La Fiscalía registra un aumento de causas por delitos urbanísticos

Las causas relacionadas con delitos urbanísticos y contra la ordenación del territorio aumentaron a lo largo del último ejercicio, que se cerró con 19 detenciones y otras 10 personas imputadas (sin arresto) por estos motivos a cargo de la Unidad de la Policía Nacional adscrita a la Junta, duplicando la cifra del año precedente (19 detenciones).

El fiscal de Medio Ambiente, Alfredo Flores, advierte un año más de la situación de la provincia por los cambios de uso de terrenos (de forestal a agrícola), investigaciones que se siguen en los juzgados de Moguer y por el aumento de las construcciones ilegales en distintas zonas de la provincia.

Entre las causas que se han iniciado durante 2008, en Aracena se abrió procedimiento después de que el mismo Ayuntamiento diera la voz de alerta por edificaciones no autorizadas (segundas residencias) en el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche.

En la larga lista de actuaciones en la materia, están además en los juzgados la construcción de una torreta de telefonía móvil también en el interior del parque, así como la construcción de una casa en Cortegana, para la que el propietario (e imputado) sólo había solicitado licencia para la apertura de un pozo y captación de aguas, obras que fueron paralizadas de forma cautelar a petición de la Fiscalía.

En los juzgados de Aracena se investigan igualmente otras obras en el término de Corteconcepción, con un informe condicionado del Parque Natural que los propietarios no han tenido en cuenta, así como otro caso en el que después de haber solicitado una licencia para construir una nave en suelo no urbanizable, el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil advirtió de la construcción de una vivienda unifamiliar (incluida piscina). Por su parte, en la Palma del Condado se han abierto diligencias por la construcción de un "chiringuito en la playa y en Moguer por la construcción de una balsa en Lucena del Puerto, en terrenos afectados por el Plan de Ordenación del Territorio del Ámbito de Doñana (Potad).

Las construcciones ilegales, según estos datos, no se han detectado únicamente en el Parque de Aracena y salpican ya a otras comarcas. Así, llegaron dos denuncias por estos motivos a los juzgados de Valverde. En la recta final del año, tanto el Ayuntamiento de Valverde como la entidad de Tharsis emitieron sendos informes alertando de construcciones de viviendas en suelo no urbanizable que no cuentan con licencia municipal.

Según el fiscal, "la rapidez" con la que los responsables municipales denunciaron estos casos, ha facilitado poder adoptar a tiempo medidas cautelares que han impedido que los promotores de las mismas pudieran concluir las edificaciones.

En cuanto al origen de las causas que se han tramitado por delitos urbanísticos y contra la ordenación del territorio, se iniciaron en gran parte por denuncias de la Fiscalía, que ha recibido informaciones tanto de particulares como de asociaciones, además de comunicaciones de algunos Ayuntamientos, punto que destaca el fiscal de Medio Ambiente, subrayando que estas comunicaciones ponen de manifiesto que los Consistorios empiezan a cumplir lo dispuesto en la legislación urbanística, en el sentido "de dar cuenta al fiscal de las conductas que revistan apariencia delictiva".

Moguer es ejemplo de ello. Aquí, un particular hizo llegar al Ministerio Fiscal supuestos irregularidades que podían constituir delito en la Urbanización El Vigía de Mazagón, expediente en el que la acusación pública recurrió el auto de archivo y solicitó diligencias e informes técnicos para investigar debidamente la denuncia.

La Fiscalía ha formulado acusación en cuatro casos por edificaciones no autorizadas (segundas residencias) dentro del Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche. En todos los casos, se solicitaron dos años de prisión y la demolición de lo construido, con restauración del terreno. Estas causas están pendientes de juicio, salvo un caso, en el que se dictó sentencia condenatoria sólo por el delito de desobediencia y ha sido la Fiscalía la que ha recurrido la absolución del imputado.

La unidad de la Policía Nacional adscrita a la Junta vigila especialmente a instancia de los juzgados y del Ministerio público, el cumplimiento de las medidas cautelares de paralización de este tipo obras.