El TSJA condena al Ayuntamiento a pagar 1,6 millones por una expropiación

El Ayuntamiento de Cartaya deberá pagar 1,6 millones de euros por la expropiación de una finca situada en La Barranca, en El Rompido. Así lo determina la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), cuya sentencia desestima el recurso presentado por el Consistorio cartayero.

La junta de gobierno local aprobó en 2008 la expropiación de la finca E-14 La Barranca de El Rompido con una superficie de 2.455 metros cuadrados, propiedad de un matrimonio. Pasado un tiempo, en agosto de 2011, éstos presentaron un escrito por el que se instaba el inicio del expediente expropiatorio de la parcela, puntualizando que de no recibir contestación en seis meses entenderían iniciado el procedimiento. En 2013 la Comisión Provincial de Valores fijó el justiprecio en 961.957 euros.

Desde entonces se han sucedido los recursos por las partes en litigio sobre el justiprecio y el procedimiento en general, que han desembocado en la sentencia del TSJA. Por un lado, la pretensión del Ayuntamiento ha sido declarar nulo el proceso de expropiación y rebajar la cifra solicitada por los propietarios de la finca. La sentencia atiende en parte cada una de las peticiones. Por un lado valida el procedimiento y por otro reduce la cuantía.

El tribunal entiende que a lo largo de estos años, los propietarios por "razón de la calificación y por la inactividad de la administración actuante" han visto impedido su derecho a materializar el aprovechamiento que les corresponde según el planeamiento y entiende "iniciado el procedimiento expropiatorio por Ministerio de la Ley".

El TSJA desestima el argumento esgrimido por el Consistorio de la falta de una partida presupuestaria para acometer la expropiación y el pago del justiprecio, por entender que no se trata de un acuerdo entre ambas partes y que la inacción del Consistorio no puede prolongar por más tiempo la situación que impide a los propietarios materializar el aprovechamiento que les corresponde o recibir su equivalente en dinero.

También desestima otros argumentos del Ayuntamiento para demandar la nulidad del procedimiento relativos al deslinde de dominio público marítimo terrestre, donde se asienta la parcela, a la modificación del Plan General de Ordenación Urbana del municipio y sobre las alegaciones que presentó la Corporación local acerca de la improcedencia de expediente de valoración. La sentencia condena finalmente a la Comisión Provincial de Valoraciones y al Consistorio a pagar 1.603.262 euros, además de las costas y los intereses legales.

El Ayuntamiento de Cartaya ha aclarado que "se trata de una sentencia que se enmarca en un procedimiento seguido contra la Comisión Provincial de Valoraciones de Huelva, por el que se insta al Consistorio a pagar una cantidad por justiprecio como consecuencia de una expropiación instada por la propiedad y prevista en la ley como Expropiación por Ministerio de Ley".

El equipo de Gobierno señaló que "forma parte de un proceso expropiatorio en el que se determina judicialmente la cantidad del justiprecio por la falta de acuerdo de las partes para determinarlo, y que desestima parte de las pretensiones de la propiedad, que pedía 3,4 millones de euros, y del Ayuntamiento, que no es partidario de la expropiación, debido a que la situación actual de las arcas municipales no tienen nada que ver con los tiempos de bonanza en los que se inició el proceso".

El equipo de Gobierno recuerda, en este sentido, que "es un proceso expropiatorio que comenzó el que gestionaba el Consistorio en 2008, y que se trata de un expediente heredado que desde el Ayuntamiento estamos peleando en los tribunales con el objetivo de rebajar a lo mínimo las cantidades desorbitadas que solicitaba desde un principio la propiedad".

La sentencia, añade el equipo de Gobierno, "la rebaja a la mitad, pero no es una sentencia firme, el procedimiento no ha acabado, el Ayuntamiento ha presentado un recurso de casación ante el Tribunal Supremo y va a pelear hasta el último céntimo de los ciudadanos".