El Congreso tramitará la ley de Andalucía para que personas con discapacidad intelectual accedan a la función pública

Todos los grupos del Congreso de los Diputados se han mostrado partidarios de tomar en consideración la Proposición de Ley del Parlamento de Andalucía, de reforma parcial del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, para adecuar el acceso de personas con discapacidad intelectual a la función pública, que se ha debatido este martes en la Cámara Baja. El texto propone la modificación del apartado dos del artículo 61 para añadir que "las pruebas de acceso para las personas con discapacidad intelectual consistirán en una prueba de situación que permita valorar las habilidades y destrezas necesarias para el desempeño de las tareas propias del puesto de trabajo".

Para su presentación en la Cámara Baja, ha acudido una delegación del parlamento autonómico formada por Toni Martín (PP), María del Pilar Navarro (PSOE) y Esperanza Gómez (Por Andalucía). Esperanza Gómez ha explicado que la prueba a la que se somete a las personas con discapacidad intelectual para acceder a la función pública es "un examen más facilito, pero un examen en resumidas cuentas", una prueba que "no es la más adecuada" y es "ineficaz" para cumplir con el cupo del 2% que contempla el Estatuto Básico del Empleado Público. "Las personas con discapacidad intelectual tienen enormes dificultades para memorizar cuestiones relacionadas con nuestro ordenamiento jurídico, nuestro sistema político español o nuestras leyes administrativas. Pasan años estudiando. Las familias nos cuentan que ese tiempo supone una auténtica tortura".

Por ello, en la ley proponen "una prueba de situación, una prueba práctica, en la que se valoren sus competencias en el desempeño de las tareas que van a realizar en la Administración, que no tiene nada que ver con el conocimiento de la Constitución o las leyes administrativas". "No siempre vemos a personas adultas con capacidades diferentes, vemos niños y niñas eternas. Pero las personas con discapacidad intelectual tienen los mismos sueños que las demás. Quieren emanciparse, amar, trabajar y aportar a la sociedad. Por eso, la responsabilidad del poder público, de la Administración pública, es enorme. No basta con establecer un cupo y dejarlos a su suerte", ha remarcado.

Apoyo del PSOE y del PP

La diputada del PSOE andaluz Pilar Navarro ha comparado el avance que supone esta ley con la llegada del hombre a la Luna. "Si me permiten el símil, y salvando todas las distancias, aprobando esta toma en consideración y aprobando después, cuando se traiga de nuevo esta iniciativa para su aprobación definitiva, señorías, ustedes, con su voto favorable, estarán permitiendo algo similar a aquello que se sintetizó en esa famosa, célebre frase de Neil Armstrong cuando dijo: 'Esto es un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad'". En este sentido, la diputada ha precisado que ha traído a colación estas palabras de un americano, no por casualidad, sino porque "no corren buenos tiempos a nivel internacional para las minorías ni para las personas en situación de desigualdad, como son los migrantes y las personas con discapacidad".

El portavoz del Grupo Popular del Parlamento de Andalucía, Toni Martín, ha puesto en valor esta iniciativa que salió adelante en el Parlamento andaluz con un acuerdo "sin trincheras ideológicas y sin sectarismo", y ha destacado que permite eliminar el "muro" con el que se encuentran las personas con discapacidad intelectual en el acceso al empleo público. "Esta iniciativa busca algo muy simple, pero muy poderoso, que es eliminar barreras. Y es que, deben saberlo, para las personas con discapacidad intelectual que intentan acceder a una plaza de la función pública, se encuentran con que las pruebas de acceso no son una puerta, sino que en muchas ocasiones son un auténtico muro", ha advertido.

Respaldo del resto de grupos

En el turno de fijación de posiciones, por el mismo Grupo Parlamentario Popular, la diputada María Lourdes Ramírez ha destacado que "la inclusión de las personas con discapacidad en la función pública no es una cuestión de ideología, sino de justicia social", una "deuda pendiente con miles de ciudadanos que desean aportar su talento y su esfuerzo al servicio público y que hasta ahora han encontrado barreras que dificultan su acceso". Mientras, por el grupo parlamentario socialista, el diputado José Losada ha señalado que, en un contexto en el que "solo el 23% de las personas con discapacidad intelectual tienen trabajo", se necesitan "políticas públicas más inclusivas, poniendo el foco en la eliminación de barreras de acceso".

En todo caso, ha recordado que el Estatuto Básico del Empleado Público "es de carácter básico, porque son las comunidades autónomas las que deben legislar" dentro de su ámbito competencial y ha apelado al gobierno andaluz. "Trabajar de verdad por las personas con discapacidad es también mejorar y no desmantelar la sanidad pública, como está haciendo el PP en Andalucía", ha criticado.

Desde Vox, el diputado Emilio del Valle ha recordado que su partido en Andalucía ya votó a favor de esta iniciativa, y ha añadido que "como no puede ser de otra manera", aquí también contará con su apoyo. Además, ante las críticas de la diputada de Podemos Martina Velarde, que les ha acusado de "vendepatrias" y de querer "acabar con el diverso", Del Valle ha asegurado que "sus insultos son medallas" para ellos, y la ha acusado a su vez de tener un "talante comunista y antidemocrático".

Además, la diputada de Sumar Engracia Rivera ha recordado a otras personas que también necesitan adaptaciones en los procesos selectivos "para que las ofertas de empleo público no resulten en un simple brindis al sol" como las personas con autismo (TEA), con dislexia o con trastorno por déficit de atención (TDAH).

También ha mostrado su apoyo a la iniciativa el diputado del PNV Mikel Legarda, aunque ha planteado algunas objeciones como que "este tipo de pruebas deban ser siempre las únicas" como "un mandato imperativo", y preguntas como si esta prueba "sería hábil" en todos los casos, por ejemplo, en el acceso a cuerpos funcionariales, que pueden cubrir distintos puestos y distintas tareas de diversa condición.