La Ley de Transparencia desnuda a las administraciones

Con una sociedad cada vez más crítica, exigente y capacitada, unos poderes públicos en constante entredicho y la proliferación de nuevas herramientas de comunicación al alcance de cada vez más personas, urgía poner en marcha mecanismos que regulasen las demandas de información por parte de la ciudadanía, delimitasen qué contenidos son públicos y cuáles deben preservarse en virtud de los derechos constitucionales y estableciesen el modo de trasladar dicha información a la ciudadanía. En definitiva, herramientas que derribasen las barreras que se interponen entre las personas y las administraciones públicas que alimentan con sus impuestos y que no pueden sostener por más tiempo una situación de opacidad que solo contribuye a generar desconfianza y desprestigio.

Dicho y hecho, en medio año tanto el Gobierno central (el 9 de diciembre de 2013) como el autonómico (el pasado 30 de junio) han publicado sendas leyes destinadas a abrir a las entrañas de los entes públicos a sus patronos: la de Transparencia, Acceso a la Información pública y buen gobierno del Estado, que no contentó a todo el mundo pero que en cualquier caso vino a sacar a España de su orfandad de normativa para el acceso a la información de sus ciudadanos a los órganos del Gobierno se refiere; y la Ley de Transparencia Pública de Andalucía, más amplia que la anterior y que al fin y al cabo es la que predomina.

Por regla general, los ayuntamientos han acogido de buen grado la llegada del nuevo marco regulador y se han lanzado a poner los mimbres necesarios para que cuando termine el plazo de adaptación a las obligaciones que contiene la ley -el 10 de diciembre de 2015 en ambos casos- tener todo listo para su cumplimiento.

En el Ayuntamiento de Huelva, por ejemplo, se creó la Concejalía de Servicios Internos y Transparencia, desde donde se trabaja con ahínco desde antes de que la ley fuera publicada. Primero, el Consistorio realizó un trabajo de investigación y análisis de la forma de actuar de otras administraciones, así como de los portales de otros ayuntamientos; estuvo vigilante ante los anteproyectos, proyectos y leyes y realizó sus propias aportaciones -que por cierto, fueron incluidas-, a la ordenanza de la Federación de Municipios y Provincias, entre otras acciones, para poder ofrecer en el menor plazo posible una nueva web que cubra el aspecto de la publicidad activa, uno de los dos "grandes conceptos" que observa la norma a la hora de dotar de transparencia la actuación de los poderes públicos. "No estamos partiendo de la nada", aclara la concejala, Teresa Herrera, "porque el equipo de gobierno ya se estaba ocupando de esto, pero hay que aglutinarlo todo y no es sencillo".

La web habrá de publicar en tiempo y forma y de manera accesible e inteligible para todos información sobre sus funciones, su estructura organizativa. la relación de puestos de trabajo, la oferta pública de empleo, los procesos de selección de personal, los contratos, acuerdos, convenios, los concursos, las ayudas, los presupuestos y los plazos de ejecución, la deuda pública y en definitiva, todo lo que se considera relevante para garantizar la perseguida transparencia de la actividad del Consistorio.

Una "tarea laboriosa y compleja" que tiene que aglutinar la información de todos los departamentos y que además debe esquivar el límite de otras normas como la Ley de Protección de Datos. Y esto también se refiere al otro concepto fundamental de la Ley de Transparencia: el que promueve el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, es decir, las dudas y preguntas que les surjan a los ciudadanos y que no hayan sido contestadas previamente por los medios de publicidad activa, es decir, en la web. Como ejemplo práctico, Teresa Herrera señala que un ciudadano podrá preguntar y conocer cuántas propiedades tiene un cargo público pero nunca dónde se encuentran esos inmuebles.

"Se trata de una información muy dinámica, de carácter muy activo, que hay que renovar constantemente y que hay que gestionar de manera muy sensata", advierte Herrera. Activa y proactiva, puesto que serán los propios ciudadanos onubenses los que determinarán a través de una consulta que el Ayuntamiento realizará probablemente cuando termine el verano qué información consideran de su interés y podrán también hacer sus preguntas concretas en un apartado de la web dispuesto para este fin. "Creo que vamos a abarcarlo prácticamente todo, pero habrá una sección para consultas, por si hay algo que se nos pueda escapar".

Y es que, primar el uso de las nuevas tecnologías por encima de los medios tradicionales es otro de los objetivos de la ley, que busca optimizar recursos aunque advierte que la administración está obligada a proporcionar la información en el formato que requiera el ciudadano. "Yo creo que los onubenses van a hacer buen uso de las nuevas tecnologías y creo que la plataforma va a satisfacer las necesidades de los ciudadanos", asegura la concejala, que también considera "altamente positivo adaptarnos a la ley y ser cada vez más transparentes, aunque no partimos de cero: antes hacíamos muchas cosas de forma voluntaria".