La corrupción llega a las aulas

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El XVIII Congreso de Justicia Penal de la Onubense destaca el ámbito empresarial como escenario para la propagación de la corrupción

La apuesta por la transparencia se cree vital

Un momento del acto inaugural de ayer en la Universidad de Huelva.
Un momento del acto inaugural de ayer en la Universidad de Huelva. / Josué Correa
Javier Ronchel

25 de marzo 2017 - 02:05

Huelva/El Congreso de Justicia Penal de la Universidad de Huelva llega a su 18 edición en plenitud. Reconocido en toda España como uno de los eventos fundamentales de esta especialidad jurídica. Quizá por esa anecdótica mayoría de edad sobrevenida sea un buen momento para mirar a la actualidad y a uno de los temas que más preocupan a los españoles en la actualidad, entre el sufrimiento propio de la crisis económica. Es la corrupción una (casi) sección fija ya en los telediarios. El Derecho no la deja de lado, pero se nota la presión social para que se insista en abordar los factores que desencadenan el fenómeno, que lo es. Aunque se reste peso a su incidencia en España, por tratarlo como problema global.

No le falta razón al catedrático Juan Carlos Ferré, ideólogo, responsable y mantenedor de este foro a lo largo de los años, cuando se remonta a los testimonios de Aristóteles para buscar los orígenes. Aunque sabe que es el momento de abordarlo por ser tener "un poco convulsionada toda la opinión pública en España". "Es un fenómeno internacional, ocurre en todo el mundo y hemos traído expertos de otros países para que cuenten lo que ocurre allí".

Lo dice por los profesores Alexis Couto y José Sáez, brasileño y argentino, que hablaron ayer en la Facultad de Derecho de la Onubense en la charla Corrupción pública y privada en América Latina, moderada por Miguel Bustos, de la Universidad de La Rioja.

El matiz de los ámbitos introduce el enfoque especial de esta edición, celebrada conjuntamente con la Hispalense, dando forma al mismo tiempo al I Congreso Andaluz de Justicia Penal. Es el del mundo empresarial en la corrupción, más relevante de lo que trasciende a la opinión pública.

"La corrupción es cosa de dos", aclaraba Ferré ayer a los periodistas antes del comienzo. "No sólo es corrupta la autoridad política que recibe el dinero sino el empresario que la oferta. Y hay ahí unas relaciones que hay que analizar en todo su contexto. No es una cuestión individual de alguien que espontáneamente ha decidido enriquecerse a costa de otro, sino que es un entramado", destaca. "Y todo eso se debe analizar: los sujetos que intervienen, de qué forma lo hacen...".

Porque estas jornadas no son más que la aportación de los teóricos del derecho, los académicos, al tratamiento realizado en los juzgados, y también por los legisladores. "El campo teórico puede hacer un análisis crítico porque no está sometido a ningún tipo de presión. Los profesores universitarios pueden decir las cosas como son, con los criterios científicos para decir qué hay que hacer, qué tiene de bueno y de malo aplicar la ley".

Por eso, en esa misma línea, el catedrático de Penal de la Onubense, decano, además, de Derecho, sostuvo que "se están haciendo cosas; están cambiando muchas cosas". Destacó la Fiscalía Anticorrupción, "bastante seria", que trabaja "seriamente para neutralizar, investigar y sancionar los casos que aparecen. Lo que ocurre es que la Fiscalía, como la Administración de Justicia, tiene unos ritmos y son muy lentos para lo que se desea, para reconducir estos fenómenos. Pero se están haciendo cosas y los corruptos terminan respondiendo penalmente".

¿Faltan medios para incrementar esos ritmos de los que habla Ferré? Según el presidente de la Audiencia Provincial, Juan Carlos Ferré, se piden medios realmente "para administrar justicia día a día". "Para nosotros, los delitos de corrupción son hechos delictivos, hechos ilícitos que deben ser objeto de enjuiciamiento como deben ser otros delitos. No es que tengamos unos medios especiales para la lucha contra la corrupción sino que esos medios se necesitan para la aplicación de la Justicia en general", dijo Pontón.

Las conclusiones que se extraigan de este congreso abrirán nuevas vías para el trabajo diario en los juzgados. El Colegio de Abogados de Huelva estará muy atento a ello, avanzó su decano, Juan José Domínguez.

La aportación práctica del Supremo

Dos magistrados del Supremo han pasado estos días por las aulas universitarias para participar en el congreso penal. La presencia de Juan Ramón Berdugo y Antonio del Moral no es casual. Ambos aportaron una visión práctica de la tipología de la corrupción que les llega al Alto Tribunal. Es una muestra también del prestigio y reconocimiento con que cuentan todos los ponentes, habitualmente radicados en el ámbito académico, aunque pertenecientes también a la Administración de Justicia. El primero de los magistrados del Supremo, Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre, participó el jueves en Sevilla en la segunda parte del coloquio Fraude y corrupción en el mundo empresarial y político, junto al catedrático y director del foro, Juan Carlos Ferré. Como referencia, Berdugo Gómez de la Torre fue uno de los integrantes de la Sala Segunda que dictaron hace un mes la sentencia que acepta como prueba válida la llamada Lista Falciani la primera vez que se pronuncia sobre el uso de esos datos para fundar una condena por delito fiscal en España. Falciani es el exempleado del banco suizo HSBC que extrajo documentos, entre otros, de más de 500 contribuyentes españoles con cuentas bancarias suizas al margen de la Hacienda Tributaria española. En este fallo pionero, condenaron a seis años de cárcel por dos delitos contra la Hacienda Pública a un español que había ocultado más de 5 millones de euros. Para el cierre del congreso, ayer tarde, una conferencia de Antonio del Moral. No se avanzó la temática, pero hace unos meses, en una entrevista para otro evento similar, el World Compliance Summit 16, Del Moral desvió el foco de los aspectos legislativos: " La solución no estriba en endurecer la respuesta penal, sino en crear herramientas eficaces para descubrir y esclarecer los delitos, y darles una respuesta rápida". Por eso habló también de "mecanismos preventivos: transparencia, control de la actividad pública, potenciar la actividad inspectora y de intervención...".

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