Los empleados públicos se manifiestan contra el decreto de reordenación

En Huelva como en el resto de las capitales andaluzas durante la mañana de ayer se manifestaron los empleados públicos para pedir la derogación del decreto ley de reordenación del sector público de la Junta de Andalucía. La movilización fue convocada por la Plataforma Empleados Públicos de Andalucía (PEPA) y apoyada por los sindicatos CSIF, Ustea y USO.

La manifestación transcurrió sin incidencias y con "un éxito rotundo a pesar de la lluvia, que no fue un impedimento para que todos los empleados públicos se lancen a la calle", según manifestaron fuentes sindicales. Estas mismas fuentes cifraron en unas 2.000 personas las que asistieron a la manifestación de ayer en la capital onubense.

La protesta comenzó con una pitada ante la Delegación Provincial del Gobierno andaluz en la calle Sanlúcar de Barrameda. De aquí los empleados públicos emprendieron una marcha por distintas calles del centro de la capital hasta llegar a la plaza de las Monjas donde se leyó un manifiesto. El recorrido de la manifestación se convirtió en una parodia sobre el entierro de la función pública. Un ataúd, que llevaron cuatro de los asistentes, abrió la marcha, seguido de una pancarta en contra de la gestión política de la administración andaluza. La manifestación hizo varias paradas, a modo de un minuto de silencio, durante el que pitos y bocinas enmudecieron para sentir la muerte de la función pública. Los sindicatos aseguran que ésta pasará a ser historia de seguir adelante el decreto 5/2010, que reordena la administración andaluza en "una operación infame" para crear "una paralela a través de empresas privadas", explicaron fuentes sindicales. Los manifestantes repartieron panfletos explicando la protesta y algunas recetas como pollo al Griñán, cuyos ingredientes fundamentales son la corbata y los chorizos frescos.

Durante una hora y media los empleados públicos onubenses estuvieron pitando por las calles peatonales de la capital antes de llegar a la plaza de las Monjas donde una funcionaria leyó un manifiesto conjunto de las fuerzas convocantes.

Estos colectivos lamentan que la Junta "vulnere los más elementales derechos fundamentales, quebrantando entre otros, el principio de igualdad en el acceso a la función pública" y tras reiterar que el decreto ley supone la "privatización" de la Junta, aseguraron que no están dispuestos a "dejar en manos privadas el patrimonio de todos los andaluces".

"Seguimos denunciando ante la opinión pública esa imposición 'a hurtadillas, cuyo único efecto positivo es el blanqueo de sus empresas públicas a costa de los derechos de los empleados públicos, opositores y ciudadanos receptores de los servicios públicos", aseguraron en el escrito.

A modo de resumen, el manifiesto rechazó la incorporación de 25.000 trabajadores externos a la administración sin haber pasado por los cauces legales como oposiciones o concursos; que se vendan bienes patrimoniales o se suscriban contratos de arrendamiento de 30-35 años a agencias. En Andalucía están en están situación 75 edificios, de los que 7 corresponden a Huelva. Y, por último, los funcionarios rechazan que las agencias vayan a controlar este año 31.000 millones de euros en la comunidad autónoma, de forma que esta cantidad "queda al margen de cualquier control".

El manifiesto se consensuó a nivel regional por CSIF-A, Ustea, SAT, las asociaciones y plataformas Plataforma del Agua de Sevilla, Asociación de Opositores y Nuevos Funcionarios de la Junta de Andalucía, Asociación de Agentes de Medio Ambiente de Andalucía, Asociación en Defensa del Servicio Público, El Tercer Lado, Plataforma de Torretriana y Plataforma de Igualdad, entre otros.

En Huelva participaron en la manifestación algunos de los representantes de los partidos políticos de la oposición como Partido Popular y Partido Andalucista.

Ayer se convocaron manifestaciones en todas las capitales andaluzas, excepto Córdoba, donde se celebró el pasado jueves "con una presencia multitudinaria de empleados públicos, más de 5.000", según los convocantes.

La portavoz de la plataforma de Empleados Públicos de Andalucía, Auxiliadora Onorato, denunció que "se está vaciando de competencias las administraciones".

1,5