El Gobierno andaluz congela la tasa turística

Un observatorio es el artilugio ideal para congelar una propuesta política. O una mesa de estudio. O una comisión interdepartamental. Esto es lo que ha hecho el Gobierno andaluz con la tasa turística, al crear un observatorio para recabar datos y analizar los efectos perjudiciales que esta actividad puede generar en las arcas municipales. Congelar, retrasar, demorar o dar una patada hacia delante, lo cierto es que al presidente de la Junta, Juanma Moreno, nunca le ha gustado la implantación de este nuevo tipo, aunque ha dejado que algunos alcaldes de ciudades gobernadas por el PP propugnen su implantación.

Finalmente, el consejero de Turismo, Arturo Bernal, el mayor opositor a esta figura, ha acordado la creación de ese observatorio con los empresarios y los alcaldes, de modo que Federación Andaluza de Municipios y Provincias se encargará de estudiarla, es decir, de aparcarla si se tiene en cuenta que la literalidad nunca refleja el designio real de la política. La posición en el PP distaba mucho de ser unánime. La consejera de Economía, Carolina España, se había manifestado a favor, así como los alcaldes de Córdoba, José María Bellido, y de Málaga, Francisco de la Torre, aunque con matices. Todos, incluido el de Cádiz, Bruno García, aceptan la solución propuesta por Bernal. Más belicoso ha sido el de Sevilla, José Luis Sanz, cuyas diferencias con Juanma Moreno siempre dejan rastro.

Bajada masiva de impuestos

Las razones por las que el Gobierno andaluz se opone a ellos son, básicamente, dos. Juanma Moreno basó su primera campaña electoral, la de 2018, en la promesa de una bajada masiva de impuestos, y la reducción fiscal ha sido casi la única bandera ideológica que el PP ha ondeado frente a sus competidores. Así que resulta complicado que Moreno sea quien estrene el impuesto en la comunidad, porque el tipo fiscal que se aplicaría a las pernoctaciones en hoteles y apartamentos no es una tasa, sino un impuesto. Una tasa es un cobro que las administraciones hacen a los ciudadanos por un servicio prestado, así que lo que grava al turismo en muchas ciudades del mundo es un impuesto, y éste necesita de una legislación autonómica o estatal.

La segunda razón tiene que ver con la extensión de Andalucía. El impuesto no discrimina entre clientes andaluces y no andaluces; no puede, de modo que una familia cordobesa que pase unos días de verano en un hotel de Fuengirola terminaría pagando el tributo. O un sevillano en Sanlúcar o un gaditano en Chiclana. Así que la recaudación se basaría en buena medida en los impuestos que pagarían los propios andaluces, muchos de los cuales pasan algunas vacaciones y puentes dentro de la propia comunidad.

Este último factor se puede corregir un poco, tal como ha hecho la Generalitat, al implantar un impuesto muy bajo en toda la comunidad, a la vez que concede un margen de subida a los municipios. Barcelona aplica una recarga de 3,25 euros a la tasa de la Generalitat, que oscila entre un euro para alojamientos de cuatro estrellas y 3,5 euros para los de cinco. Si son cruceristas, la cantidad añadida llega a los cuatro euros. Cataluña y Baleares son las únicas comunidades con este impuesto, la valenciana la aprobó pero quedó derogada por el nuevo Gobierno del popular Carlos Mazón.

Algunos de los argumentos de la Junta han saltado por los aires por la decisión del consejero de Turismo, Arturo Bernal, que es además de Cultura, de cobrar por entrar en los museos autonómicos. A la vez que Juanma Moreno defiende que sería perjudicial que un andaluz pagase una tasa turística por alojarse en su propia comunidad, Bernal anuncia que implantará unas tarifas para los museos que también abonarán los ciudadanos que vivan en esa ciudad. Como sostienen algunos de sus compañeros en el Consejo de Gobierno, el titular de Turismo no se caracteriza, precisamente, por su finura en la política, le reconocen el amplio conocimiento del sector, pero también que sólo tenga ojos quienes parecen sus representados.

Autonomía municipal

Algunos ayuntamientos, tanto populares como socialistas, querrían que la Junta les dejase una base normativa sobre la que poder regular la tasa. El argumento básico que esgrimen los municipios es que la administración local es la única que no gana con el turismo y es la que acarrea con el gasto extraordinario de los servicios. En ciudades como Sevilla y Málaga, cuyos centros históricos soportan una carga de visitantes muy grande durante todo el año, se multiplican los gastos de limpieza y de renovación del mobiliario, que llegan a ser enormes para atender a los grandes eventos.

La patronal argumenta que el turismo genera 450.000 empleos, que los visitantes pagan el IVA y que movilizan la economía andaluza, pero los ayuntamientos no ingresan ningún tributo por la afluencia. Los defensores del impuesto también defienden que es una figura que puede servir para regular un sector que comienza a provocar molestias a la ciudadanía. El crecimiento descontrolado de los pisos turísticos, por ejemplo, ha provocado el alza de los precios de las viviendas en los centros históricos, además de efectos perniciosos sobre la propia convivencia de los vecinos. Es un fenómeno del que ya dio cuenta Barcelona hace una década, pero que hoy es visible, de modo especial, en Sevilla y Málaga.