 toneladas de residuos industriales

Con la declaración ambiental favorable sobre la mesa y la obtención de la Autorización Ambiental Unificada (AAU), el proyecto de reapertura de la mina de Riotinto -tras casi siete años de espera- parece estar más cerca de hacerse realidad, a la espera de que la empresa promotora, Emed Tartessus, obtenga los derechos mineros por parte de la Junta, lo que ocurrirá este mes, según avanzó en el Parlamento la presidenta de esta Administración, Susana Díaz.

Sin embargo, tras la resolución de las alegaciones, la AAU favorable otorgada por la Dirección General de Calidad Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio al proyecto incluye un total de 304 condiciones de carácter ambiental obligatorias para el promotor y, una de ellas, incorporada al hilo de una alegación presentada por Mesa de la Ría, se antoja crucial para el reinicio de la explotación.

Según la resolución, a la que ha tenido acceso Huelva Información (está pendiente de ser publicada en el BOJA tras ser notificada a los alegantes), la Dirección General de Calidad Ambiental estima parcialmente una alegación de Mesa de la Ría, incluida como condicionante en el anexo tercero de la AAU, apartado en el que la Junta establece los límites y condiciones técnicas, dejando claro que cualquier modificación de los mismos, en particular los relativos a las emisiones a la atmósfera -como las concentraciones o el caudal- deberá ser autorizada previamente.

En concreto, sobre la instalación de residuos mineros denominada Escombrera Ilmenita-piritas, la Junta determina que si de la inspección llevada a cabo por técnicos de la Delegación de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Huelva el pasado 19 de marzo se confirmara "la presencia de los residuos industriales objeto de la denuncia en la cuantía y situación expuesta en la misma", el promotor "deberá proceder con carácter inmediato y, en todo caso, antes del inicio de la actividad" a ejecutar una serie de medidas, entre ellas el "aislamiento" de la Escombrera Ilmenita-piritas, con el objeto de impedir el vertido de lixiviados procedentes de la misma en la cuenca del río Odiel.

Dichos residuos industriales fueron depositados en los años 80 y se cuantifican en aproximadamente unas 700.000 toneladas, si bien fueron de depósitos autorizados según la normativa de la época. No en vano, Riotinto era entonces el vertedero legal del Polo de Huelva.

La AAU obliga a Emed a "presentar en un plazo no superior a un mes un plan de gestión de los residuos industriales presentes en el recito minero objeto de la denuncia y, en su caso, de otros que pudieran existir en otros puntos del recinto". Dicho plan contendrá, como mínimo, la caracterización y clasificación de los residuos, la localización y cuantificación de los mismos, así como un calendario de retirada.

Respecto de la Escombrera Ilmenita-piritas, en el caso de que la inspección realizada por la Delegación demuestre que no es una instalación de residuos mineros, sino un vertedero incontrolado de residuos industriales, el promotor deberá iniciar el "procedimiento de clausura y mantenimiento posclausura" del vertedero, conforme a lo previsto en la normativa en materia de residuos y en el Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero .

Asimismo, la AAU estipula que el promotor deberá proceder a un estudio de la calidad de los suelos potencialmente contaminados (afectados por la escombrera y circundantes) por si hubiera necesidad, en su caso, de que proceda a iniciar bien el procedimiento de declaración de suelos contaminados ante el Ayuntamiento o bien someter a aprobación de esta Consejería un proyecto de recuperación de forma voluntaria.

La AAU aclara que no ve impedimento alguno para que este condicionado se integre de forma independiente y, en paralelo, con las medidas cautelares oportunas que la Delegación de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente estipule. Para ello, indica que ya se ha solicitado información urgente sobre el resultado de la inspección, mediante un escrito de fecha 21 de marzo.