Las gafas gratis pueden estar aprobadas antes de que acabe el año

Todos los menores españoles y los adultos según su nivel de renta podrían tener acceso a gafas y productos ópticos gratuitos antes de fin de año. O mejor dicho, antes del final de este ejercicio está previsto que concluya su tramitación en el Congreso de los Diputados después de que en los próximos días haga lo propio en el Parlamento de Andalucía. Esta semana, en concreto el próximo miércoles, los parlamentarios autonómicos aprobarán por unanimidad la proposición de Adelante Andalucía en la primera jornada del pleno.

En ese mismo momento, el presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, tal y como reconoció durante la última junta de portavoces, abrirá el plazo para la elección de los tres representantes de la Cámara andaluza. De nuevo, al igual que ocurriera en el caso de la proposición de Por Andalucía sobre el acceso de las personas con discapacidad al empleo público, el PP prestará sus votos al grupo proponente, ya que Adelante no iba a poder defender una propuesta elaborada por sus dos parlamentarios al carecer de apoyos suficientes.

Hace diez días, el pleno del Parlamento andaluz, elegía a Toni Martín del PP, con 47 votos; la socialista Pilar Navarro, con 25 y Esperanza Gómez de Por Andalucía, con 21 para defender esa propuesta en el Congreso de los diputados la reforma parcial del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público para facilitar el acceso de personas con discapacidad. En esta ocasión, el plazo para presentar candidatos finaliza el próximo lunes y todo hace prever que, de nuevo PP, PSOE y en este caso Adelante como proponente tendrán representantes en dicha delegación que será elegida definitivamente en el pleno que se celebrará dentro de dos semanas. Hay que tener en cuenta que el Parlamento de Andalucía tiene por delante apenas cinco sesiones antes de final de año; dos de ellas están dedicadas a la presentación y aprobación del Presupuesto y otra para el debate sobre el estado de la comunidad, por lo que el calendario deja pocas fechas libres.

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha reconocido que se trata de "una buena noticia y esperamos, antes de final de año estar presentando nuestra ley en el Congreso. Andalucía tiene una idea que es algo tan básico como que ver bien no puede ser un privilegio de clase, no puede depender del dinero que tenga cada uno y la vamos a aportar como un avance de derechos para todo el Estado. Eso es el andalucismo, el avance de derechos de las clases populares con una visión universal; esa es la idea de nuestro himno. Es un motivo de celebración y esperamos que cuanto antes la mesa del Congreso lo incluya en el orden del día y podamos celebrar su aprobación por unanimidad de todos los grupos políticos".

Esa es al menos la vertiente política de la medida. Otra cosa es la dotación presupuestaria de la misma para llevarla a cabo. En efecto, la disposición adicional única de la proposición de ley señala que "la ley de Presupuestos Generales del Estado de cada ejercicio, determinará la cuantía y la forma de abono a las comunidades autónomas de las cantidades necesarias para la financiación de la prestación prevista en esta ley". Dicho de otro modo: las gafas gratuitas a menores y a adultos según su nivel de renta, será prestada por Andalucía, pero pagada con el dinero que le llegue del Estado central.

A estas alturas no parece nada probable la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para el año que viene, imprescindibles para dotar de dotación económica a esa medida, toda vez que no se ha conseguido sacar adelante el objetivo de déficit y de deuda, un paso previo para comenzar la elaboración de las cuentas.

El Parlamento andaluz había aprobado una proposición de ley para reformar la Ley 16/2003 de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud para incluir la prestación de la gratuidad de gafas y lentillas para menores de edad, así como una ayuda proporcional a su renta en el caso de los beneficiarios mayores de edad, en la cartera de servicios básicos del Sistema Nacional de Salud. Adelante, pretendía con la inclusión de dicha medida mediante la vía del artículo 172 del Reglamento del Parlamento, esquivar una más que previsible negativa de la mayoría absoluta del PP en la Cámara andaluza a tener que financiar esa medida con cargo a sus propios presupuestos.

No obstante, la ley establece en la disposición transitoria única que "en un plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la ley, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud apruebe un plan o alcance un acuerdo de financiación de dicha prestación". No obstante, no hay una obligación legal de cumplirlo, o dicho de otra manera, no hay consecuencias de no hacerlo.

El coste de dicha propuesta, se sitúa solo en Andalucía en 50 millones de euros que se elevarían 260 en toda España, únicamente para el caso de gafas gratuitas a los menores de edad. Si se añaden los adultos con bajos niveles de renta, el coste ascendería a 140 millones de euros para Andalucía y 700 millones para todo el territorio nacional. El Gobierno andaluz, que tiene transferidas las competencias de sanidad, también podría asumir el 100% de la medida, aunque se hubiera encontrado con un gasto no previsto que, sin duda, hubiera hecho descarrilar esa iniciativa.

La ley parte de un hecho como es que la mayoría de la población tanto española como andaluza, utiliza gafas o lentillas para su normal desenvolvimiento. El porcentaje en España está próximo al 61%, mientras que en la comunidad autónoma llega al 55%, la menor de todas las regiones. Ese aspecto define, a juicio de Adelante, lo que se conoce como "pobreza visual", es decir "personas que no tienen acceso a la salud visual íntegra debido a sus condiciones económicas o sociales". El porcentaje de población que padece estas deficiencias visuales como consecuencia de no poder pagar los costes de los métodos para su corrección (gafas o lentillas) es del 9%.

Hay que tener en cuenta también el hecho de que “el coste medio de unas gafas oscila entre los 150 y los 400 euros” señaló a este periódico, José Ignacio García, quien en el momento del anuncio de la medida el pasado mes de mayo, añadía que “es una cuestión de salud, no un artículo de lujo”.