La Huelva que lleva armas

Huelva/En España es prácticamente imposible conseguir una licencia de armas de tipo B, la que permite a quien la posee tener una pistola o un revólver sin ser policía, guardia civil, militar o vigilante de seguridad privada. La legislación española es una de las más restrictivas del mundo a la hora de hacerse con un arma corta y de hecho cada vez se conceden menos. Al margen de ellos, sólo pueden disponer de una de ellas jueces, fiscales, agentes judiciales, joyeros, miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado retirados, militares en la reserva, funcionarios de prisiones e incluso los propios armeros que precisan mantener unas condiciones de seguridad para la custodia de las armas. En lo que se refiere a la provincia onubense, según los datos a los que ha tenido acceso Huelva Información, son 1.215 armas cortas para las que existen 78 licencias.

Los números facilitados por la Comandancia de la Guardia Civil de Huelva, constatan que la provincia es eminentemente cazadora. Así, frente al numero anterior, el número de escopetas dedicadas a la misma, ascienden a 43.203, a las que hay que sumar los 6.318 rifles destinados a la caza mayor y a las 2.465 de carabinas del calibre 22. En este tipo desde la Intervención de Armas aseguran que hay una controversia sobre su uso, puesto que existe una ley andaluza que prohíbe la utilización de este tipo de armas para esa actividad, aunque matizan que con una licencia sí se permite. La falta de una regulación europea en este tipo de calibres, impide que haya una mayor claridad al respecto.

Sobre las licencias, las mismas fuentes aclararon que la discrepancia entre su número y el número de armas, reside en que una misma licencia puede servir para más armas y es habitual que un cazador disponga de varias de ellas. Las más habituales son las 17.162 licencias para escopetas y similares y las de 7.877 rifles, todas ellas destinadas a actividades cinegéticas que copan la mayoría de los permisos. Así, apenas hay 61 de tiro olímpico o 78 de armas cortas, destinadas a personas que precisan una protección especial. Las de avancarga (la carga se produce por la boca del cañón) alcanzan las 115 y las de coleccionistas se quedan en 50.

De la preponderancia de las actividades de cacería en la provincia dan buena cuenta los incidentes que se han producido en los que han estado presentes las armas de fuego. En el mes de febrero del año pasado, un hombre era detenido por un accidente en la localidad de Alájar cuando acabó con la vida de otro de un disparo y que fue acusado de homicidio por imprudencia. En el otro lado de la balanza, el mes de septiembre de 2016 se asistió a un atraco a punta de pistola en una sala de juegos de la localidad de Isla Cristina, donde consiguieron llevarse un botín de 3.000 euros y en agosto de ese mismo año, era desmantelada una banda dedicada al tráfico de hachís, a cuyos miembros les imputaron varios intentos de homicidio con armas de fuego. Hace unas semanas, era detenido en Trigueros un varón como integrante de una banda cuyas actividades la Guardia Civil relacionó con el tráfico de armas internacional.

En la raíz de todo ello se encuentra la legislación española, una de las más restrictivas del mundo en cuanto a la posesión de cualquier tipo de armas, especialmente las cortas. España tiene, junto con el Reino Unido, una de las normas más garantistas de Europa. Portavoces de la Asociación Nacional del Arma en España señalan que el modelo que se persigue es el de la República Checa, donde está contemplado el uso y la posesión de armas como autodefensa para los civiles, después de hacer una serie de exámenes y controles que eliminan a aquellos que tienen antecedentes penales o que no se encuentra en plena posesión de sus facultades mentales. Al menos de momento, la posibilidad de alcanzar los niveles de Estados Unidos está muy lejos.