La precariedad laboral lleva a las monitoras escolares a movilizarse

Concentración de este colectivo celebrada en 2017. / Canterla

HUELVA/Se sienten como el último escalón laboral de la Administración. Son 31 las monitoras escolares que desde hace ya unos años, quieren que termine la precariedad con la que trabajan: contratadas a tiempo parcial, despedidas cuando termina el curso y readmitidas cuando empieza el siguiente y con unos sueldos que en la mayor parte de los casos no llegan ni a la mitad del salario mínimo interprofesional.

CCOO les volvió a dar voz ayer. La responsable de Educación de este sindicato, Marina Vega, hizo un llamamiento al delegado territorial de Educación, Vicente Zarza, para que "dé un paso adelante y sea valiente para que se termine con una situación insostenible y todo ello después de varios intentos fallidos de diálogo con la consejería".

La precariedad se acentúa cuando se tiene en cuenta que "más de la mitad de estas monitoras han de repartir su actividad hasta en tres centros docentes". Las jornadas semanales oscilan entre las 8 y las 20 horas.

La portavoz por CCOO de este colectivo, Rocío Camacho, recordó que "llevamos ya cinco años en la misma situación" y no entiende "cómo en el sector público puede haber un empleo con esta poca calidad".

Por todo ello, el colectivo se concentra mañana a las 11:00 ante la sede de la Delegación Territorial de Educación. Ése será el inicio de un calendario de movilizaciones que continuarán en la fiesta del 1 de Mayo y con una concentración a nivel regional. Si no se perciben progresos, las monitoras irán a la huelga en junio.

Desde un punto de vista funcional tampoco se entiende que "se mantenga la precariedad cuando en los centros escolares existen cargas de trabajo suficientes para que la jornada sea normalizada a jornada y año completos". Así es como está el resto de sus compañeros, que en Huelva ascienden a 78.

Asimismo, hubo reproches hacia la actitud de la Junta de Andalucía hacia el empleo femenino, que en este colectivo asciende al 90%: "La Junta debe hacer una apuesta fuerte por adoptar medidas para la igualdad entre mujeres y hombres. No cabe duda de que esas medidas han de pasar necesariamente por la mejora de las condiciones de trabajo de las mujeres".

Una sentencia las vinculó con la Junta por considerar cesión ilegal

La problemática de las monitoras escolares viene de largo, pero empezó a complicarse a finales de 2013. Ese fue el año en el que la Junta de Andalucía decidió terminar la relación que mantenía con la empresa a la que pertenecían estas trabajadoras, es decir, era un servicio que estaba privatizado. Eso generó un conflicto ya que estas empleadas consideraron que habían estado trabajando en una situación de cesión ilegal. El argumento principal para apoyar esta afirmación fue que incluso habían tenido acceso, dentro de su actividad laboral, al Programa Séneca que es la columna vertebral organizativa de todo el sistema educativo andaluz. De este modo, las monitoras sostuvieron que habían realizado un empleo público para lo que la Junta contrató a una empresa privada. La Justicia finalmente dio la razón a estas trabajadoras de modo que dejó de estar definitivamente privatizado. Hasta llegar a la situación actual, este colectivo también tuvo que pasar por un denominado plan de choque.