La defensa de Ramallo recurre su auto procesal ante la Audiencia
En los próximos días, la acusación particular y la Fiscalía impugnarán la apelación
El abogado de Genaro Ramallo, el profesor de Matemáticas boliviano al que la jueza del Mixto 1 de Aracena imputa la comisión de dos delitos de asesinato -los de su pareja sentimental, Mari Carmen Espejo, y el hijo de ambos, Antonio Ramallo Espejo- en Almonaster en 1993, ha presentado un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Huelva contra el auto de procesamiento judicial en el que la instructora del caso argumenta que ve "indicios racionales más que suficientes" contra él.
Según ha podido saber este diario, la defensa de Ramallo llevó a cabo esta acción la pasada semana, si bien todavía la acusación particular no ha recibido notificación oficial al respecto. Una vez lo haga, y tal y como explicó ayer a este rotativo el letrado de la familia Bárcenas-Espejo, Mariano de Alba, "dispondremos de cinco días naturales tanto la Fiscalía como nosotros para impugnar el recurso y entonces, tanto el fiscal como yo elevaremos el expediente a la Audiencia Provincial". De Alba indicó que la estrategia de la defensa de Genaro Ramallo "es la lógica, nos lo esperábamos".
Una vez las partes reciban la notificación (será inminente), harán llegar a la Audiencia las impugnaciones y sus argumentos. La sección en la que recaiga el asunto deberá señalar la fecha para la celebración de una vista, hecho que "no se demorará en exceso", teniendo en cuenta que las causas con preso tienen preferencia sobre las demás. De Alba calcula que la vistilla en la que los magistrados decidirán si revocan o mantienen el auto procesal contra Ramallo se celebrará a principios del mes de junio.
El abogado defensor del imputado por el doble crimen de Almonaster, Álvaro Aznar, ya recurrió el auto ante la jueza del nº 1 de Aracena a mediados de mayo, alegando que no existen pruebas contra él y pidiéndole que considerara nulo el registro policial de la finca de Calabazares (Almonaster) que desembocó en el descubrimiento de los cadáveres de madre e hijo, que yacían decapitados y sepultados por toneladas de tierra y piedras en un pozo del terreno, propiedad del imputado. La instructora desestimó el recurso de reforma.
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