La mitad de los quioscos de playa tendrá que reubicarse
El Consejo Empresarial muestra su preocupación ante la fecha final de 2012
La aplicación de la Ley de Costas obligará a más del 50 por ciento de los chiringuitos de la Costa onubense a reubicarse. Así lo señala el presidente del Consejo Empresarial de Chiringuitos, Juan Díaz Castaño, quien también ha reconocido la existencia de cierta preocupación dentro de este colectivo ante el cambio de ubicación que deberán llevar a cabo algunos de estos establecimientos.
Esta reubicación deberá realizarse a partir del año 2012, en caso de que antes no haya un significativo avance del mar, por problemas con la Ley de Costas.
Díaz Castaño considera "garantizada" la continuidad de la práctica totalidad de los chiringuitos aunque, eso sí, destaca que existe una notable incertidumbre ante el cambio de emplazamiento que más de la mitad de los existentes deberán llevar a cabo.
Por otro lado, el presidente del Consejo Empresarial de Chiringuitos respaldó la petición de la Federación Andaluza de Empresarios de Playas (Faeplayas), que ha solicitado que se amplíe de 15 a 30 años el periodo de concesión de estas instalaciones para poder amortizar las inversiones que implican su construcción y la prestación de un servicio de calidad.
Los empresarios han decidido elaborar un decálogo de reivindicaciones para su presentación en la comisión tripartita con la participación del Gobierno central y la Junta de Andalucía, que se decidió crear tras el conflicto surgido hace unos meses sobre la aplicación de la Ley de Costas.
La Federación señaló días atrás que está de acuerdo con que los chiringuitos no superen los 150 metros cuadrados de ocupación, pero reclama que a efectos de este cómputo no se tenga en cuenta la superficie destinada a sótanos y aseos, ya que no forman parte en sí del negocio. Y argumenta que los sótanos son "la única estructura de anclaje y fijación" de los chiringuitos contra los mayores temporales, y no considera lógico que esta superficie reste a los metros cuadrados de la concesión total. También rechaza el pago de un canon por este servicio.
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