Ramallo se enfrenta a 40 años de cárcel por el doble crimen de Almonaster

Recta final para uno de los casos más truculentos de la historia criminal onubense. La Fiscalía acusa al profesor de Matemáticas Genaro Ramallo de asesinar en 1993 a su entonces pareja, María del Carmen Espejo, y el hijo de ambos, Antonio Ramallo, que entonces sólo tenía diez años. Por el doble crimen de Almonaster -localidad en la que fueron hallados los cuerpos de madre e hijo en 2011, 18 años después-, el Ministerio Público solicita que se imponga al procesado 40 años de cárcel, 20 por cada una de sus víctimas, observando además que en los dos delitos concurre la agravante de parentesco.

En el escrito de la acusación pública, documento al que ha tenido acceso Huelva Información, se refiere que desde 1980 Ramallo mantenía una relación sentimental con Mari Carmen Espejo. Él tenía 21 años y ella, sólo 13. Se conocieron en Huelva y se fueron a vivir juntos a un piso. Ella se quedó embarazada y dio a luz el 7 de agosto de 1983 -cuando apenas tenía 16 años- a un niño, Antonio. Es cuanto menos curioso que el crío fuera inscrito inicialmente con los apellidos de su madre. Es más, no fue hasta 1987 (momento en que el pequeño ya había cumplido cuatro años) cuando Genaro Ramallo lo reconoció como hijo propio y le dio sus apellidos.

La pareja y el pequeño siguieron conviviendo hasta 1993, año en que sucedieron los hechos, "aunque al mismo tiempo Genaro mantuvo relaciones sentimentales con otras mujeres con las que, incluso, tuvo otros hijos", lo que provocó desavenencias en el núcleo familiar.

Por razones "no suficientemente acreditadas pero derivadas del deterioro de la relación", el procesado "decidió acabar con las vidas" de Mari Carmen, que tenía entonces 26 años y trabajaba en la Delegación de Turismo de la Junta en Huelva, y del niño de diez años "meses anteriores a agosto de 1993".

Aquel junio adquirió y registró a su nombre el terreno Huerta del Cura, una parcela solitaria y de difícil acceso ubicada en la aldea de Calabazares, perteneciente a Almonaster la Real. Fue en el fin de semana del 21 al 23 de agosto de 1993 cuando "se trasladó con ellos a dicha finca y, sin que conste si allí mismo o en otro lugar, les dio muerte a ambos". Para ello suministró a las víctimas "medicación sedante y analgésica suficiente como para anular sus posibilidades de defensa", afirma la fiscal. Luego, tras presuntamente asegurarse de que Mari Carmen y el niño estaban muertos, "los decapitó".

Se tomó la molestia de envolver sus cuerpos separadamente en bolsas y en un saco de dormir, "arrojándolos junto con los restos de medicamentos, jeringuillas y objetos utilizados" -incluidos la bici del crío, un látigo, esposas y un cuchillo- a un pozo de dos metros de profundidad existente en la parcela. Luego lo cubrió todo con varias toneladas de piedras y tierra y reforzó la superficie con vigas de hierro y hormigón. Siguió con su vida como si nada hubiera pasado.

La fiscal relata cómo el único procesado por el doble crimen continuó dando clases particulares de Matemáticas y "con sus relaciones sentimentales, llegando a contraer matrimonio con posterior divorcio". Siempre aparentó ante familiares y amigos mantener contacto con Mari Carmen y Antonio. Tanto es así que "contaba que lo veía en vacaciones y fines de semana en Madrid o en Córdoba, en donde decía que vivía, que tenía novia y que trabajaba con su madre en un negocio de joyería". Cuando alguien proponía a Ramallo conocer al chico, se excusaba "con motivos diversos".

Nunca denunció la desaparición de sus víctimas "para dar apariencia de que había sido por voluntad de Mari Carmen". El Ministerio Público señala que "contó desde el inicio" que ella "se había marchado a Madrid con otro hombre" y se había llevado al niño.

La maniobra de distracción no acabó ahí: escasos días después del crimen, llegó a remitir "una carta escrita a máquina y supuestamente firmada por María del Carmen a la Delegación de Turismo, solicitando la baja definitiva de su puesto de trabajo por haber cambiado de residencia". Ella nunca comentó nada semejante en su entorno laboral, "lo que ocasionó tal extrañeza entre sus jefes y compañeros que llegaron a denunciar en la comisaría de la Policía ese hecho".

El padre biológico de Mari Carmen y una tía de ella, con los que mantenía contacto de forma esporádica, también denunciaron la desaparición en una comisaría de Sevilla ante la imposibilidad de localizarla poco tiempo después del asesinato. Las denuncias y las diligencias judiciales que se incoaron fueron archivadas en abril de 1994 "ante las explicaciones dadas por Genaro acerca de la voluntariedad del cambio de residencia de su pareja y de que seguía viendo a su hijo periódicamente en Madrid".

Pero lo que parecía el crimen perfecto mostró sus aristas 18 años después. En la primavera de 2011, los expertos en desapariciones del Grupo de Homicidios de la Policía Judicial de Sevilla reabrían el caso a dos años de su prescripción. Interrogaron a Ramallo, detectaron su nerviosismo y las sospechas derivaron en una investigación que acabó dando con aquel pozo infame de Huerta del Cura. Corría el mes de septiembre y Genaro puso pies en polvorosa.

A finales de ese mes fue detenido en la localidad francesa de Toulouse y extraditado a España. Ingresó en la cárcel de Huelva el 21 de octubre, adonde permanece desde entonces a la espera de que la Sección Tercera de la Audiencia de Huelva fije la fecha del juicio, aunque será un jurado popular quien lo juzgue.

La Fiscalía considera que Ramallo, como autor de dos delitos de asesinato con agravante de parentesco, debe pagar además de los 40 años de prisión, las costas que genere el juicio e indemnizar al padre de María del Carmen con 139.767,7 euros (más intereses) por la muerte de su hija y 41.412,4 euros (más intereses) por la de su nieto. En total, 181.180 euros en concepto de responsabilidad civil.

El Ministerio Público interesa además que se mantenga la prórroga de la prisión provisional para Ramallo, que se vean las periciales y que se escuche en el juicio el testimonio del padre y abuelo de las víctimas -que ejercer la acusación particular representado por el prestigioso penalista sevillano Luis Romero- y de otras 13 personas más, así como de nueve policías nacionales y un guardia civil.