Hay que defender el olivar tradicional

Más de 1,5 millones de hectáreas, 200.000 familias olivareras, más de 18,7 millones de jornales, el 40% del empleo agrario y el 28% de toda la producción agraria de Andalucía.

Un bosque centenario, un sistema productivo sostenible, que fija población en el medio rural, distribuye riqueza y aporta valor añadido al campo.

Un producto de máxima calidad, de prestigio y saludable, que es eje de la dieta mediterránea: el aceite de oliva. Pues, reaccionen, porque todo esto, todo lo que se relaciona con el olivar tradicional, patrimonio de los andaluces, está en peligro.

Los motivos de que este sistema productivo tradicional y arraigado, que es parte de nuestra economía, de nuestra cultura y de nuestra identidad como pueblo, se vea gravemente amenazado nada tiene que ver con cuestiones que vienen dadas por la naturaleza, enfermedades o clima, sino con las ansias especulativas de la gran industria y distribución, que han detectado la vulnerabilidad del sector en España, la falta de normativa y el incumplimiento de la que existe, por la dejación de funciones de las instituciones españolas y europeas.

Para decirlo alto y claro: el olivar tradicional ha sido abandonado a su suerte en un mercado agroalimentario en el que las mafias económicas han entrado sin escrúpulos.

Eso sí, entran donde les dejan. Y en España, la desidia de las administraciones y sus responsables políticos le han puesto una alfombra roja a los especuladores para cebarse con el sector del aceite de oliva. Han venido a ganar dinero, ante la falta de control, a costa de la calidad, de la seguridad alimentaria y, por supuesto, de los agricultores, de los consumidores y de la salud pública.

La industria se está aprovechando del prestigio, de la calidad, del reconocimiento de un modelo centenario de producción, mientras que están llegando importaciones de aceites de baja calidad y otras grasas vegetales que se mezclan con los nuestros, para ponerlos en el mercado y seguir especulando.

Sin excedentes

Sólo este año se van a llevar, entre la industria y la distribución, 1.780 millones de euros que son de los productores, en una situación en la que no hay excedentes, porque ha bajado la producción mundial un 3%, además de que estamos en periodo de sequía y la cosecha va a ser inferior a la de otras campañas. No estamos hablando de subvenciones, sino de lo que vale nuestro aceite de oliva.

Esto tiene un nombre y se llama expolio. Y mientras esto ocurre, las instituciones miran para otro lado. ¿Qué más tiene que ocurrir y cuándo va a terminar este saqueo?

Por todo ello, desde COAG Andalucía reclamamos medidas urgentes que pongan pie en pared a este atraco a los olivareros y a este tremendo daño a Andalucía. Se trata de una cuestión de Estado que debería hacer saltar todos los resortes y movilizar al Gobierno de España y a la Junta de Andalucía.

Actualmente, hay instrumentos en la PAC que hay que adecuar para regular el mercado, como el almacenamiento privado, actualizando el umbral, fiscalizar movimientos de aceites vegetales, lo que se tiene que hacer desde Hacienda, controlando las partidas en los procesos de transformación y los destinos, así como consideramos urgente que actúe ya Competencia, ya que es vergonzoso lo que está ocurriendo, que también perjudica a los consumidores.

En definitiva, hay que garantizar la calidad, y la pureza, la seguridad alimentaria y la trazabilidad de un producto tan importante para la sociedad.

Para ello, y resumiendo, exigimos precios justos para un olivar vivo, revisión completa del sistema de almacenamiento privado y establecimiento de normas de autorregulación del mercado con carácter obligatorio para todo el sector.

Asimismo, la PAC debe asegurar el mantenimiento del olivar y el relevo generacional y se deben establecer medidas de apoyo para los olivares con mayores dificultades, cuyo papel socioeconómico, ambiental y paisajístico es fundamental para el mantenimiento de nuestros pueblos.

Igualmente, las políticas de lucha contra el despoblamiento deben tener en cuenta la capacidad del olivar rentable para fijar población, perseguir las actuaciones que provocan una banalización del aceite de oliva y su utilización como producto reclamo, promover un mejor conocimiento de las calidades del aceite de oliva por parte del consumidor, legislar de manera clara y contundente para acabar con la venta a pérdidas, perseguir actuaciones que vulneren las normas de competencia y mejorar la transparencia en la formación de precios del aceite, apoyar la concentración y el asociacionismo para mejorar el valor añadido obtenido por los productores, asegurar por parte de las administraciones la trazabilidad y la calidad del producto ofrecida por los productores y preservar el prestigio del aceite de oliva español reconocido sobradamente por su alta calidad a nivel mundial.

Por último, si no teníamos bastante con todo esto, hay que referirse a las últimas noticias que nos vienen de EEUU, que son para echarse a llorar. Nos vemos inmersos y perjudicados en una guerra comercial que no merecemos, mientras que nos encontramos en una Unión Europea que debería generar una política agraria y de alimentación centrada en ofrecer un futuro estable al medio rural. No cabíamos en casa y parió la abuela.

Motivos hay de peso y de sobra para que el próximo 10 de octubre nos manifestemos todo el sector en Madrid. Hay que defender el olivar tradicional.