SOS Bebés Robados denuncia ante la UE el carpetazo judicial a los casos

Las víctimas de los presuntos robos de recién nacidos de Huelva y Cádiz, hartas de topar una y otra vez con los insalvables muros de la Justicia, han decidido unir fuerzas y trasladar estos "crímenes de lesa humanidad" a Bruselas. Así, más de 500 familias de ambas provincias han enfocado sus quejas en una denuncia titulada Causa niños robados en España que trasladarán a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. En ella se expone el "abandono" que sienten por parte "del Estado español" los afectados onubenses y gaditanos, quienes además de vivir en "dos de las provincias más afectadas por la trama en ratio de habitantes" del panorama nacional, han sufrido el carpetazo unánime de sendas Audiencias provinciales a los procedimientos tras la imposición de un criterio único en 2012 por el que se determina que la mayor parte de los casos ya han prescrito.

Los denunciantes afirman que "se está adoptando un criterio interpretativo" del Código Penal en relación al instituto de la prescripción "absolutamente contrario al espíritu de la norma, a los efectos de poder cerrar y dejar de investigar cientos de casos que podrían constituirse como delitos de lesa humanidad".

La denuncia evidencia la desigualdad territorial existente en la Justicia española. La presidenta de SOS Bebés Robados Huelva, Esperanza Ornedo, indicó ayer -durante la concentración que llevaron a cabo medio centenar de afectados en la capital- que "las madres que parieron en Huelva tendrían que haber dado a luz en los hospitales de Madrid, porque a día de hoy se estaría investigando la supuesta desaparición de sus hijos, pero por desgracia nos tocó la otra cara de la moneda".

Tras los portazos recibidos durante estos años de lucha, Ornedo y los suyos no se rinden. "Tocaremos a todas las puertas posibles y seguro que algún día se abrirá una para nosotros". De ahí la decisión de pedir ayuda a una instancia europea. "Hemos soportado la indiferencia e indefensión por parte de la Justicia española", alegación que remarcan en la denuncia remitida al Parlamento Europeo.

El objetivo de los afectados por las presuntas sustracciones de los neonatos es que Bruselas compruebe cómo el tratamiento judicial de los asuntos tiene como base "una teoría absurda, ilógica, que no se aplica al delito de detención ilegal genéricamente, sino sólo a los casos de bebés robados, además de infringir el principio del Derecho español de prohibición de analogía e interpretación de las normas penales". Asimismo, quieren que se investigue "si realmente nos encontramos ante una trama organizada", algo que sospechan los expertos en el tema.