El aeropuerto, pendiente de un informe del Ministerio de Defensa

En función de las restricciones del espacio aéreo y la interferencia con los corredores militares próximos (las bases de El Arenosillo en las inmediaciones de Mazagón y los puestos de Morón y Rota), el Ministerio de Defensa estudia la viabilidad de un aeropuerto en la provincia de Huelva.

En el plazo aproximado de un mes se emitirá un informe que puede ser determinante para los dos proyectos aeroportuarios admitidos a trámite por el Ministerio de Fomento, la iniciativa pública (promovida por la Diputación Provincial y la Cámara de Comercio, Industria y Navegación) y, en paralelo, el proyecto privado de la Sociedad Agrícola del Pintado SL.

El panorama que esboza en principio la carta aeronaútica de la zona de influencia, el Área Metropolitana de Huelva, define como zona más libre de servidumbres y condicionantes la práctica totalidad del municipio de Cartaya y las mitades meridionales de Gibraleón y Trigueros. Y es que, por un lado, se delimita un espacio aéreo restringido por cuestiones de protección ambiental en el Paraje Natural de Marismas del Odiel y, por otro, se define un espacio aéreo peligroso a partir de las franjas más septentrionales de Cartaya y Gibraleón, y buena parte de Trigueros.

Asimismo, otro importante condicionante es el corredor de uso militar en las proximidades de Mazagón, la base de lanzamiento para cohetes con sondas atmosféricas implantada desde los años sesenta en la zona de El Arenosillo.

Se definirá, pues, un perímetro en el que sea autorizable esta infraestructura, atendiendo a los condicionantes del espacio aéreo del entorno respecto al movimiento de aeronaves en la zona, el propósito de las operaciones que se lleven a cabo en las cercanías y el nivel de seguridad requerido.

La segunda criba redefinirá este perímetro seleccionando las localizaciones que presenten menor afección ambiental, tarea que incumbirá al Ministerio del ramo en otra instancia del procedimiento.

Premisas todas que influirán en la ubicación y, por ende, darán ventaja administrativa a uno de los dos promotores (a fecha de hoy ambos proyectos se encuentran en el mismo estadio de tramitación en la Secretaría General de Transportes, si bien la ministra Magdalena Álvarez ya ha mostrado su respaldo explícito a la iniciativa institucional). Por una parte, los herederos de José Mafe -propietario del aeródromo de Gibraleón- fijan la localización de esta infraestructura entre el municipio olontense y la capital. La Diputación todavía no ha revelado públicamente su apuesta en materia de emplazamiento, si bien extraoficialmente se han barajado dos opciones: una finca de Cartaya o unos terrenos entre esta localidad y Gibraleón.

La llave definitiva del proyecto del aeropuerto de Huelva está en estos momentos en la calificación de "interés general" por la que compiten ambas iniciativas, debiéndose ajustar para ello a los criterios de clasificación de aeropuertos civiles que contempla el Real Decreto 2858/1981. Como ya advirtió la Secretaría general de Transportes en la resolución de admisión a trámite, "una vez identificada la alternativa de emplazamiento que mejor se ajusta a las condiciones técnicas y medioambientales […] se remitirá el expediente a la Comisión Interministerial entre Defensa y Fomento para que proceda a evacuar el informe preceptivo previo a su calificación". En estos términos, con los informes favorables se procedería a autorizar la construcción y explotación de un aeropuerto en Huelva en virtud de la Ley de Seguridad Aérea.

Antes de llegar a este punto, ambos proyectos aeroportuarios remitieron en 2008 a Fomento toda la documentación relativa a su justificación, características, viabilidad económica; afecciones relativas al planeamiento sectorial, territorial y urbanístico; previsiones de financiación y, entre otras cuestiones, un informe de sostenibilidad ambiental.