Los ecologistas unen fuerzas para frenar el proyecto gasista en Doñana

Una sola voz y de la mano. Así van a afrontar las principales organizaciones ecologistas del país su labor de oposición al proyecto que Petroleum Oil & Gas, filial de Gas Natural Fenosa, promueve en el Espacio Natural de Doñana para permitirle continuar extrayendo los recursos que aun dormita en el subsuelo de la zona, así como su posterior utilización como almacén.

Con este objetivo WWF, Seo Birdlife, Greenpeace, Ecologistas en Acción y Amigos de la Tierra han solicitado al presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, una reunión a fin de exponerle de primera mano los riesgos medioambientales que a su juicio entraña la actividad industrial. Con este mismo objetivo ayer mantuvieron una reunión al más alto nivel con el grupo de Izquierda Unidad y su líder Diego Valderas, también vicepresidente de la Junta, que mostró su frontal oposición a la iniciativa industrial.

En la misiva, suscrita por los máximos dirigentes de las respectivas entidades ecologistas, solicitan la denegación de los cuatro proyectos de extracción y almacenamiento de gas, dos de los cuales se adentran en la zona Red Natura 2000 y la IBA Marismas del Guadalquivir. Consideran las ONG que el proyecto es "inaceptable e incompatible con la conservación de Doñana", poniendo el acento en los "graves impactos que podrían en peligro la naturaleza de este excepcional espacio". Además de ello, el G5 considera que el respaldo de las instituciones del Estado y la Junta pone "en riesgo la credibilidad internacional".

En base a ello, criticaron que con el respaldo del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente a las tres Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) se "margina una vez más los intereses medioambientales" en favor de los empresariales, poniendo en jaque "una de las mayores riquezas naturales del patrimonio europeo". Indicaron además que, de desbloquearse todos los eslabones burocráticos, la empresa "podría explotar el terreno con total impunidad, con un alto riesgo de contaminación del subsuelo, acuíferos, pérdida de biodiversidad, en muchos casos de especies amenazadas, así como múltiples impactos imposibles de cuantificar en estos momentos".

En concreto, recuerdan que la actividad gasista implica la necesidad de construcción de nuevos pozos de extracción y un gasoducto de interconexión de 18.169 metros longitudinales que conectará los parajes de Saladillo y Rincón, zonas ambas de dominio público forestal y que se engancharán con el de Enagás, que alcanza la provincia de Sevilla.

Para estas organizaciones, ello afectaría directamente a la Zona de Especial Protección (ZEPA) de Doñana y al Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) de Doñana Norte y Oeste". En este sentido destacaron que, a pesar de los títulos de espacio protegido y ampliarse recientemente las fronteras de la Reserva de la Biosfera, en su entorno se "acumulan desde hace años diversos puntos de extracción de gas". No en vano, la filial de Gas Natural lleva cerca de tres décadas con la actividad gasista en los parajes de Marismas A, B-1 y C-2, en los que ha extraído 13.000 Gwh, el equivalente al consumo de toda Andalucía durante siete años.

El líder de Ecologistas en Acción en Huelva, Juan Romero, volvió a poner en primer plano los elementos jurídicos que "tumban" la iniciativa empresarial y la construcción del gasoducto. Invoca para ello el Plan de ordenación de Recursos Naturales del Parque Natural de Doñana (PORN) que "cierra las puertas" a cualquier iniciativa que no esté vinculada a actividades de uso público, educación medioambiental, la conservación o gestión del espacio natural protegido.

Romero también se mostró enormemente critico con el modelo de tramitación de la DIA, ya que los proyectos se realizaron de forma fragmentada, no como un conjunto de actuaciones que forman parte de un macro proyecto, lo que a efectos prácticos "multiplica las afecciones" sobre la fauna y la flora.

Por último, la entidad conservacionista recalcó que Europa ha invertido en Doñana, desde 1992, "un total 150 millones de euros para conservar el territorio, no para que en él se desarrollen actividades energéticas que no son compatibles con el medio ambiente".

Aunque la entidad mercantil se ha apuntado un importante tanto con el fallo favorable de las tres DIA que atañe a su actividad en los parajes de Aznalcázar, Marismas Oriental y del Saladillo, la Junta aún ha de otorgar la autorización ambiental unificada, mientras que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo le resta por expedir la autorización administrativa.

Aunque durante todo el trámite burocrático Partido Popular y PSOE han ido de la mano, IU (que no presentó alegaciones en su día) ha dicho que su oposición al proyecto de hidrocarburos es "inamovible".