La falta de vivienda social se agrava en Andalucía en los últimos años

La preocupación por la vivienda no deja de aumentar en Andalucía. Son cada vez más los ciudadanos que encuentran prohibitivo el alquiler o la compra de una vivienda acorde a sus posibilidades, a sus salarios. Que el problema se ha hecho problemón, principalmente entre la población joven y la de menor poder adquisitivo, lo reflejan las encuestas demoscópicas. Los andaluces encuestados en el barómetro del Centro de Estudios Andaluces de diciembre mencionaron la vivienda como el tercer problema más importante en la región. Hace un año era el quinto problema. El esfuerzo de la administración pública para reducir la inquietud ciudadana se ha traducido en apenas 2.239 viviendas protegidas terminadas entre 2021 y 2023, un periodo de tres años en los que se han creado 100.270 nuevos hogares. El déficit es palpable.

La vivienda social se ha convertido en uno de los lunares de las administraciones después del reventón de la burbuja inmobiliaria de hace 15 años. Los datos que recoge el Boletín Especial Vivienda Social 2024 publicado hace dos semanas son elocuentes. La vivienda social en España se ha desplomado, a diferencia de lo que ocurre en países del entorno como Francia, Suiza o Países Bajos. Las cifras de Andalucía son aún más desalentadoras. Las ayudas son raquíticas para los menos pudientes. Si la tasa de vivienda social acabada en comparación con el número total ha sido desde 2021 a 2023 del 12% en el conjunto de España, la ratio andaluza en el mismo periodo ha sido del 5%.

Siendo así las cifras y el estado de inquietud en la población andaluza, la Administración andaluza está decidida a tomar medidas. El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobará hoy un decreto ley que promoverá la construcción de 20.000 pisos protegidos en los próximos cinco años. Fue el anuncio que hizo el presidente andaluz en el Debate sobre el estado de la Comunidad de diciembre y que confirmó el sábado en un acto del partido en Palma del Río. El salto podría ser de gigante. Las cifras anunciadas por el presidente equivalen a 5.000 viviendas sociales al año, que es un número notablemente superior a las 746 terminadas anualmente entre 2021 y 2023 y casi el doble de las 2.600 concluidas, como promedio, entre 2011 y 2020. El propósito es recuperar el ritmo constructivo previo a la gran crisis.

El derecho a una vivienda digna

En un contexto caracterizado por la escasa construcción y una creciente oferta de viviendas transformadas en alojamientos para turistas, es la población con menos recursos, incluidos los jóvenes, los que menos capacidad tienen para encontrar un lugar donde vivir. Tal como señala el Observatorio de Vivienda y Suelo recientemente publicado, la construcción de vivienda social "es clave para garantizar el derecho a una vivienda digna", que es lo que establece la Constitución Española. Los pisos de protección oficial son aquellos que promueven las administraciones para "el alquiler o la tenencia temporal dirigidos a hogares con dificultades de acceso al mercado libre". De tal modo que esas personas se ven obligadas a comprar o alquilar cada vez más lejos de las áreas donde trabajan. El problema es de primera magnitud.

El descenso de la construcción de pisos de protección oficial es particularmente notoria si se considera el papel que ha jugado en Andalucía para responder a las necesidades de acceso a una vivienda del sector de la población más vulnerable. El mercado libre, como está comprobado en multitud de estudios, alcanza unas cotas sólo accesibles para familias con elevados ingresos. Tal como reflejó en un informe de 2024 el director general de Economía y Estadística del Banco de España, Ángel Gavilán, los incrementos de los precios son más altos "en las áreas urbanas con un mayor crecimiento de la actividad y en las zonas donde se concentra la población y la actividad turística". De ahí que sea fundamental el papel de las administraciones públicas, cuyo ejercicio ha sido declinante en la materia.

Del 60% de vivienda protegida en los años 80 al 5% actual

Los datos del observatorio del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana señala que entre 1981 y 2023 se hicieron en Andalucía 499.335 viviendas protegidas. El porcentaje sobre el total de viviendas construidas ha decrecido gradualmente. El análisis por décadas indica que entre 1981 y 1990, el 60% de las concluidas fueron viviendas protegidas. En el periodo comprendido entre 1991 y 2000, la proporción se redujo al 27%, una ratio que bajó al 9% entre 2011 y 2010 y que ha tocado un mínimo histórico del 5% entre 2021 y 2023. Los técnicos del ministerio apuntan al drástico desbaratamiento de las políticas de vivienda social como consecuencia de la explosión de la burbuja inmobiliaria.

El Banco de España ha destacado como políticas para tener en cuenta con objeto de facilitar el acceso a la vivienda de los jóvenes y otros sectores vulnerables, algunas de ellas ya en marcha, medidas de apoyo a la demanda, como avales públicos, incentivos fiscales para la compra de vivienda y bonos al alquiler; aumentar el parque de alquiler social mediante la concesión de líneas de préstamos ICO y disposición de suelo público; agilizar la concesión de licencias urbanísticas, endurecer las condiciones para del alquiler turístico en determinadas áreas y mayores incentivos fiscales a los particulares que arrienden con reducciones de precios en las zonas con la demanda más elevada.