Revés de la Agencia Española de Protección de Datos (APD) a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (IIPP) por su descuido con cientos de ficheros con información confidencial -de antiguos reclusos- que estaban abandonados a su suerte en la vieja penitenciaría de Isla Chica. Considera la primera que la segunda ha infringido la ley de Protección de Datos y le impone una sanción grave que todavía está por determinarse pero que fluctúa entre los 60.100 euros y 300.500 euros para personas físicas (no queda tan claro cuando se trata de administraciones públicas), tal y como consta en la normativa oficial. Así figura en la resolución, un documento al que ha accedido Huelva Información y en el que se ofrecen los detalles de la investigación.

En el capítulo de hechos probados, la propia directora de la APD, Mar España, deja constancia de que las actuaciones se iniciaron de oficio cuando el periodista de Huelva Información Javier Ronchel destapó el asunto el 9 de febrero de este año.

Instituciones Penitenciarias abrió una investigación paralela. El 18 de febrero, la Policía Nacional acompañaba al inmueble a un arquitecto y un notario de la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios -titular del inmueble desde 2010- y al que fuera director de la penitenciaría.

Los agentes llenaron tres bolsas de basura con "documentos normalizados en blanco sin datos personales" e introdujeron en una caja decenas de papeles con información numérica correspondiente a recuentos, "pero sin datos personales", y un total de 252 fichas de reclusos "con datos personales, de las cuales 25 tienen fotografía". Entre el material incautado también figuraban listados de entradas y salidas y carnés identificativos utilizados por los internos dentro del presidio onubense.

Todo el papeleo intervenido fue entregado por la Policía al centro penitenciario de La Ribera el 19 de febrero. Los investigadores aportaron a la dirección el oficio y las fotografías de la documentación recuperada. Cuatro días más tarde, el 23, el secretario general de IIPP, Ángel Yuste, ordenó la apertura de un expediente de información reservada con la pretensión de analizar los hechos acaecidos y que todavía hoy permanece abierto, como se observa en la resolución de Protección de Datos.

Cuando Instituciones Penitenciarias analizó el material, refirió a las dos inspectoras de la Agencia encargadas del caso que en 1996 trasladó todos los expedientes de los presos de la antigua cárcel a la de La Ribera, que acababa de inaugurarse. "Los más antiguos eran de 1950", afirmaba la Secretaría General que dirige Yuste, a lo que apuntó que los ficheros más pretéritos se mandaron al Archivo Histórico de Huelva y que sólo quedaron en la penitenciaría de Isla Chica "documentación de trabajo rutinario, fichas, listados, etcétera", pero que ésta se acabó recepcionando en la prisión actual cuando en 2008 se clausuró definitivamente la vieja. La que no era relevante "se destruyó".

Las inspectoras de Protección de Datos entrevistaron además al exdirector del vetusto presidio y al que fuera jefe de mantenimiento del edificio. Estos manifestaron "rotundamente" que cuando fue clausurado "allí no quedó ningún documento". Preguntados por el motivo por el que los ficheros empapelaban el suelo de los pasillos de los locutorios a principios de este año, los dos responsables señalaron que "los documentos con datos personales que han aparecido corresponden a documentación de trabajo del propio centro y es muy antigua".

Pero no se quedaron ahí. Precisaron que en el penal se han celebrado, desde el cierre oficial hace ocho años", algunos actos conmemorativos y se ha rodado una película en su interior", concretamente La voz dormida, de Benito Zambrano. A todo sumaron que el personal de mantenimiento de La Ribera fue el encargado de limpiar y adaptar el centro para estos acontecimientos, "sin que en ningún caso se haya advertido la existencia de la documentación que posteriormente ha aparecido".

Con todos estos testimonios en la mano, la Agencia de Protección de Datos dictó el acuerdo de inicio de la declaración de infracción contra la Secretaría General de Instituciones penitenciarias, que una vez notificado dio lugar a las pertinentes alegaciones. El ente estatal manifestó en su defensa que, desde el momento en que tuvo conocimiento de que había aparecido dispersa por el suelo documentación del ultrajado penal onubense, la administración penitenciaria se ha personado "para adoptar las medidas reparatorias y cautelares" que fueron precisas.

Añade en este punto que "nadie se explica cómo han podido aparecer dichos documentos, dado que además de asegurar que toda la documentación fue retirada del antiguo centro, con posterioridad se ha realizado en el mismo algún acto público, previo al cual el centro fue limpiado; igual operación se ha realizado antes de que en el citado centro se rodara una película, verificando que en mismo no existía documentación alguna". Por todo, concluye que no ha incoado expediente de responsabilidad disciplinaria contra ningún funcionario porque no existe "ningún elemento que permita la imputación a título personal".

La Agencia de Protección de Datos entiende que Instituciones Penitenciarias sí ha incurrido en una vulneración del principio de seguridad de los datos, que ha tenido como consecuencia que estos -de carácter personal y confidencial- y "cuya custodia era responsabilidad de esa entidad, acabaran siendo recuperados por un tercero". Agrega que existe una "obligación que no se ha cumplido, existiendo una falta de negligencia".

No obstante, concluye que no requerirá a Instituciones Penitenciarias que adopte nuevas medidas de orden interno que impidan que en el futuro pueda producirse una nueva infracción" de la ley, al entender "el carácter puntual del hecho, la escasa entidad y antigüedad de la documentación recuperada, y que no se ha podido determinar ninguna responsabilidad personal en relación a los hechos".

La APD exime a la administración penitenciaria de la posible vulneración del secreto profesional por el que también la investigaba. Entiende la Agencia en este punto que para que se dé esta infracción se debe llegar a producir una divulgación de esos datos privados. "Aun cuando la entidad denunciada es responsable de la custodia de la documentación, la documentación recuperada pasó a ser custodiada por la Policía, por lo que no se puede considerar que fuera revelada a terceras personas". Hay que recordar en este punto que este diario accedió a los archivos y que también pudo hacerlo cualquiera que entrara o viviera en el edificio, de acceso libre y sin vigilancia.

La resolución de Protección de Datos ha sido remitida también al Defensor del Pueblo y con ella se pone fin a la vía administrativa. Ahora IIPP puede pasar a la acción y llevar el procedimiento a los tribunales, asunto éste que Huelva Información consultó al ente, sin obtener respuesta. Previamente podrá presentar un recurso ante la directora de la Agencia; pero, si lo prefiere, el organismo estatal podrá elevarlo a la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional.