Inhabilitados 4 agentes forestales por omisión del deber de perseguir delitos

La Sección Tercera de la Audiencia de Huelva ha condenado a la inhabilitación especial para el empleo o cargo público a cuatro agentes de Medio Ambiente por omisión del deber de perseguir y denunciar delitos en las zonas de Moguer y Palos de la Frontera, y ha absuelto a seis agricultores -uno ya fallecido- dueños de fincas, que habían sido acusados de un delito continuado de cohecho por supuestas peticiones de favores a estos agentes a cambio de ofrecimientos.

Según reza en la sentencia, el tribunal ha absuelto a su vez a estos funcionarios de los delitos de cohecho, pero no de la omisión del deber de denunciar delitos, condenando a un año de inhabilitación a uno de ellos, R.P.P., y a seis meses a los otros tres.

Los hechos se remontan a 2005, cuando, según el escrito de la Fiscalía, estos funcionarios, con distintas categorías laborales dentro del Cuerpo de Agentes de Medio Ambiente, prestaban sus servicios en la Unidad Biogeográfica número dos de la zona de Moguer y Palos de la Frontera -desde septiembre de 2007 en la denominada Unidad Biogeográfica Costa y Espacios Litorales-, "se concertaron entre sí para, con grave incumplimiento de sus deberes y funciones públicas, obtener beneficios de toda índole".

Sin embargo, el tribunal sólo considera probado la omisión del deber de perseguir y denunciar delitos, al pasar por alto los agentes ciertas irregularidades que contemplaron, pero no el cohecho al entender que no ha quedado acreditado que éstos cobraran ciertas cantidades en metálico ni prebendas por ello por parte de los agricultores.

El tribunal señala que el agente R.P.P. adecuó el servicio encargado a estos funcionarios tras el nuevo Plan de Ordenación del Territorio en el Ámbito de Doñana (Potad), para que algunos propietarios "tuvieran menos riesgos de ser denunciados por cambios de uso, construcciones ilegales y vertidos", cambiando horarios de algunos agentes y haciendo que la supervisión de algunas zonas se hiciera bajo su control.

A su vez, remarca que durante el proceso se evitaron denuncias tolerándose tanto la ampliación de superficie cultivable como otras ocupaciones de monte público o construcciones sin licencia y otras prácticas ilegales.

Considera probado que este agente favoreció a determinados empresarios para que no se denunciaran diversas infracciones incumpliendo sus obligaciones, lo que pudo realizar gracias al apoyo de los otros tres funcionarios condenados.

El principal inculpado, R.P.P., mostró ayer a Huelva Información su disconformidad con la sentencia -que todavía no obra en su poder-, defendió su inocencia y recalcó que su defensa, una vez tenga la resolución en su poder, estudiará las distintas opciones, entre ellas la de recurrir el fallo del tribunal.

Durante el juicio celebrado el pasado mes de noviembre, el Ministerio Fiscal rebajó las penas a los acusados, dejando en dos años la petición de pena máxima de prisión para algunos de estos agentes más la inhabilitación contemplando la atenuante de dilaciones indebidas, ya que transcurrieron cinco años desde el inicio de la instrucción hasta la celebración del plenario.