El alcalde se declara inocente de los delitos de prevaricación y construcción ilegal

El alcalde de Los Marines, el socialista José Ramón Rodríguez Velo, juzgado ayer por un delito contra la ordenación del territorio y otro de prevaricación tras, supuestamente, edificarse ilegalmente una vivienda en suelo protegido enclavado en el Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, se declaró inocente de los hechos que se le imputan, alegando que construyó una casa de aperos y una alberca para el riego de la finca, y no un chalé y una piscina, tal y como sostienen el Ministerio Fiscal y la Guardia Civil.

Durante la vista oral celebrada en el juzgado de lo Penal número 3, el regidor municipal aseguró que para esta construcción contó con todos los permisos y también con los del propio parque natural y de los organismos competentes. A su vez, los otros dos imputados, el teniente de alcalde, Benjamín Aranda, y una arquitecta municipal, a los que se acusa de un delito de prevaricación, también defendieron su inocencia.

Asimismo, el alcalde resaltó el hecho de que él mismo decidió inhibirse en este asunto y abstenerse de firmar cualquiera de los permisos relacionados con esta actuación, si bien se constató en el plenario que el de la construcción del carril de acceso a la finca sí que lleva su rúbrica.

Rodríguez defendió que para la construcción contó con los permisos del parque y de los organismos competentes y que ésta se limitó a una alberca para riego y una caseta de aperos. Ello a pesar de que en fotografías mostradas por agentes del Seprona de la Guardia Civil (y en las que se publican en la página de este diario) se observa que la supuesta caseta de aperos tiene dos plantas, dormitorios e incluso una cocina americana, además de una piscina "con paredes de cerámica, escalerillas y elementos de flotación para pastillas de cloro".

La defensa del alcalde y de los otros dos acusado solicitó al magistrado la impugnación del escrito de acusación de la Fiscalía al considerar que el delito contra la ordenación del territorio ha prescrito, al ser su vigencia de tres años y remontarse la construcción a 2006.

Sin embargo, el Ministerio Fiscal rebatió este supuesto, al entender que el delito mayor es el de prevaricación, cuya vigencia es de diez años, por lo que no habría prescrito y arrastraría el de ordenación contra el territorio. No obstante, el titular del Penal 3 ha decidido resolver esta cuestión cuando dicte sentencia.

La Fiscalía solicita cuatro años de prisión, nueve de inhabilitación y una multa de 4.800 euros para el alcalde, dos años de cárcel y nueve de inhabilitación para el teniente de alcalde, y otros nueve de inhabilitación y una multa de 4.800 euros para la arquitecto municipal como cooperadora.

En el escrito de la acusación pública se señala que el alcalde de Los Marines llevó a cabo, en calidad de promotor, la construcción de una vivienda de 75 metros cuadrados, con tejado a dos aguas, sótano y porche de 19 metros en la finca de su propiedad sita en el paraje del Agua en la localidad. Esta edificación se encuentra situada en suelo no urbanizable de especial protección por estar enclavada dentro del Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, por lo que Rodríguez solicitó en 2005 la autorización de la Dirección del Parque Natural, dependiente de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, para caseta de aperos de 40 metros cuadrados y 3,5 metros de altura en una sola planta, condicionada, y exclusivamente para la construcción de la caseta de aperos con esas dimensiones y finalidad.

La licencia municipal de obras, dado que el solicitante era el alcalde, fue concedida en julio de 2006 en los mismos términos que la autorización del Parque, por el teniente de alcalde, también acusado, siendo plenamente consciente que la intención del alcalde como promotor "era contar con una segunda vivienda incompatible con la normativa urbanística y con la autorización condicionada del Parque Natural".

El fiscal considera que las obras principales en la vivienda, terminadas a finales de 2006, "no han respetado las autorizaciones concedidas". En 2011, el Seprona de la Guardia Civil constató además que en la finca se estaban realizando obras en un muro lindero y que el terreno dispone de un pozo y un sistema de riego para abastecer a la pequeña huerta destinada al autoconsumo. Para todo ello Rodríguez también carece "de autorización".