La Cámara de Cuentas alerta del desfase entre gastos de personal y el número de empleados

Los alcaldes de Aracena y Galaroza se llevan en sueldos 50.000 de los 260.000 euros del presupuesto

Entrada principal de la sede de la Mancomunidad Ribera del Huelva.
Entrada principal de la sede de la Mancomunidad Ribera del Huelva.
S.p-Efe Huelva

04 de julio 2014 - 05:01

La Cámara de Cuentas de Andalucía alerta de que hay mancomunidades que presentan gastos de personal "proporcionalmente muy superiores al número de empleados o que tienen saldo en dicha cuenta, pero no prestan servicios", y apunta a las mancomunidades Ribera de Huelva, el Aljarafe y Sierra de las Nieves.

Lo hace en un informe de fiscalización en el que señala que mancomunidades de Andalucía acumulaban una deuda a diciembre del 2011 por importe de 143,8 millones de euros, de los que los municipios asociados a las mismas les adeudaban 96,9 millones.

Del total de esa deuda, la mayor parte, 90 millones, correspondía a los proveedores, 2,8 millones con las entidades financieras y 24,5 millones con las administraciones públicas.

El desarrollo del último Pleno de la Mancomunidad Ribera de Huelva, en el que se aprobaron los presupuestos con la presencia de sólo cinco de los doce alcaldes de los pueblos miembros, abrió una nueva polémica en la vida política provincial.

Sobre todo porque trascendió que Manuel Guerra y Antonio Sosa, alcaldes de los dos pueblos que hicieron valer el mayor peso en votos de sus municipios (Aracena y Galaroza) perciben un total de 50.000 de los 260.000 euros de las cuentas que aprobadas.

La Cámara de Cuentas de Andalucía también detecta una falta de cumplimiento de los plazos de pago de los ayuntamientos a las mancomunidades y concluye que, si éstos cumplieran con sus obligaciones de pago respecto a las mancomunidades de las que forman parte, 27 de ellas no "sólo saldarían sus deudas sino que tendrían superávit".

También llama la atención sobre la deudas de las mancomunidades con las concesionarias, sobre todo en el ciclo integral de residuos sólidos urbanos, y que coloca en una situación privilegiada a estas empresas respecto a la administración, que les adeuda mucho dinero y encarecen los servicios con los intereses de la deuda y por los anticipos que hacen a las entidades locales, que se convierten en fuente de financiación al margen de la deuda financiera.

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