El PP intenta acorralar a Susana Díaz con el trabajo de su esposo en UGT

La primera ronda de comparecencias de la comisión de investigación del fraude de los cursos de formación acabó ayer. Pero la comisión ya había muerto hace días. La ausencia de la ministra de Empleo, Fátima Báñez, fue un rejonazo de muerte para la legitimidad del PP, el partido que ha sido el principal impulsor de una comisión creada para dilucidar las responsabilidades políticas sobre un fraude que se está investigando en 12 juzgados andaluces. Pero la comparecencia de la presidenta Susana Díaz en el día de ayer certificó la defunción por excesiva escenificación, el dichoso teatrillo que se impone a la investigación en estos casos.

La interrogadora del PP, Teresa Ruiz-Sillero, intentó acorralar a Díaz por el pase de su marido por una fundación de la UGT, el IFES, un instituto que daba cursos y al que la Junta solicita la devolución de 12 millones de euros por irregularidades en ellos. "¿Cuánto dinero de los cursos ha entrado en su casa?", le preguntó la parlamentaria popular, a lo que Díaz respondió: "Mi marido es un trabajador, su pecado es estar casado conmigo, fue auxiliar administrativo en UGT y después en el IFES, cobraba entre 700 euros y 1.200 euros con las extras prorrateadas, y dejó el IFES cuando yo comencé a ser presidenta".

El interrogatorio alcanzó tonos demasiado elevados. "Míreme a los ojos", le espetó Díaz a Ruiz-Sillero mientras le mostraba las nóminas de su esposo y la vida laboral de éste, que ha transcurrido desde 1992 entre empresas privadas, UGT y algunos períodos de desempleo. "¿Sabe lo que es un auxiliar administrativo de apoyo? -comenzó Díaz en uno de los momentos más duros del diálogo- Es el que introduce los datos en el ordenador, el que buscaba a los alumnos para llevarlos a clase, el ibeeme que iba por los ordenadores, el que lleva las cajas, ya sé que es un tipo de trabajo que a ustedes les coge muy lejos. Me he casado con un tieso, sí", sentenció la presidenta en referencia a su cónyuge.

Díaz fue elegida presidenta por el Parlamento autonómico en septiembre de 2013, y el período investigado se extiende hasta 2012, por lo que sus responsabilidades políticas son nulas en este asunto. Aun así, la comisión entendió que la presencia de la jefa del Gobierno era importante para que explicase por qué paralizó las convocatorias de cursos, iniciativa que tomó a partir de que se conociesen las primeras investigaciones en los juzgados andaluces. No obstante, el PP llevaba meses preguntando a Díaz por la relación de su marido con anterioridad, aunque en ese momento no era presidenta, aunque sí un cargo del PSOE.

Ruiz-Sillero reveló todo lo que tenía: José María Moriche había trabajado durante ocho años en el IFES, institución al que se le solicita la devolución de 12 de los 14 millones de euros conseguidos, entre otras razones por cargar al presupuesto de los cursos un personal de estructura como docentes, como es el caso del aludido. Pero poco más, no parece que ese fuese un elemento sustancial para explicar las irregularidades que los juzgados y la Cámara de Cuentas han encontrado en la gestión de este tipo de políticas que dejaron de ejercerse en 2011.

La gestión de los cursos de formación sí deja bastantes dudas sobre la relación del Gobierno andaluz con personas y familiares del entorno del PSOE, como es el caso del Fondo Formación de Empleo (Faffe), una entidad de la Consejería de Empleo que fue la cuarta beneficiaria tras UGT, CCOO y la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA). El anterior vicesecretario general del PSOE en Andalucía, Rafael Velasco, dimitió después de conocerse que su esposa regentaba una empresa que recibía dinero de la Junta para dar cursos.

En el segundo turno, y a pesar de lo huero del interrogatorio, Ruiz-Sillero volvió a preguntarle a Díaz por el dinero que entraba en su casa. "No insinúe, tenga la gallardía de decirlo alto", le respondió la presidenta. Ruiz-Sillero concluyó con la acusación de que la presidenta era "la máxima responsable política de este fraude", aunque en efecto en el período investigado no estaba en el Gobierno. Es ése tipo de frase que parece ideada para un titular, para el cierre de un buen acto, antes que una herramienta para intentar saber lo sucedido. "Ustedes montaron una gran farsa, en un Martes Santo, cuando dirigentes de su partido y del Ministerio de Interior hablaron de un fraude masivo de 3.000 millones de euros en Andalucía, y el engaño sólo lleva a la desesperación, me da hasta pena del papel que su partido le ha adjudicado", le respondió la presidenta.

Díaz justificó por qué paralizó la convocatoria de cursos de formación cuando accedió al cargo. "Paralizaré cada vez que tenga dudas -dijo-, porque los ciudadanos deben tener la garantía de que se está gastando bien hasta el último euro". La presidenta siguió con la explicación: "Había sospechas, algunos sostenían que era algo generalizado, parece que no, y no paralicé, sino que mantuve la paralización". En efecto, ya en el mandato de José Antonio Griñán no se realizaron más convocatorias de cursos de formación, aunque los juzgados andaluces aún no habían abierto investigaciones. Según el ex presidente, que ocupó el cargo de 2009 a 2013, la razón fue el traspaso de competencias de formación profesional desde la Consejería de Empleo a la de Educación. Posteriormente, y ya en el mandato de Díaz, fue cuando surgieron informaciones que procedían desde 18 juzgados andaluces sobre irregularidades en los cursos; en ocasiones se trataba de fraude a la Seguridad Social, otras de dinero recibido por formación que no se dio y en otras de dudas sobre la limpieza de los contratos, ya que había personas ligadas al PSOE. Como consecuencia de la paralización, la Junta ha tenido que devolver cerca de 600 millones de euros al Gobierno central por la supresión de estas políticas de empleo. Díaz sostuvo ayer que esos fondos no se han perdido, y reveló que le pidió al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que destinase esos fondos retenidos a un plan de empleo en Andalucía.

Ante la pregunta del parlamentario de Podemos Juan Ignacio Moreno Yagüe sobre esas "sospechas", la presidenta relató: "Si hay diligencias en los juzgados y hay detenciones masivas, que ya veremos en qué queda, y todo eso unido a un informe de la Cámara de Cuentas, me llevan a seguir con la paralización. Hay quien le gustan las soluciones tibias, a mí no".

Susana Díaz informó que de que de los 90 millones que el Gobierno andaluz ya ha reclamado en firme a empresas y organismos públicos por ayudas a la formación, "un millón ya se ha abonado en voluntaria y dos millones en ejecutiva en el mes de marzo". Además, aseguró que espera las cantidades de reintegro sean mayores con el transcurso de los meses.

La jefa del Ejecutivo aprovechó la oportunidad para atacar la decisión de la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, de no acudir a la comisión de investigación al esgrimir un informe del Consejo de Estado, que ponía en duda que el Parlamento tuviera competencias para obligar a un miembro del Gobierno central a declarar. Por su parte, la presidenta se mostró "encantada" de ir al Parlamento, aunque no tuviera competencias cuando ocurrieron los hechos investigados.