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Crisis en el campo, asfixiado por la subida de precio en los carburantes

Cadena de Valor

Asaja relama un IVA reducido o superreducido para los hidrocarburos. UPA Andalucía pasa a la acción y anuncia la convocatoria de movilizaciones para las próximas semanas

Imagen de archivo de una movilización de agricultores con tractores atravesando el Parque de María Luisa en Sevilla.
A. Estrella Yáñez

28 de junio 2022 - 08:00

Con la amenaza de un paro en el transporte, que bloquearía la distribución, los productores -agricultores y ganaderos- se topan también en primera persona con las trabas que supone la subida del precio del combustible, que dirige al sector agroalimentario a una crisis cierta.

Por ello las organizaciones agrarias reclaman medidas concretas y amenazan con movilizaciones.

Asaja explica que cuando a finales del mes de marzo el Gobierno aprobó la bonificación de 20 céntimos al combustible, el precio del gasóleo se situaba en 1,3 euros/litro, y a fecha de hoy el precio alcanza ya los 1,7 euros/litro. Una subida cercana a los 30 céntimos que rebasa la bonificación diseñada para compensar el precio.

Añaden que respecto a junio de 2021, el precio del gasóleo agrícola se ha incrementado un 120%, la energía eléctrica un 180%, y los piensos para la alimentación del ganado un 36% para el vacuno y en un 49% para el porcino. “Con estos costes de producción resulta de todo punto inviable el futuro de las explotaciones agropecuarias, máxime si a esto sumamos los efectos que la sequía está dejando en sector, con importantes mermas de producción de hasta un 30% en cereales, y la inestabilidad e incertidumbre provocadas en los mercados internacionales como consecuencia de la invasión de Ucrania”.

En busca de soluciones Asaja reclama al Gobierno que ponga en marcha medidas fiscales urgentes que alivien los incrementos de costes de producción, “y en este sentido -dicen- urgimos a reducir el IVA de los hidrocarburos para situarlo en el tipo reducido o superreducido con el margen que establece la Directiva europea de fiscalidad y a poner en marcha las reducciones en la factura del gasóleo del 35% y del 15% de los fertilizantes y plásticos en el IRPF, tal y como se recoge en la Ley de la Cadena Alimentaria que entró en vigor el 16 de diciembre de 2021”.

“Igualmente, demandamos un incremento de la deducción de los gastos de difícil justificación para los agricultores que tributen en el régimen de estimación directa del IRPF, así como un incremento en el IVA compensatorio del 10,5% al 12% en ganadería para equiparlo con el de agricultura en el régimen especial de agricultura y ganadería del IVA”.

Cuando se encuentran inmersos en plena campaña de cereales, los agricultores ven como los gastos de cosecha se disparan como consecuencia de las subidas diarias del precio del combustible. Una cosechadora consume al día unos 400 litros de gasóleo, es decir, 677, 2 euros/día, a lo que hay que sumar el consumo de tractores o camiones que realizan las tarea de acarreo del grano para su almacenamiento. Unos gastos que resultan desorbitados y que merman la rentabilidad de las explotaciones cerealistas de forma alarmante. El resto de sectores tampoco salen mejor parados y la ganadería soporta una subida indiscriminada del precio de los piensos que la aboca al sacrificio de animales.

También considera urgente la aplicación del tipo superreducido del 4% del IVA a las compras realizadas por los productores agrarios de aquellos medios de producción necesarios para el desarrollo de su actividad, como inputs agrarios y materias primas y piden la reducción de los costes energéticos aplicando, de una vez por todas, la doble tarifa eléctrica para el riego, tal y como ha venido anunciando el Gobierno desde finales del año 2020 en la Ley de Presupuestos para 2021 y posteriormente en la Ley de la Cadena Alimentaria y que ha sido incumplido reiteradamente hasta la fecha.

Para UPA la única medida a tomar en estos momentos por el sector es la vuelta a la calle. La organización agraria considera “inasumible, abusivo y vergonzoso el incremento del precio del combustible que perjudica a toda la sociedad en general, pero muy particularmente a los agricultores y ganaderos que utilizan el gasóleo B para su trabajo diario”.

“Es un hecho -añaden- que el precio de este gasóleo sigue batiendo todos los récords históricos y se sitúa, de media, entre 1,57 y 1,70 euros el litro como consecuencia, única y exclusivamente, de la especulación de las grandes empresas petrolíferas españolas, que multiplican sus beneficios a costa de toda la sociedad”.

Por ello el Comité de UPA Andalucía ha aprobado la convocatoria de movilizaciones en las próximas semanas.

Mercado mayorista de carburantes

“Está muy claro que hay una falta de escrúpulos en el mercado mayorista de carburantes en España. Tal es el inaceptable aumento de sus márgenes de beneficio, a costa del sector primario y de todos los consumidores, que se han comido literalmente los 20 céntimos de euro por litro de ayuda aprobada por el Gobierno central. El gasóleo agrícola costaba, el año pasado, 0,83 euros por litro, casi la mitad que ahora. Y en las últimas semanas, el aumento ha sido continuado e imparable hasta situarse, de media, a 1,57 euros. Una situación extrema para la rentabilidad de nuestras explotaciones que nos lleva a movilizarnos”, explica el secretario general de UPA Andalucía, Cristóbal Cano.

UPA Andalucía llevará a cabo concentraciones a las puertas de los centros logísticos de hidrocarburos en las próximas semanas. Acciones en las que se buscará la unidad de acción del resto de organizaciones agrarias y cooperativas andaluzas.

“El precio del gasóleo no ha parado de escalar y ha llegado ya a una situación que es insostenible, por lo que no nos dejan otra salida que las movilizaciones. Y queremos que sea en unidad de acción, aunque si tenemos que hacerlo solos, lo haremos. Nuestros agricultores y ganaderos no aguantan más porque no tienen rentabilidad en sus explotaciones mientras que tienen que ver cómo las grandes petroleras siguen aumentando sus beneficios a nuestra costa y a costa de toda la sociedad en general. Esto hay que pararlo”, concreta Cristóbal Cano.

Intervención del Gobierno

Asimismo, UPA Andalucía hace un llamamiento serio al Gobierno para que intervenga “con carácter de urgencia” y ponga freno a una situación crítica e inaceptable.

“Las petroleras aprovechan la invasión de Ucrania para aumentar sus márgenes mientras que los agricultores y ganaderos en particular, y toda la sociedad, sufrimos esa política vergonzosa e implacable de buscar el beneficio a costa de la ruina general. Necesitamos que el Gobierno actúe. No queremos ser un sector subvencionado, sino un sector que viva dignamente de su trabajo con unos precios justos y unos costes de producción asumibles que hagan viables nuestras explotaciones. Estamos cansados de que, por todos los lados, abusen de una forma tan descarada del sector primario. Porque los beneficios que se llevan las petroleras salen de las espaldas de los agricultores y ganaderos y de la sociedad en general”, concluye Cristóbal Cano.

Temor por el posible paro anunciado en el transporte

“Un nuevo paro podría suponer la entrada en pérdidas de muchos operadores del sector, que están soportando a duras penas una coyuntura económica y geopolítica sin precedentes”.

Este es el mensaje que han lanzado las organizaciones agrarias -Asaja, COAG y UPA, Cooperativas Agroalimentarias- y las asociaciones empresariales FIAB, Aecoc, ACES, Anged, Asedas, Cedecarne, Fedepesca,Hostelería de España y Marcas de Restauración en un comunicado conjunto.

Los firmantes piden a todo el sector del transporte “que no sometan a la sociedad a una nueva amenaza y que tengan en consideración la difícil situación en la que se encuentra un sector esencial, como es el agroalimentario, que trabaja para garantizar en todo momento el abastecimiento de alimentos y de productos esenciales a toda la sociedad en cualquier rincón del país”.

Señalan que en este contexto, la cadena de valor agroalimentaria “está haciendo un gran esfuerzo para tratar de repercutir lo menos posible al consumidor el alza de los precios de la energía, del coste del combustible y sus derivados como los fertilizantes, del precio y la dificultad de acceso a las materias primas, de la presión fiscal y el coste regulatorio que sufre el sector, así como de los efectos del anterior paro del transporte del que algunas cadenas de suministro no han podido aún recuperarse”.

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