Audi indemnizará a una onubense por el fraude de las emisiones

Huelva/Una sentencia del Juzgado de Primera Instancia 5 de Huelva da parcialmente la razón a una onubense víctima del llamado fraude de las emisiones en vehículos de Volkswagen -y de su filial Audi- y condena a la distribuidora en España de la compañía automovilística y a un concesionario onubense a indemnizarla con 1.200 euros por daños morales. Se trata, como indicó a este diario el letrado de la perjudicada, Rubén Soto, de una resolución judicial "pionera en Andalucía y prácticamente en España", donde la balanza de la Justicia sólo se ha inclinado a favor de los afectados que han demandado en dos ocasiones precedentes, concretamente en Palma de Mallorca y en Alicante.

En la demanda formulada por el despacho Soto Rodríguez Abogados se especificaba que la mujer adquirió un Audi A4 en enero de 2014 en un establecimiento comercial del polígono La Paz de la capital a un precio de 27.700 euros, de los que abonó 14.700 en metálico y financió el resto. Como consta en los fundamentos jurídicos de la sentencia a la que ha accedido Huelva Información, la víctima especifica que "adquirió dicho modelo inducida a través de la información recibida del concesionario, guiándose también por la imagen y publicidad emitida por la marca", que resaltaba las cualidades del vehículo evidenciando su respeto al medio ambiente.

La compradora, sin embargo, conoció a través de los medios de comunicación el escándalo, un fraude reconocido por la compañía alemana que afectó a once millones de coches diésel en todo el mundo -vendidos entre 2008 y 2015- y que consistía en colocarles un motor trucado con el que disimulaba las emisiones de óxido de nitrógeno. Pero eran más contaminantes de lo que se podía pensar.

Por ende, el turismo de la onubense resultó ser "un producto no conforme al contrato celebrado", al ser uno de los que tenía instalado el software que permitía falsear la información de emisiones para pasar los controles antipolución de las autoridades.

En la demanda la consumidora solicitó la sustitución del coche por otro nuevo, de iguales características y en perfecto estado o, de no ser posible, la entrega de otro de mayor calidad. Además, pedía al juez que el concesionario de Audi en Huelva y la central de Volkswagen le resarcieran los daños y perjuicios con 14.400 euros más IVA y que asumieran la reparación del vehículo.

Tanto el concesionario onubense como la importadora del modelo, Volkswagen Audi España SA (Vaesa), se opusieron a la demanda. El primero alegó que "desconocía la existencia del sistema o software de optimización"; la segunda, que "no tuvo intervención ni en la fabricación ni en la venta del vehículo". Ambas empresas niegan que la instalación del sistema implique que el modelo emita mayores niveles de óxido de nitrógeno que los permitidos o que la instalación comporte riesgo para la circulación o los ocupantes del turismo, entre otros.

El magistrado Antonio Moreno Bergareche entiende que, en efecto, el fabricante "incumplió la normativa comunitaria sobre dicho control y ello implica, por tanto, un incumplimiento contractual". Entiende que tanto Vaesa como la comercializadora onubense asumían "su responsabilidad por dicha instalación", pero también que la demandante no ha acreditado que el defecto que presenta su coche es de tal entidad que lo inhabilite para su uso, por lo que no entiende que proceda la sustitución del coche por otro nuevo, medida que ve "desproporcionada".

Sí considera el juez finalmente que la perjudicada ha sufrido un "daño moral" como consecuencia de la incidencia detectada en el Audi A4 que adquirió, ya que ha padecido "molestias, incertidumbre, inquietud y reducción de las oportunidades de venta".

Por todo, el titular del Primera Instancia 5 de Huelva condena a Vaesa y al concesionario de Huelva a pagar 1.200 euros por daños y perjuicios "de forma conjunta y solidaria" a la demandante, a los que hay que sumar los intereses de demora. También asumirán las costas del procedimiento, si bien contra esta pionera sentencia judicial cabe todavía recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Huelva.