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UN paso fundamental para la credibilidad de España. De esta manera definió el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, la reunión ayer del Consejo de Política Fiscal y Financiera en la que las comunidades autónomas presentaron sus planes de ajuste. Ha sido fundamental, en efecto, que estos planes, encaminados a reducir el déficit público de las autonomías al 1,5% de los PIB respectivos, hayan sido aceptados por el Gobierno, con la excepción del formulado por Asturias, que se encuentra en una situación política excepcional. El acuerdo permitirá tranquilizar a los socios de la Unión Europea y a los mercados financieros acerca de la situación de la economía española y el compromiso de todas las administraciones del país con la austeridad como instrumento imprescindible para el saneamiento de las cuentas públicas y el abordaje de las políticas de crecimiento futuras. Al inicio de la reunión se produjo un tenso desencuentro entre el Ministerio de Hacienda y el Gobierno andaluz, centrado en la partida de 506 millones de euros que la Junta tenía contabilizados como ingresos procedentes de fondos europeos. El Gobierno impugnó esta cifra, lo que originó una negociación bilateral que, felizmente, concluyó con cesiones por ambas partes acerca de la cuantificación de tales ingresos. Eso permitió salvar un escollo de enorme trascendencia por afectar al plan de reequilibrio económico-financiero elaborado por la comunidad autónoma más poblada y en manos de un gobierno de coalición entre el PSOE e Izquierda Unida. Finalmente, la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, se comprometió a realizar un nuevo ajuste de más de doscientos millones, que habrá que concretar en los próximos días, para salvar la negociación y hacer posible el importante acuerdo político que alivió las incertidumbres de la jornada de ayer. El control del déficit es ya un compromiso de todos los gobiernos autonómicos, con la excepción, salvable en el tiempo y políticamente poco significativa, de Asturias.
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