Habla el pueblo del agua

Los vecinos de Galaroza tienen jornada electoral el mes que viene. El domingo 23 de marzo no será un día cualquiera para el municipio. Celebrará una consulta popular, la primera en la provincia de Huelva con carácter local y una de las pocas que se han convocado en España en los últimos años. El motivo: pronunciarse sobre la gestión del agua y su vinculación con la empresa pública Giahsa, dependiente de la Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva (MAS). No podía ser otro el tema en la localidad probablemente con mayor vinculación al agua de todo el territorio onubense.

En las calles de Galaroza se aprecia bien la importancia del agua sin necesidad de exponerse a ser empapado por los búcaros y cubos en septiembre. Calles empedradas marcadas por las regolas, fuentes públicas centenarias en distintos puntos del municipio, y un entorno privilegiado en el que las reservas son evidentes, en la superficie y en el subsuelo. "El agua es todo aquí", explican los vecinos. "Tenemos de sobra. Llega por su propio peso y siempre hemos podido prestarle a otros pueblos".

La inherencia del agua y Galaroza marca el carácter y la sensibilidad de sus vecinos, los cachoneros. Algo más secundario en otros municipios como la gestión del agua, aquí es cuestión de Estado. Vital como recurso público y, más aún, como seña de identidad y razón de ser de todo un pueblo. Por eso que el servicio dependa de una empresa externa o del propio Ayuntamiento trasciende la esfera política. Se habla, se opina y se discute en la calle. Falta mucho para el 6 de septiembre, día para mayor gloria del agua en Galaroza con la fiesta de Los Jarritos. Hasta entonces, la celebración tendrá un anticipo el 23 de marzo, con otro tipo de manifestación popular alrededor de su más preciado bien.

El resultado que salga de la consulta no será vinculante. El Ayuntamiento no estará obligado a cumplir el deseo de sus vecinos. Pero la cuestión está muy presente entre todos ellos. Tanto como para que la iniciativa popular haya logrado una excepcional votación. Y como para que los tres partidos políticos con presencia en la Corporación hayan definido sus posiciones y estén jugando sus cartas.

El alcalde, Antonio Sosa, tiene clara su postura. Como parte del grupo no adscrito, junto al PSOE, aprobó en la anterior legislatura la entrada en MAS y la cesión de la gestión del agua y los residuos a Giahsa. Más reciente, ya como alcalde socialista, se valió de su voto de calidad para deshacer un empate en el Pleno y dar luz verde desde el municipio al préstamo que da viabilidad a la empresa pública.

"Entiendo que haya descontento entre los vecinos. Hay cosas objetivas que no podemos negar, como la subida en la factura. Y también que la atención que se ha prestado a éste y otros municipios de la Sierra no ha sido la deseada tiempo atrás", reconoce Sosa. "Pero hay que tener en cuenta que el aumento de los costes tiene una razón y no debe tomarse a la ligera. Ahora -justifica- hay conceptos reflejados que no constaban antes, como el servicio de residuos sólidos e impuestos estatales y autonómicos, más la reciente subida del IVA".

La calidad del servicio, recuerda, ya fue motivo de protesta de los alcaldes serranos hace tiempo, cuando se unieron para reclamar una prestación más acorde con las características de la comarca.

"Desde Giahsa se entendieron nuestras demandas y hubo un compromiso para mejorar el servicio en la zona, que ya ha empezado a materializarse desde el 1 de enero pasado. Se está trabajando en este sentido y ya hay pasos dados, como la creación de oficinas en la Sierra para dar una atención más cercana a los vecinos. Sólo es cuestión de dejar trabajar y que se vean aplicados aquí los resultados de la reorganización de Giahsa", explica el regidor.

La otra cara de la moneda la muestra el partido Ciudadanos Independientes por Galaroza (CIG), que subraya el factor que más pesa entre los vecinos: "La gestión del agua se ha encarecido brutalmente. En algunos casos se multiplica hasta por cuatro", señala su portavoz municipal, Pedro García. "Se podría pagar más de lo que se hacía antes -añade- porque es verdad que no se correspondía con el servicio prestado, pero otra cosa es que se pague a una empresa ajena. Se ha perdido el dinero que recaudaba el propio Ayuntamiento por este concepto, que era mucho más de lo que se recibe actualmente".

García aclara que la postura que mantienen "no va en contra de Giahsa como empresa pública, sólo defendemos que sea el Ayuntamiento". E insiste en su objetivo: "Pedimos la municipalización y no la adjudicación a una empresa privada, porque eso sería ir en contra también de nuestros intereses". No obstante también deja caer que en tres apartados que considera claves ("basura, controles sanitarios y mantenimiento"), "a lo mejor habría que contratar a una empresa externa para ello; pero -matiza- siempre del pueblo".

Lo ocurrido en Corteconcepción surge como un modelo a seguir. El gobierno de Ana Eiriz (IU) aprobó su salida de Giahsa y puso en marcha una empresa pública municipal, Línea Verde, que se encarga de la gestión del agua y de la recogida de residuos. "Allí lo están haciendo muy bien y generan mucho dinero que se queda en el municipio", señala Pedro García, aunque reconoce que "primero tendríamos que realizar un estudio económico de cómo sería la gestión del Ayuntamiento".

CIG abandera la recuperación de la gestión municipal del agua desde que en junio de 2012 llevara una moción en este sentido al Pleno. La mayoría socialista tumbó la propuesta, que resurgió en forma de iniciativa popular un mes después, con la Plataforma Cachonera contra Giahsa y una recogida de 495 firmas (bastaban algo más de 60) para la petición de un referéndum. La Corporación al completo la aprobó el 26 de noviembre de 2012.

"No entendemos por qué nos la denegaron a nosotros y sí accedieron luego", se pregunta Pedro García. El alcalde responde: "Era una propuesta de los vecinos y tenía que salir adelante. Pero llegar al final no significa que nos lavemos las manos y se paralice la gestión".

Antonio Sosa, de hecho, no sabe qué consecuencias tendrá. Recuerda que la consulta no es vinculante pero "estará ahí". "No me atrevería a decir qué va a pasar después. Hay muchas cuestiones". Entre otras, el coste que supondría la ruptura unilateral de la vinculación con Giahsa, que el regidor reconoce pero sin revelar cifras. "Todos los contratos se pueden romper. Contrataríamos un gabinete jurídico para que nos asesorara", apunta también, sin más detalles, el portavoz de CIG. Para ello, el resultado tendría que ser favorable "con una mayoría clara, de entre el 55 y el 60%, dependiendo de la abstención", según García. "Pero con una participación superior al 50% nos daríamos por satisfechos".

Entre los vecinos, la sensación de que la consulta llega tarde y que no servirá para nada. "Al final harán ellos lo que les de la gana", dicen, "aunque por lo menos nos van a escuchar".

Todos opinan, dan argumentos, mayoritariamente en un sentido, pero siempre se repiten las mismas expresiones: "Nos han dicho", "parece que", "dicen". "Nos falta más información", aseguran otros, a pesar de tener definida su posición. La subida del importe en la factura tiene un rechazo generalizado pero quieren saber más, al margen de la postura política en uno y otro sentido. Por eso aguardan con expectación cada movimiento, "aunque aquí todo el mundo se queja en los bares y después no se mueve", se quejan.

En cualquier caso, los cachoneros tienen una oportunidad única, como no tuvieron otros en la provincia en temas más controvertidos. El domingo 23 de marzo ellos hablarán directamente con su voto en las urnas. Más que nunca, el pueblo tiene ahora la última palabra. Al menos, de momento.