Decenas de jornaleras se suman a denunciar a quienes denunciaron

agricultura

El diputado de Podemos Diego Cañamero asegura que es "una muestra de coacciones"

Trabajadoras marroquíes acompañadas por Podemos y el SAT el lunes.
Trabajadoras marroquíes acompañadas por Podemos y el SAT el lunes. / Álex Fernández
Óscar Lezameta

09 de junio 2018 - 01:38

Huelva/La denuncia ante la Guardia Civil firmada por 131 trabajadoras de la empresa señalada por Podemos como autora de abusos laborales y sexuales contra alguna de sus jornaleras en la que atribuyen dicho comportamiento a que les prometieron la documentación para quedarse en España, adelantada ayer por Huelva Información, se extiende por otras empresas de la comarca fresera onubense y que serán hechas públicas en los próximos días. Además de las trabajadoras procedentes de Marruecos, las que tienen como origen en Rumanía y Bulgaría, además de otros países del Este de Europa, se han sumado a este iniciativa. Según pudo conocer este periódico, son varias las empresas localizadas en los municipios de mayor producción de frutos rojos, principalmente Almonte, Moguer y Palos, en las que se han detectado movimientos para adherirse a la denuncia de estas temporeras y el rechazo a las acusaciones lanzadas desde el Sindicato de Trabajadores Andaluces (SAT) y por dirigentes de Podemos.

El diputado de esta formación se refirió ayer a las denuncias recogidas por Huelva Información, que atribuyó a "coacciones de la empresa que les dice que o la defienden o no vienen más". El dirigente, que se desplazó a Huelva el pasado lunes, aseguró que "nosotros no hemos ofrecido papeles a nadie; no depende de nosotros ningún papel, depende de la Administración pública, del Gobierno; lo que pretende la empresa es embarrar la realidad; tenemos vídeos donde se pone de manifiesto lo expuesto en estas denuncias e incluso que se les obligar a decir lo que quieren".

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El sector fresero también reaccionó de manera contundente a las denuncias realizadas por las trabajadoras de la empresa señalada por Podemos. El más contundente fue el presidente de la Interprofesional de la Fresa Andaluza (Interfresa), José Luis García-Palacios, quien indicó que la denuncia de 131 temporeras inmigrantes de origen marroquí negando abusos de cualquier tipo "deja a algunos en absoluta y deplorable evidencia".

García-Palacios reconoció, en nombre del sector, que "estamos muy seguros de lo que hacemos y cómo lo hacemos y estamos muy orgullos". La cuestión es que "siempre hay algunas facciones radicales de la sociedad -vivimos en democracia-, que tratan de desdibujar considerablemente la realidad".

Por su parte, el presidente de Freshuelva, Alberto Garrocho, lamentó que "haya gente que llega y quiere desprestigiar a un sector con algo tan sensible como es el acoso a la mujer" y dejó claro que "Huelva es referente europeo en contratación en origen y quien haga las cosas mal no cabe en este sector". Garrocho aseguró que el sector es "el máximo interesado en que se investigue, ya que quien haga las cosas mal no cabe en este sector y no consentimos ningún tipo de abuso a mujeres que tantos beneficios hacen a nuestros cultivos". También se refirió a la denuncia adelantada ayer por Huelva Información y lamentó que "algunos sindicatos estén tratando de confundir a la opinión pública y al resto del país para desprestigiar al congreso de frutos rojos y la sector porque les da envidia que en Huelva se esté creando tanta riqueza y dando de comer a tantas familias".

Por último, el presidente del PP de Huelva y portavoz de Agricultura del Grupo Popular en el Parlamento, Manuel Andrés González, presentó una Proposición no de Ley en la Cámara autonómica para que la agricultura onubense reciba el respaldo expreso del Parlamento ante "los ataques que están recibiendo a raíz de las noticias surgidas sobre presuntos abusos sexuales a temporeras que están afectando al conjunto del sector".

El dirigente popular indicó que se trata de "denuncias aisladas y sobre las que se está atacando a todo un sector sin que, siquiera, haya concluido la investigación judicial abierta". A su juicio, "es muy injusto que se haga de uno o dos casos particulares una acusación general de cómo trabaja todo un sector que es motor de crecimiento, de empleo y de calidad y prosperidad para Huelva, porque estas presuntas irregularidades son aisladas, no es la generalidad".

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