La encrucijada del Gobierno ante el regadío

Desde las pasadas navidades hasta la declaración del estado de alerta por el Covid-19, el campo español de forma unitaria se movilizaba todos los días y a lo largo y ancho de todo el país para poner de manifiesto la enorme crisis de falta de rentabilidad que sufre- al igual que también se manifestaban en otros países europeos-, y demandaba soluciones urgentes para parar la sangría de rentabilidad y la consecuente falta de atractivo para incorporarse a la actividad agraria de los jóvenes de la población rural, la cual, envejece día a día, ante la falta de oportunidades de desarrollo personal y profesional.

Estas movilizaciones han sido paralizadas temporalmente por motivos que todos conocemos y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha impulsado un Real Decreto-Ley de medidas urgentes en materia de Agricultura y Alimentación para dar respuesta al sector, en forma de medidas de mejora de la cadena alimentaria, para tratar que los agricultores reciban un precio justo o que al menos cubra los costes de producción, y medidas de potenciación del relevo generacional.

Y por último, aprobaba otras medidas de carácter laboral, que no han contado con el consenso del sector al no beneficiar a los agricultores. Dicho esto, es claro que el sector agrario está en crisis y necesita soluciones, y que además en la actualidad hay un escenario muy grave de disminución de las ayudas de la PAC que los responsables de la Administración estatal han dado ya por amortizado, sin haber luchado como deberían para tratar de mantener la ficha presupuestaria como pedía todo el sector.

Por otro lado, hay una conclusión de diversos estudios demográficos que demuestran que el regadío es un elemento fijador de la población en el medio rural y que, por tanto, la garantía de agua para el regadío es la mejor fórmula para evitar la despoblación, y al mismo tiempo garantizar la seguridad alimentaria, que ahora con motivo del confinamiento general, la sociedad ha entendido la importancia que tiene, al ser denominada actividad esencial que no se puede paralizar para evitar el desabastecimiento de alimentos.

Por tanto, el regadío se puede considerar con toda rotundidad como sector estratégico a proteger y fomentar para satisfacer las demandas actuales y futuras de la sociedad española y europea, y también para conseguir los objetivos del desarrollo sostenible de la ONU.

Pues, mientras que un Ministerio de Agricultura toma medidas que ya veremos con el tiempo su eficacia, otro Ministerio, llamado para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Mitecord) y dirigido por toda una vicepresidenta, está tomando medidas muy contrarias al desarrollo y fomento del regadío, en diferentes iniciativas en tramitación como son el “Libro Verde de la Gobernanza del Agua” y en los procesos de planificación hidrológica que actualmente están en fase de consulta pública en todas las cuencas españolas.

Me voy a referir a este proceso de planificación hidrológica y ya tendremos tiempo para declararle la atención al citado “Libro Verde”, que también tiene su miga, ya que desde sus orígenes estuvo viciado por la falta de participación de expertos independientes y usuarios del agua.

Tras asistir a varias reuniones presenciales y online sobre la tramitación del Esquema provisional de Temas Importantes, documento previo al futuro Plan Hidrológico de la Demarcación del Guadalquivir, puedo concluir que el objetivo de la planificación actual es olvidarse de la satisfacción de las demandas hídricas de los territorios, pues según los altos cargos del Mitecord ya se prestaron atención en los dos últimos planes hidrológicos y ahora hay que centrarse en el cumplimiento de los objetivos ambientales, pues, en la directiva Marco de Aguas, el año 2027 es la fecha tope para alcanzar el buen estado ecológico de todas las masas de agua.

El objetivo medioambiental es sin duda loable, pero al mismo tiempo utópico e inalcanzable por muchos motivos y por más que sea una obligación de esta Europa claramente en crisis, sobre todo, después de constatar que no se han cumplido los programas de medidas que se aprobaron en los dos anteriores ciclos de planificación hidrológica, que supuestamente deberían haber resuelto tanto los objetivos ambientales como los de satisfacción de las demandas.

La tozuda realidad demuestra que no se han ejecutado ni el 50 % de los programas de medida de los planes hidrológicos, y prácticamente nada en las medidas de aumento de regulación, que hubieran mejorado la garantía para todos los usos, incluidos los caudales ecológicos, ni tampoco se ha avanzado mucho en las acciones de modernización de regadío previstas en los Programa de Medidas de los Planes Hidrológicos aprobados en 2014 y 2016.

Sirva como ejemplo la parálisis administrativa de la mejora del sector arrocero de la Marismas del Guadalquivir en Sevilla o la modernización de la zona regable del Rumblar en Jaén, que podrán ahorrar el consumo de la ciudad de Sevilla o de Jaén, respectivamente.

Sin proyectos

Baste decir que en Andalucía y muy probablemente en España –ya sea por falta de presupuesto, de voluntad política y de complejidad burocrática-, desde 2014 no se ha iniciado ninguna nueva obra hidráulica de regulación, por lo que es claro y evidente que no están resueltos los problemas de satisfacción de las demandas hídricas para todos los usos, y consecuentemente está en peligro la garantía alimentaria y capacidad de fijación de personas en el medio rural.

No tiene sentido ni lógica que ahora se pretenda priorizar los objetivos ambientales, sin haber resuelto, a su vez, los de satisfacción de la demanda hídrica, más bien ambos deberían ir juntos de la mano en pos de un verdadero y equilibrado desarrollo sostenible, en el que las personas deben ser prioritarias a otros seres vivos.

El regadío dejará de cumplir su función de fijar población en el territorio y de ofrecer garantía y soberanía alimentaria, si estos objetivos del Ministerio de Agricultura se confrontan con los del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, por cierto, este último apelativo, es dudoso si la garantía de agua destinada al riego es subordinada a unos objetivos ambientales inalcanzables.

El Gobierno de la nación tiene que confrontar ambas visiones y definir claramente unos objetivos alcanzables que faciliten un verdadero y equilibrado desarrollo sostenible, un desarrollo basado en el respeto al medio ambiente, que al mismo tiempo satisfaga las necesidades alimentarias de las generaciones presentes y futuras, y su vez facilite la muy necesaria fijación en el medio rural para responder al reto demográfico.