¿Nos creemos la autonomía andaluza?

CADA 28 de febrero es una ventana de oportunidad para reflexionar colectivamente sobre la fortaleza de nuestra autonomía andaluza. Al menos desde una doble perspectiva.

Por un lado, la mirada, siempre necesariamente exigente, que nos permita analizar si nuestro Estatuto de Autonomía se está ejercitando desde la Junta de Andalucía de forma adecuada para dar respuesta a los problemas de los ciudadanos y a los principales retos de nuestra tierra. Y, de otro lado, valorar cuál es el peso político que tiene hoy en día la voz de Andalucía en el conjunto de España y en el mundo.

Andalucía ha avanzado mucho desde el referéndum de 1980. Durante las décadas de los gobiernos socialistas fueron evidentes los progresos en convergencia social y económica, en modernización de las infraestructuras, en la extensión de servicios públicos y de derechos ciudadanos, así como en la mejora de los principales indicadores sociales.

Fueron años donde Andalucía lograba abrir informativos nacionales por aprobar leyes que estaban a la vanguardia en el conjunto de España: la ley de muerte digna, la de investigación biomédica, la que regulaba el derecho a la vivienda o la que reconocía la memoria democrática son sólo algunos ejemplos.

Nuestra comunidad desplegaba las competencias previstas en su Estatuto de Autonomía yendo hasta el máximo posible. Porque defendíamos una Andalucía al máximo nivel, que desarrollaba el autogobierno por sí misma, no en contraposición a lo que hicieran o plantearan otros territorios. Es más, en muchas ocasiones Andalucía logró marcar el rumbo y el ritmo del despliegue competencial del Estado Autonómico.

La profunda crisis financiera de 2008 truncó este desarrollo. El Gobierno central, entonces al mando de la derecha, utilizó la crisis como excusa para imponer a las comunidades autónomas una draconiana política de ajustes y recortes en el gasto público, es decir, en el Estado del Bienestar.

La crisis también contribuyó a la asfixia financiera de las comunidades, que tuvieron que sobre endeudarse, acudiendo a los fondos de liquidez autonómica. En realidad, eran préstamos condicionados que había que devolver al Gobierno central del Partido Popular. Andalucía se endeudó para no desmantelar sus servicios públicos y el Gobierno de España de entonces del señor Rajoy hizo caja. Un Gobierno en el que, por cierto, era secretario de Estado de Dependencia el señor Moreno Bonilla.

Si miramos con detenimiento qué ha ocurrido en estos últimos siete años, podemos comprobar que Andalucía se ha beneficiado, y mucho, de las políticas económicas del Gobierno progresista de España: de la reforma laboral, de la revalorización de las pensiones, de las políticas de protección del Estado del Bienestar, o del despliegue de inversiones para modernizar el tejido productivo y prepararlo ante los retos del futuro.

No es casualidad que Huelva y Cádiz lideren una iniciativa transformadora como el Valle del hidrógeno verde, que Málaga acumule atractivo para que se instalen las principales compañías digitales del mundo, que Granada sea vanguardia mundial con el acelerador de partículas, que Sevilla sea referente en tecnología aeroespacial, que Córdoba albergue la sede logística del Ejército de Tierra y Jaén el Cedetex, o que Almería cuente con una inversión histórica en materia de aguas, un recurso imprescindible para el campo.

Como tampoco es casualidad que Andalucía haya contado en este periodo con una financiación récord. Hablamos de que nuestra comunidad ha recibido en estos siete años 53.800 millones de euros más que en los siete años previos. Un 46,7% de recursos más, sin contar con los fondos extraordinarios del Plan de Recuperación.

Y, sin embargo, a pesar de estos vientos de cola tan favorables, Andalucía no consigue salir del furgón de cola. Presenta los peores indicadores socioeconómicos de toda España: el PIB per cápita más bajo, la lista de espera en sanidad más alta, la mayor demora en dependencia. Por no hablar de la precariedad y la pobreza en muchos barrios olvidados.

Para justificar su propia incapacidad política y su fracaso de gestión, Moreno Bonilla se ha envuelto en una estrategia victimista y de confrontación, echando las culpas a otros de lo que él no hace y convirtiendo el agravio con otros territorios en su único argumento.

Se remite constantemente al dictamen aprobado en 2018 en el Parlamento de Andalucía para impulsar la reforma del sistema de financiación autonómica. En ese documento, inspirado por un gobierno socialista al que el PP se apuntó a última hora, se reclamaban 4.000 millones de euros en concepto de infrafinanciación. La realidad es que, aunque no se ha reformado el modelo, Andalucía ha contado cada año con 7.000 millones más.

Otra cosa que se defendía en ese dictamen era un mecanismo de reestructuración de la deuda autonómica en manos del Estado, tomando como criterio la insuficiencia financiera sufrida por aquellas comunidades autónomas cuyos recursos del sistema de financiación autonómica se situasen por debajo de la media.

Ahora, cuando el Gobierno de España plantea asumir parte de la deuda de Andalucía, al igual que la de otras comunidades de régimen común, con criterios transparentes, objetivos y de equidad, el Gobierno andaluz lo rechaza de plano. Rechazan que Andalucía reduzca su deuda en 18.791 millones de euros, lo que le permitiría mejorar su posición financiera, acceder en mejores condiciones a los mercados, ganar autonomía política y contar con más recursos para sanidad, educación o servicios sociales.

No se entiende, de ninguna manera, que el presidente de Andalucía, que reclamaba con vehemencia al Gobierno de España exactamente el mismo trato que se daba a Cataluña, porque Andalucía no podía ser menos, renuncie ahora a esta propuesta justo por el argumento contrario. Que se trata de un agravio con Andalucía porque se ofrecen “migajas”, cuando en realidad Andalucía es la comunidad más beneficiada y podría ver reducida su deuda casi a la mitad.

Tener un mayor saneamiento de las cuentas públicas no sólo es una garantía de sostenibilidad de los servicios públicos, es una garantía de poder ejercer mejor el autogobierno. La autonomía política necesita de la autonomía financiera para poder desarrollarse.

Lo único que se demuestra con esta negativa de Moreno Bonilla es que no le importa perjudicar los intereses de los andaluces si con eso contenta a su jefe en la calle Génova. Una vez más, los intereses de Andalucía, por detrás de la estrategia nacional de la derecha.

Desde que Moreno Bonilla es presidente de la Junta de Andalucía, es palmario que se ha perdido ambición autonomista y capacidad de influencia.

Probablemente lo primero tiene que ver con que la derecha nunca ha creído realmente en el Estado Autonómico ni en su desarrollo. Y cada vez que han tenido la oportunidad ha apostado por políticas recentralizadoras. Lo segundo se manifiesta cada vez que el presidente de todos los andaluces y andaluzas deja en un segundo plano los intereses de nuestra tierra para cuadrarse ante la estrategia que se decide en Madrid.

Andalucía no se defiende alabando el increíble talento andaluz desde la tarima y el oropel de una gala cada doce meses. Andalucía se defiende y se pelea cada día desde un proyecto político valiente, ambicioso, que no se resigna y que cree en su propia capacidad de autogobierno. Con ambición para darle la vuelta al mapa y para hacer valer la voz y el peso político de una tierra que necesita reivindicarse por sí misma, no por el agravio.

La cuestión es si el actual gobierno de Andalucía cree de verdad en lo que significa el autogobierno y si es capaz de defenderlo frente a sus compañeros de partido, más allá de lucir con una sonrisa congelada una pulsera con la bandera blanca y verde.