Los ayuntamientos acaparan las quejas por falta de transparencia

Sevilla/"La carga de trabajo está superando todas las expectativas". El director del Consejo de Transparencia yProtección de Datos de Andalucía, Manuel Medina, muestra su perplejidad por el aluvión de reclamaciones sobre acceso a la información pública registradas en la primera mitad del año y por el hecho de que que ocho de cada diez se dirigen contra los ayuntamientos. Sólo en el segundo trimestre, el organismo que dirige Medina contabilizó un total de 250 quejas -de las que 214 afectan a instituciones locales-, más que en todo 2016, año en el que el consejo echó a andar con una evidente penuria de medios humanos y materiales.

"El problema era el bloqueo de la relación de puestos de trabajo. Hubo una cierta dificultad para llegar a lo que queríamos, pero hemos alcanzado un acuerdo razonable para el área de transparencia que está pendiente únicamente de la firma de la consejera de Hacienda", sostiene este catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, cuyo nombramiento recibió la bendición de todos los grupos del Parlamento tras ser el único candidato al cargo a propuesta del PSOE.

El consejo es el órgano encargado de velar por el cumplimiento de la ley de Transparencia, aunque no fue creado hasta enero del año pasado, unos seis meses después de la entrada en vigor de esta norma, una de las medidas estrella lanzadas por la presidenta de la Junta, Susana Díaz, en su discurso de investidura. Cuando llegó a su despacho, Medina ya se encontró con una treintena de reclamaciones encima de la mesa.

Algo más de la mitad de las quejas recibidas en 2016 -concretamente, el 52%- se dirigieron contra la administración regional, pero las tornas han cambiado dramáticamente en 2017 en detrimento de los municipios. "Creo que se debe a que los ciudadanos empiezan a conocer la institución. También influyen las dos rondas de visitas a diputaciones, con decenas de resoluciones ya dictadas, lo que tuvo repercusión en la prensa local", señala el director del consejo. "Asimismo, es posible que se ha pasado de una fase de curiosidad sobre aspectos generales como sueldos para empezar a reclamar sobre aspectos que conciernen directamente a los ciudadanos", agrega Manuel Medina.

El aluvión de quejas está provocando un atasco en las resoluciones. "No estamos resolviendo con toda la celeridad que nos hubiera gustado", admite el director del consejo, que espera que la situación mejore una vez que se amplíe el personal. En 2016 se dictaron 143 resoluciones sobre acceso a la información pública y en lo que va de año se ha alcanzado un total de 77, de las que en torno al 40% han sido estimadas.

Una peculiaridad que diferencia a este organismo de sus homólogos de Cataluña y País Vasco es que no hace control de oficio sobre el cumplimiento de la publicidad activa, la información que las administraciones están obligadas a publicar en el portal de transparencia. En cambio, sí admite denuncias. En 2016 recibió un total de 67 reclamaciones en este apartado, cifra que ya se ha rebasado en la primera mitad de 2017. En lo que va de año se han 110 quejas, 97 de ellas en contra de los municipios. "La ley es muy ambiciosa y el cumplimiento de todas y cada una de las exigencias de publicidad activa no es tarea fácil, sobre todo para los municipios pequeños, que tienen que asumir un volumen considerable de trabajo", sostiene Medina.

Pese a las críticas de la oposición al oscurantismo de la Junta de Andalucía, el director del consejo considera que la administración regional sí ha avanzado en esta materia. "No hacemos un control de oficio, sino a partir de las reclamaciones. Y una cosa es que se denuncie en los medios, y otra distinta es que se presente una reclamación", afirma Manuel Medina.

Precisamente, el organismo dio la razón al Partido Popular después de que la formación denunciara a la Consejería de Hacienda por no publicar el anteproyecto de la Ley de Presupuestos de 2017. "Al detectarse que no se había publicado, estaba claro que se había producido un incumplimiento de la exigencia de publicidad activa", relata su director.

En cambio, el consejo inadmitió una queja presentada por los populares en la que reclamaba a la Junta datos sobre las cantidades reintegradas a la administración por el caso de los ERE y los cursos de formación. El PP acudió a los tribunales y un juzgado de Sevilla desestimó la demanda, al considerar que ya se le había respondido por el cauce parlamentario.

"El objetivo de la ley de Transparencia es que los ciudadanos controlen a los cargos públicos. No está para que los políticos se controlen entre ellos, ya que ellos tienen sus propias vías de acceso a la información, que son incluso jurisdiccionalmente privilegiadas ante el Tribunal Constitucional", indica Medina, que admite que uno de los problemas a los que se enfrenta esta ley es que se convierta en arma arrojadiza entre los partidos.

Eso sí, insiste en que no ha recibido "absolutamente ninguna presión por parte ningún gobierno, ni autonómico ni municipal, ni tampoco por parte de ningún grupo de la oposición". "No sé si debería decirlo", confiesa.