El juez imputa a Millán y Novoa por dos presuntos delitos urbanísticos

El alcalde de Cartaya, Juan Antonio Millán, y el primer teniente de alcalde, Miguel Novoa, han sido llamados a declarar en calidad de imputados por presuntos delitos de urbanismo. Junto a ellos está citados un arquitecto local y el propietario de la empresa Hierros y Construcción de San Juan del Puerto (Hiconsa).

Los cuatro imputados deberán comparecer ante el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Ayamonte, mientras que la esposa de Novoa ya lo hizo, también en calidad de imputada, el pasado 25 de agosto.

Los grupos de la oposición de Cartaya, IU, PA , PP y el concejal no adscrito, presentaron una denuncia contra los cinco imputados tras detectar supuestas irregularidades en una promoción de viviendas en unos terrenos situados en la barriada de El Almendral, y considerar que podrían haber incurrido en delitos de prevaricación, contra la ordenación del territorio, malversación de caudales públicos, negociaciones prohibidas a los funcionarios, tráfico de influencias y cohecho.

Las diligencias previas, imputan al alcalde y al teniente de alcalde un delito de prevaricación y contra la ordenación del territorio. Según los denunciantes, la construcción de viviendas en un área de 21.000 metros cuadrados comenzó en 2006 sin que estuviese aprobada la normativa municipal que regula el urbanismo en esa zona del casco urbano, con lo cual la promoción habría empezado al margen de la ley.

En lo que se conoce como la valoración del 10% de los aprovechamientos lucrativos, Hiconsa pagó al Ayuntamiento 1,3 millones de euros, valoración que realizó el arquitecto denunciado, quien al parecer trabajaba al mismo tiempo para la empresa y para el Consistorio, con lo cual podría haber favorecido los intereses de la constructora en perjuicio del interés público.

Sin embargo, la oposición encargó una valoración alternativa, que fue visada por el Colegio de Arquitectos, y estima que debió cobrar a la empresa 4,5 millones, es decir, 3,1 más de los que percibió. Los denunciantes aseguran que la valoración, que le ahorró dinero a Hiconsa, la hizo el mismo arquitecto que luego redactó y dirigió para esa empresa el proyecto de construcción de viviendas, lo que explicaría por qué el suelo del Ayuntamiento que era un 50% del total se valoró a la mitad que el terreno de los propietarios privados, estando los dos en el mismo lugar.

Para la oposición, unos y otros podrían haber utilizado la información de la Corporación para su beneficio privado y podrían haber recibido favores, aunque será la investigación judicial la que determine esos extremos y si se derivan responsabilidad penales.

El juez también deberá aclarar si hay relación entre esa operación urbanística y el hecho de que mientras se estaba realizando, el arquitecto implicado le hacía el proyecto de su casa a Miguel Novoa, que luego construyó Hiconsa, así como si existe relación entre la operación y el hecho de que la licencia del chalé se otorgase dos días antes de la firma del convenio urbanístico con Hiconsa en julio de 2005.

Los denunciantes consideran también que es preciso investigar si "es una casualidad" que en junio de 2007, días más tarde de la aprobación definitiva de las normas urbanísticas para la zona de El Almendral y días antes de que tomasen posesión los concejales elegidos en las últimas elecciones municipales se matriculase a nombre de la esposa de Novoa un automóvil todoterreno de lujo comprado en Alemania.

La oposición del Ayuntamiento cartayero, que ha sido admitida en el caso como acusación popular, anunció que va a pedir la declaración como testigos de la arquitecta y el secretario municipal que "deben garantizar que el urbanismo se ajuste a la ley y que todas las actuaciones que se realizan en el municipio sean legales".

IU, PA, PP y el concejal no adscrito exigen a Juan Antonio Millán y Miguel Novoa que presenten su dimisión y de no ser así reclaman al PSOE de Huelva que tome cartas en el asunto y les aparte de sus responsabilidad institucionales.

Las reacciones a la noticia han sido múltiples. Una de ellas parte de la propia empresa constructores. Fuentes de la misma han negado a este periódico los presuntos delitos que se le imputan, que ha calificado de calumnias, y aseguran que pedirán indemnizaciones por los daños y perjuicios que le están ocasionando el caso.