El Covid-19 se cebó con el DNI en Andalucía

La muerte no es fortuita y fenómenos como las pandemias sirven para demostrarlo. El análisis de la mortalidad a causa del Covid-19 ha revelado áreas en Andalucía donde la tasa de muertes fue muy elevada, superando el promedio de España. Esa realidad ha dado pie a preguntas. Para los investigadores que lo estudian, la declaración de la renta, el DNI y el certificado de empadronamiento son factores de un peso enorme a la hora de morir. Las diferencias económicas y sociales perduran hasta el último día.

Un día como ayer, hace cinco años, las autoridades andaluzas registraron los dos primeros muertos por ese nuevo virus del que todo el mundo hablaba, el nuevo coronavirus. Fueron dos hombres en Málaga. Desde aquel día y durante la denominada fase aguda de la pandemia, un periodo que llegó hasta el 27 de marzo de 2022, hubo en Andalucía un millón y medio de contagios y 13.661 muertos como consecuencia del Covid-19. Ninguno de ellos dio su último aliento en 135 municipios de los 785 andaluces. Era pertinente la indagación de los porqués.

Estos datos forman parte de un estudio publicado el mes pasado en el número 85 de la revista Estudios Geográficos. Con el título La mortalidad por Covid-19 en Andalucía (20202-2022), José Antonio Nieto Calmaestra y Carmen Egea Jiménez analizan las circunstancias mortales de la pandemia, destacando los lugares donde más y menos muertes sucedieron. El objetivo fue la búsqueda de patrones y de anomalías. De aquellos 135 municipios sin defunciones marcianas, sin familias ni casi duelos, destacaron los de la Sierra de Huelva, de Ronda, los Filabres y Sierra Nevada.

La escasa densidad poblacional y el alto grado de aislamiento se revelaron como los elementos que contuvieron la enfermedad. Pero había excepciones que daban qué pensar. Comarcas similares, como el norte de la provincia de Córdoba o el interior de Granada y Almería, no sólo no siguieron esa regla sino que presentaron una mortalidad que los investigadores califican de “preocupantes”, por encima de la media andaluza y de la nacional. Debía de haber otros fundamentos.

El Gobierno decretó hace cinco años el estado de alarma. El sintagma sonaba a guerra. La realidad no resultó muy diferente. Los ciudadanos debían confinarse en casa y la actividad económica hubo de ser interrumpida. Fue el primero de los tres decretos de estado de alarma que estaban por venir. En las azoteas hubo quien protestó con cacerolazos y quien se evadió jugando al tenis o cartografiando el suelo. El virus se propagaba mientras a su voluntad. Y, aunque la irrupción del virus se tradujo en Andalucía en una mortalidad moderada con respecto al país (186 muertes andaluces frente a los 256 españoles por cada 100.000 habitantes), los investigadores hallaron que se había repartido de un modo “desigual”, demográfica y territorialmente. A los patrones pandémicos se sumaron otras causantes, las de siempre.

Anomalías y motivos

No son nuevos los estudios que asocian los perfiles económicos y sociales a la mortalidad. También durante la pandemia: un estudio de la Consejería de Salud de 2022 ya vinculó el nivel de renta con un peor estado de la salud y, por tanto, con una mayor propensión a la muerte. Con un virus respiratorio que afectaba de un modo agudo a los pulmones y que desataba una reacción en cadena al resto de los órganos, como una bomba nuclear, esa propensión se hizo mortífera. En la investigación se reflejan indicios que apuntan a motivos sociales e incluso geográficos.

La Sierra de Aracena, la de Ronda y las áreas del interior almeriense registraron niveles bajos o nulos de mortalidad; también en la Costa del Sol, el Aljarafe sevillano y el Andévalo onubense, a pesar de la alta densidad de la población. En el otro extremo, la mortalidad fue acusada en el norte de Córdoba, en el cuadrante noroccidental de Granada y en ciertas zonas rurales de Jaén, que presentaron unas inusitadas altas tasas de muertes. Aparte, Granada, Jaén y Algeciras destacaron como las capitales con más mortandad, mientras Sevilla, Málaga y Cádiz mostraron una incidencia inesperadamente baja.

Además del patrón lógico de la propagación de un microorganismo respiratorio, que identifica factores esenciales como la densidad de la población o el hacinamiento, la pandemia vino a recordar que la ancianidad y la dificultad para acceder a los centros de salud y hospitales fueron dos factores fundamentales en la alta mortalidad. Son, por otro lado, los mismos factores que sin pandemia de por medio. Y ahí está el tajo para el legislador.

La protección de la vacuna frente a las variantes y a las distensiones

Ni el bautizo del virus –SARS-CoV-2– ni del mal que provoca –Covid-19– sirvieron para reducir el desconcierto y pánico al que se enfrentó la sociedad tras la irrupción de la pandemia. Un siglo después de la llamada gripe española, el planeta regresó a señalar al apestado, a las mascarillas y al encierro. El Gobierno decretó hace cinco años el estado de alarma y, con él, una serie de políticas de excepción que buscaban contener el patógeno. El mundo se había parado, no tanto el virus, que mataba sin miramientos, principalmente a la tercera edad y en las residencias. Sobre esta población comenzó a administrarse la vacuna en diciembre de 2020. Daba entonces inicio la tercera ola, la más mortífera debido a la relajación de aquella primera Navidad pandémica. La relajación fue inevitable, también el aumento de los contagios. La tasa de letalidad –véase el gráfico abajo– fue sin embargo decreciendo con el tiempo, demostrándose la efectividad de la vacunación, cuya campaña se llevó a cabo de modo rodado en Andalucía. Ni la aparición de variantes más contagiosas del virus ni la inevitable distensión de los usos y costumbres ciudadanos volvieron a provocar los picos mortales de la primera, segunda y tercera olas.