La otra cara de la 'vía andaluza': Buenos datos económicos y fallos en los servicios públicos

Andalucía es una isla en el panorama político español. En San Telmo lo denominan la ‘vía andaluza’, una manera de gestionar huyendo de la crispación, dialogando con otras fuerzas políticas y llegando a acuerdos con el Gobierno central. Desde la oposición entienden que esa ‘vía andaluza’ no es más que una fachada de Juanma Moreno ‘el moderado’ como lo designan. Pero lo cierto es que el debate político en estas tierras se realiza unos decibelios por debajo de los gritos que llegan desde Madrid, con menos insultos y menos rechazo ciudadano.

Claro que ese modelo también tiene otra cara. Andalucía registra buenos datos económicos globales, con una reducción del paro del 9%, cerca de 3,5 millones de cotizantes a la Seguridad Social y una previsión de crecimiento económico para 2025 por encima del 2%.

Frente a esta bonanza económica, hay problemas que no han hecho más que agravarse en 2024. Y no se trata sólo de cuestiones coyunturales, como las dificultades de acceso a la vivienda o la falta de infraestructuras, sino de fallas en el funcionamiento de los servicios públicos esenciales.

Remodelación del Gobierno andaluz

Y no se trata sólo de una percepción. Para tratar de hacer frente a estos evidente problemas de gestión, el presidente de la Junta acometió una crisis de Gobierno el último día hábil del mes de julio, crisis que anunció con dos meses y medio de adelanto, toda una osadía política. Moreno cambió tres piezas clave en su Ejecutivo: Salud, Educación y la Portavocía, y puso en manos de dos técnicas los pilares del Estado del Bienestar: una médico experta en Atención Primaria, y una inspectora de Educación. Y le entregó la portavocía a Carolina España, consejera de Hacienda y con un perfil más duro que su antecesor para encargarle el papel de “poli mala”.

La Sanidad

Es evidente que el sistema público de salud no pasa por un buen momento en España. La pandemia ha dejado muy tocado a un servicio esencial en un país, además, cada vez más envejecido. En Andalucía la Atención Primaria se ha convertido en un tapón que impide a los ciudadanos acceder a la sanidad y cuando el Gobierno presentó su plan para desatascarla se descubrió que los centros de salud reservaban nada menos que el 50% de su agenda para imprevistos. A esto se suman las listas de espera para atención de los especialistas y las listas de espera quirúrgicas, con más de 150 días de demora para ser atendidos. El descontento de los ciudadanos y los profesionales ha ido en aumento. En este mes de diciembre, el SAS ha presentado un plan para hacer frente a esta situación. Habrá que esperar unos meses para evaluar su impacto aunque ya han anunciado que la espera va por 120 días.

Y los contratos de emergencia

El Gobierno andaluz se ha encontrado este año 2024 que hoy concluye con su primer frente judicial. El PSOE, tras meses de recopilación de informes, presentó una denuncia por la firma de contratos de emergencia con empresas privadas durante los años 2021, 2022, 2023 y 2024, cuando ya se había derogado la normativa que los autorizaba. Una denuncia que están investigando los tribunales y que tiene imputados a la actual gerente del SAS, Valle García, y a sus dos antecesores, Diego Vargas y Miguel Ángel Guzmán.

Desde el Gobierno andaluz insiste en que no hay nada ilegal, todo lo más “un reproche administrativo” pero el PSOE insiste en que se trata de un caso de corrupción. Es desde luego, su más sonada campanada en su labor de oposición. Está en duda el gasto de 242 millones de euros.

Dependencia

Las listas de espera para acceder a la Dependencia son otro lunar negro en este año 2024. La consejera de Igualdad, Loles López, ha puesto en marcha un nuevo sistema de gestión con la esperanza de aliviar un sistema que está rozando el caos. “Me importan las personas, no los números”, ha dicho previendo que el cambio de modelo está generando tensiones. El primer trimestre de 2025 será clave para verificar si funciona o no la estrategia desplegada.

La tasa turística

Si ha habido un debate que ha marcado todo el año que ahora termina ha sido el de la tasa turística. Los alcaldes de las capitales andaluzas, todos del PP, reclaman más fondos para prestar los servicios públicos de limpieza, seguridad y mantenimiento de sus ciudades frente a las quejas de sus vecinos que están percibiendo el turismo como un fenómeno hostil. El Gobierno andaluz no quiere imponer esa tasa turística porque entienden que es una subida de impuestos, lo que está contra de su programa político. Y por ello han creado un observatorio junto a los empresarios y los ayuntamientos para tomar decisiones. Hay una realidad incuestionable: los andaluces no quieren que sus ciudades se conviertan en parques temáticos con centros históricos sin vecinos y copados por viviendas turísticas.

La dana

Los fenómenos meteorológicos extremos que han asolado Valencia han pasado por Andalucía con resultados mucho más beneficiosos: las lluvias torrenciales han llenado los pantanos aliviando la sequía, sin causar daños personales aunque sí materiales. Lo que está fuera de dudas es que gestión de las emergencias en Andalucía ha sido modélica. Sobre todo porque los servicios de emergencia estaban perfectamente coordinados, con planes de emergencia en los que todas las administraciones, sin excepción, sabían lo que tenían que hacer y lo hicieron.

También aquí se ha puesto en práctica la ‘vía andaluza’: ni un reproche político, ni una diferencia de criterio y, sobre todo, información casi en tiempo real entre los diferentes responsables políticos.

El Acuerdo por Doñana

Este espíritu de colaboración nació con la firma del Acuerdo por Doñana en noviembre de 2023 entre el Ministerio de Transición Ecológica bajo la dirección de Teresa Ribera, y la Junta de Andalucía. Con una inversión de 1.400 millones de euros a partes iguales entre ambas administraciones, el objetivo es recuperar el entorno del Parque Nacional manteniendo la agricultura de su comarca que da de comer a muchas familias andaluzas.

A lo largo de este año se han ido sentando las bases de ese reparto, con dificultades y tensiones, pero sin romper ese espíritu de acuerdo.

Financiación autonómica

Desde el año 2014 está sobre la mesa la remodelación del modelo de financiación autonómica que perjudica a Andalucía cada año con la pérdida de 1.522 millones de euros de fondos del Estado. El acuerdo firmado entre el Gobierno central y ERC para investir a Salvador Illa como presidente de la Generalitat de Cataluña incluye lo que denominan una “financiación singular” que en la práctica supone la salida de esta comunidad autónoma de la caja común de hacienda.

Un pacto que ha generado una intensa ola de contestación en todas las comunidades autónomas que lo consideran un privilegio insostenible además para el resto de haciendas públicas. Hasta la fecha no se ha ejecutado, ni siquiera planteado, cómo se llevará a la práctica.

Menos burocracia y más digitalización

La administración andaluza está pasando por un proceso de renovación tecnológica. Tras años de anuncios sobre la accesibilidad y la digitalización de todos los trámites, el Gobierno andaluz inició el año 2024 con una ambiciosa reforma de simplificación administrativa en todos los ámbitos. Un cambio de modelo de gestión que la oposición mira con recelo porque entiende que supone la relajación de los controles administrativos. A esto se une la Agencia Digital de Andalucía que está desplegando procedimientos para que sea efectivo ese salto de la administración.