Cacería política y mediática

Las macrocausas que se han investigado en la última década en Sevilla, antes de convertirse en ese monstruo procesal imparable e inabarcable que arrastra a los investigados cual tsunami, se iniciaron con una cacería política impulsada, en este caso, por el Partido Popular y el entonces candidato a la Alcaldía de Sevilla –luego ministro del Interior– Juan Ignacio Zoido, y jaleada por determinados medios de comunicación alineados en lo que se conoce como la derecha mediática, afín a esta formación política.

Todo comenzó en el año 2009 con el caso Mercasevilla, que fue la génesis de las demás macrocausas como la de los ERE, los cursos de formación, Invercaria o los avales y préstamos de la agencia IDEA. Todos macroprocesos en los que se repetían los mismos protagonistas: una misma instructora, una misma acusación popular e incluso en muchos casos coincidían los abogados defensores de los imputados.

El intento de extorsión a los empresarios de La Raza para que pagaran una mordida de 450.000 euros a cambio de la concesión de una escuela de hostelería, ha sido la única instrucción de Mercedes Alaya que ha sido avalada en una sentencia, pero sólo a medias, porque de los cuatro procesados iniciales sólo fueron condenados finalmente a pagar una multa de 600.000 euros y a 21 meses de inhabilitación los ex directivos del mercado mayorista Fernando Mellet y Daniel Ponce. A Alaya se le escapó la pieza política de este caso, el que fuera delegado provincial de Empleo Antonio Rivas, quien fue absuelto por el Tribunal Supremo.

Desde el inicio de esa investigación se pudo apreciar cómo el PP de Zoido, arropado por esos medios afines, no iba a dejar pasar la oportunidad para acorralar en los tribunales al entonces alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín (PSOE), quien aguantaba en el puesto elección tras elección.

La investigación por el cobro de las comisiones se había iniciado por la fiscal jefe, María José Segarra –actual fiscal general del Estado–, pero el PP impidió que la investigación del Ministerio Público continuara al presentar el 24 de abril de 2009 una denuncia en el juzgado de guardia, que correspondió por turno de reparto al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, cuya titular era hasta ese momento una juez más de Sevilla, Mercedes Alaya, a la que Zoido conocía por su pasado como antiguo decano de los jueces de la capital hispalense.

La utilización del caso llevó a Zoido a dar una rueda de prensa en la sede del PP de Madrid junto al entonces vicesecretario de comunicación, Esteban González Pons, en la que denunciaron los “brazos caídos” de la Fiscalía General del Estado –Cándido Conde Pumpido era entonces el fiscal general– y de la Policía ante este caso de corrupción, por usar una supuesta doble vara de medir en función de si había implicados del PP o del PSOE.

La propia Fiscalía de Sevilla tuvo que salir al paso de las críticas del PP, argumentando que la denuncia de los populares obligó a cerrar una investigación que se había iniciado en febrero de 2009. La denuncia se dirigía contra ocho personas, entre ellos, el alcalde Monteseirín y el primer teniente de alcalde y portavoz de IU, Antonio Rodrigo Torrijos, quien fue otro de los objetivos más perseguidos de esta cacería política.

Monteserín nunca fue investigado, al contrario que Torrijos, que fue procesado en la causa por la adjudicación del concurso para la venta de los suelos de Mercasevilla y que fue finalmente absuelto con todos los pronunciamientos favorables, en otra contundente sentencia de un Juzgado de lo Penal de Sevilla que ponía en entredicho la investigación de Alaya.

Esa sentencia supuso un nuevo varapalo a una peculiar forma de instruir, puesto que los cargos contra los diez acusados –entre ellos, responsables políticos, empresarios y funcionarios de Urbanismo– quedaron en nada. Hasta llegar a esa absolución, el líder de IU tuvo que soportar una auténtica campaña de acoso de la derecha mediática, que llevó incluso a portada la fotografía de la famosa mariscada de Mellet y Torrijos en Bruselas. Torrijos fue absuelto y nunca más se supo de esa pantagruélica comida, cuyo gasto se investigó, como se hizo hasta la saciedad con otros tantos en la empresa pública Mercasevilla sin que se haya producido ningún reproche penal.

El supuesto delito societario que tanto buscaron la juez y los populares, con los gastos de la tarjeta Visa de Mellet, entre los que se incluían almuerzos en algunos de los mejores restaurantes de Sevilla, y las supuestas irregularidades en la contabilidad del mercado, se diluyó hasta quedar en cuatro supuestos casi anecdóticos, de los que sólo el pago de la beca se ha considerado finalmente ilícito.

De todo lo que representó el caso Mercasevilla sólo hubo la condena por cohecho a los hosteleros y la pena mínima de dos años a Mellet por conceder una beca a la hija del presidente de la asociación de Mayoristas de Pescado para que completara sus estudios en Londres, una sentencia que no es firme dado que se ha anunciado su recurso ante el Tribunal Supremo, que tendrá la última palabra.

La estrategia del PP y sus medios más próximos continuó con la principal línea de investigación que surgió de Mercasevilla: el escándalo de los ERE fraudulentos, que se abrió el 19 de enero de 2011 con las célebres diligencias previas 174/2011 y se convirtió en el principal argumento para tratar de desgastar y derrocar a los socialistas, pero no ya en el gobierno local de Sevilla, sino en la Junta de Andalucía. Zoido ganó ese mismo año las elecciones municipales del 22-M, consiguiendo 20 concejales, un récord histórico, pero tras cuatro años de mandato, en 2015 dilapidó esa espectacular ventaja y fue desbancado del cargo por el socialista Juan Espadas.

Mientras tanto, la campaña continuó a medida que Alaya iba escalando esa pirámide de responsabilidades que le llevó a acuñar incluso una nueva figura jurídica hasta ese momento nunca vista: la preimputación de los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, que se hizo coincidir hábilmente con la toma de posesión del nuevo Gobierno de Susana Díaz, en septiembre de 2013.

El caso de los ERE se presentó como el mayor caso de corrupción, con el que se pretendía minimizar otros escándalos en los que se ha visto envuelto el PP, pero las diferencias son relevantes. En los ERE no se ha acreditado que los ex altos cargos –más allá de contadas excepciones– se hayan lucrado de unas ayudas de las que se afirma con ligereza que fueron “arrebatadas a los parados andaluces”, una cantinela que se repite con insistencia en la lucha política.

Pero lo cierto es que los 6.000 beneficiarios que se acogieron a las prejubilaciones durante la década investigada (2001-2010) siguen percibiendo en la mayoría de los casos esas retribuciones. Uno de los falsos mitos –y no son pocos– del caso se basa en la afirmación de que todas las ayudas son fraudulentas, los más de 741 millones que se concedieron en ese periodo, según la cuantía que fijó en sus conclusiones provisionales la Fiscalía Anticorrupción, cuando esas ayudas siguen abonándose con normalidad en la actualidad. Y los trabajadores no han sido traídos al proceso como partícipes a título lucrativo, ni se les ha reclamado la devolución del dinero.

A la espera de la sentencia sobre el caso de los ERE que lleva ya varios meses redactándose, las tesis de las macrocausas de la juez Alaya han fracasado estrepitosamente en las sentencias.