Circular por las calles peatonales acarreará multas de hasta 600 euros

El Pleno del Ayuntamiento dio luz verde inicial esta semana al borrador de la Ordenanza Reguladora del Control de Acceso a Zonas Peatonales, que entrará en vigor a finales de año, una vez supere la criba de las alegaciones y esté operativo el sistema inteligente que blindará la isla peatonal con pilonas retráctiles (vigiladas por cámaras desde el centro de operaciones de Manuel Siurot). Un total de 33 calles y plazas del Centro se verán afectadas por una normativa que, en principio, lleva aparejadas sanciones de entre 60 y 600 euros.

Financiado por el fondo de inversión estatal con una partida de 364.936 euros, el proyecto de instalación de ocho bolardos automáticos "permitirá ampliar significativamente la zona peatonal manteniendo los accesos a los vehículos de residentes, servicios operativos y emergencias", explicó el concejal de Movilidad, José Luis Barragán. Se trata de potenciar un circuito comercial y turístico, cerrado al tráfico rodado y ampliado con la peatonalización de Miguel Redondo y San Francisco, la semipeatonalización de Gran Vía, la reciente incorporación de la calle Marina, Jesús Nazareno, Periodista Luca de Tena, José María Amo y la renovación del pavimento de las calles peatonales antiguas; todo con cargo al fondo de Inversión Local del Estado.

La concienciación ciudadana sobre el uso de las calles peatonales sigue siendo una asignatura pendiente en la ciudad, por lo que -como ya planteó un informe del Defensor del Onubense-, era necesaria una normativa que regularizara este ámbito, en el que el Ayuntamiento colocará en principio ocho "puntos de control", coincidentes con las confluencias de las calles Niña, Alfonso XII y Vázquez López con la Avenida de Italia; Hernán Cortés con Rascón; La Paz con Miguel Redondo; Daoiz con Paseo Santa Fe; Plus Ultra con Jesús Nazareno; y Miguel Redondo con Gran Vía.

En cada punto se instalará una pilona retráctil que podrán controlar los residentes mediante una tarjeta personal. Estas zonas serán vigiladas con cámaras por el centro de control de Tráfico para actuar ante cualquier incidencia.

Según se indica en el borrador de la ordenanza, los vehículos autorizados por el Consistorio a entrar en la zona restringida serán "aquellos que se estacionen por sus propietarios en cocheras o garajes con autorización municipal de vado sitos en tales vías". Las excepciones no contempladas en ese supuesto deberán contar con un informe favorable del área de Movilidad. Las solicitudes debidamente documentadas se resolverán en el plazo de un mes.

Para permitir el acceso a los sistemas de control previo pago de tasas se facilitará una tarjeta magnética o un dispositivo análogo -siempre intransferible-, acreditación que deberá estar en todo momento a disposición de la Policía Local o de la empresa que gestione el servicio.

Se considerará una infracción grave no notificar al Ayuntamiento el cambio de domicilio o vehículo del titular de una de estas tarjetas; utilizar un distintivo acreditativo para un vehículo distinto al autorizado o la comisión de tres faltas leves. Entran en dicha categoría las acciones y omisiones que vayan contra la ordenanza y que no se incluyan en el apartado de faltas graves o en el de las muy graves. Esta última consideración tendrán infracciones como la manipulación de los distintivos o la colaboración en su utilización fraudulenta; la negativa a presentar a la Policía Local, los Servicios Municipales o la empresa encargada del control la acreditación que autoriza el acceso; así como la comisión de tres faltas graves.

Las infracciones leves supondrá una multa de entre 60 y 150 euros, pudiendo llevar aparejada la suspensión del permiso para acceder a la zona peatonal hasta tres meses. En las faltas graves la sanción puede alcanzar los 300 euros y la suspensión un semestre; y en las de máxima gravedad hasta 600 euros de multa y 12 meses de suspensión o incluso la retirada definitiva de la autorización.