El Consistorio frena los vertidos del proyecto Poseidón en Matalascañas

El Ayuntamiento de Almonte ha ordenado la paralización de los vertidos que la empresa Retraoil SL, operaria de Repsol, realizaba al alcantarillado público de Matalascañas desde hace casi un año y que procedían de la producción de los pozos de gas que la petrolera explota bajo el nombre de proyecto Poseidón.

La decisión municipal se produce después de que los vecinos de la playa alertaran en varias ocasiones del fuerte olor a hidrocarburo que emanaba de las continuas descargas, de las denuncias de la organización ecologista WWF y de la constatación de las altas concentraciones de salinidad que se estaban añadiendo a la red y a la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Matalascañas que controla la empresa Aqualia y que vierte directamente a la línea de litoral del Parque Nacional de Doñana.

La actuación municipal ha sido puesta en conocimiento del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, que ha enviado muestras a laboratorio para estudiar las concentraciones de hidrocarburo que se han detectado en el alcantarillado de la playa. Los vertidos, tras recorrer la zona, iban a parar a la EDAR de Matalascañas, que presenta un mal estado de funcionamiento y requiere una actuación de urgencia.

La orden de paralización de los vertidos se cursó por escrito el pasado lunes, aunque cinco días antes el mismo Ayuntamiento, que había firmado un convenio con la empresa autorizándole las operaciones en la red de alcantarillado, informó al Seprona que "el 29 de diciembre de 2011" ya había comunicado a Retraoil que "detuviera de forma inmediata los vertidos, dado que se habían recibido unos informes que indicaban la presencia de unos niveles de conductividad (nivel de salinidad en el agua) por encima del máximo tolerado por la EDAR de Matalascañas".

Según el Ayuntamiento, "a primeros de 2012 mantuvo una reunión con Retraoil SL y Aqualia en la que acordó la continuación de los vertidos por el tiempo necesario para que la entidad estableciera otro punto de vertido, siempre que no hubiera problemas de conductividad añadidos". El plazo acaba hoy, aunque el lunes se retiró bruscamente la autorización, que deja a Repsol sin un lugar adecuado para verter miles de metros cúbicos de lo que la compañía petrolífera denomina "agua salina".

Ante el problema que se le presentaba a Repsol, que podía incluso llegar a paralizar la explotación de Poseidón, la compañía pidió a la Delegación Provincial de Medio Ambiente autorización administrativa para proceder al vertido a la red pública de alcantarillado de Moguer.

La compañía asegura que el vertido se puede calificar como "aguas de naturaleza físico-química asimilable a aguas marinas profundas" y establece un volumen de vertido futuro de 292.000 metros cúbicos al año.

Fuentes de la petrolera aseguraron que se trata de un vertido "completamente inocuo, sólo agua marina salina" que tiene su origen en el agotamiento de los pozos al bajar la concentración de gas y subir la aparición de agua de mar.

La compañía reconoció que por el vertido de cada metro cúbico de líquido de estas características se paga 1,1 euro, por lo que el coste del vertido anunciado en su petición rozaría los 300.000 euros, que irían a parar a la empresa gestora de la depuradora elegida como alternativa y a las arcas municipales del municipio.

Ante la urgente necesidad de buscar una alternativa a la prohibición de continuar con los vertidos en la playa almonteña, Repsol ultima transportar los residuos líquidos hasta un lugar menos sensible ambientalmente que la zona donde lleva vertiendo más de un año, el área litoral de Doñana, y donde ya han comenzado a alzarse voces contrarias al depósito de sus residuos procedentes del proyecto Poseidón.

Las críticas no son sólo vecinales y por malos olores a hidrocarburos, sino que desde la organización ecologistas WWF se preguntan si puede haber afección del acuífero 27 que nutre al Parque Nacional al aumentar la extracción de agua del proyecto Poseidón, ubicado en Mazagón, en pleno entorno de la Reserva de la Biosfera y zonas agrícolas.

El portavoz del Ayuntamiento de Almonte, José Joaquín de la Torre, explicó ayer a este periódico que cuando el actual Gobierno cogió las riendas del Consistorio el pasado 12 de junio de 2011 se encontró con que el vertido salino ya se estaba realizando a la red de alcantarillado público de Matalascañas. Y señaló que "el Ayuntamiento no ha tenido constancia de que Repsol o Retraoil haya pagado un impuesto o tasa anterior por verter en Matalascañas y tampoco que existiera acuerdo alguno para realizar esas operaciones", que por añadidura iban a parar a la estación depuradora y luego a la costa almonteña.

De la Torre dijo que a partir de esa fecha, Aqualia ha cobrado 125.000 euros por permitir el vertido de "agua con altas concentraciones de salinidad", pero dentro de parámetros normales.

Según señaló el concejal popular, la intención municipal era reinvertir ese dinero en la EDAR de Matalascañas, que se encuentra en una situación deficiente, para mejorarla, pero "ante el incremento de salinidad hemos tomado la decisión de prohibir las descargas a la red de alcantarillado porque dañaría las instalaciones de depuración" al no tener ni capacidad ni caudal suficiente.

Los vecinos consultados comenzaron a mostrar su preocupación por los vertidos en mayo de 2011, cuando observaron el trasiego de camiones cisterna desde la zona de Poseidón en Mazagón hasta Matalascañas.

La explicación que ha dado la compañía al uso de la red de alcantarillado es que el líquido necesita diluirse con vertidos comunes, incluidos aguas fecales, para que baje la concentración salina y de ahí el uso del alcantarillado público.

Desde la organización WWF se ha preguntado al Ayuntamiento de Almonte si cuenta con informes técnicos que garanticen la inocuidad del vertido y le han exigido los resultados para comprobar si están limpios de nitratos o hidrocarburos. También le han consultado si durante el tiempo que han durado los vertidos, éstos han podido dañar la EDAR de Matalascañas.

Los vecinos y WWF han vigilado la llegada de camiones a la zona de descarga, junto al Gran Hotel del Coto, en la misma linde con el Parque de Doñana, y apuntan que han llegado casi a diario entre las 08:00 y las 12:30 de la mañana, e incluso han preparado un amplio dossier fotográfico sobre su actividad.

Según la información facilitada y la documentación gráfica que también maneja la Guardia Civil, los camiones pertenecen a la empresa de transportes y servicios Iñaki Santander. Incluso aportan la matrícula de los mismos.