El Gobierno anuncia el derribo del hotel del Algarrobico en cinco meses

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha anunciado que el Ejecutivo promoverá las medidas desde mañana mismo, para proceder "en un periodo de cinco meses" a comenzar con la demolición del hotel de la playa del Algarrobico en la localidad almeriense de Carboneras. Será a través de un acuerdo que "declare la utilidad pública del paraje en el que se asiente este hotel ilegal, por lo que se procederá a su expropiación por invadir terrenos que se encuentran dentro del dominio público marítimo-terrestre".

Así se ha pronunciado la ministra a pie de playa y junto al hotel que en repetidas ocasiones ha calificado como "ilegal". A juicio de Montero, se trata de una "magnífica noticia que pone fin a veinte años de litigios y que debía haberse producido desde hace mucho tiempo, pero hasta ahora las trabas administrativas lo habían hecho imposible". El hotel, a juicio de Montero "se ha convertido en un símbolo de la depredación inmobiliaria", por lo que es necesaria la intervención del "Consejo de Ministros que mañana mismo aprobará el acuerdo que permitirá la expropiación de los terrenos en los que se ubica el establecimiento, un paso previo para la demolición del mismo".

La también ministra de Hacienda ha puntualizado que "de no mediar ninguna decisión judicial que lo impida, este expediente concluye con la demolición del hotel ilegal y estará finalizado en un periodo de cinco meses con todas las garantías procesales que requiere un asunto de esa complejidad". Esta actuación también requiere la participación de la Junta de Andalucía, ya que según Montero, "hay otros terrenos ocupados por el hotel que son de su propiedad, por lo que quiero instarles a que reaccionen de la misma manera".

En este sentido, la vicepresidenta ha anunciado también la "reactivación de la Comisión de Seguimiento del estado del hotel del Algarrobico, que se creo en el año 2011 durante un gobierno socialista y que debe determinar los próximos pasos a seguir por parte de ambas administraciones". Hay que recordar, tal y como se acordó en su momento, que sería el Gobierno central el encargado de proceder a la demolición efectiva del hotel y que la Junta de Andalucía correría con los gastos de la gestión de los residuos y de la regeneración del paraje de la localidad almeriense, que se encuentra dentro del espacio del Paraje Natura Cabo de Gata-Níjar.

La Junta le pidió que actuara

Esta decisión llega después de que la consejera de Sostenibilidad, Catalina García, instara al Gobierno de España a que actúe "de manera inmediata y definitiva" en la demolición del hotel, por entender que "es inaceptable que, tras más de dos décadas de litigios y promesas incumplidas, el Gobierno de España no haya tomado las medidas necesarias para derribar esta construcción ilegal".

En noviembre de 2011, la Junta de Andalucía y el Gobierno de España firmaron un protocolo en el que el Ejecutivo central "se comprometía a asumir la demolición del inmueble, mientras que la Junta se encargaría del descombro y la gestión de los residuos que la demolición genere". Asimismo, ambas partes "se comprometían a la restauración del espacio litoral sobre el que en la actualidad se sitúa el edificio, devolviéndole las características naturales originarias".

"El Gobierno de España tiene que venir con el presupuesto debajo del brazo para la demolición del Algarrobico, como se comprometió en el protocolo firmado para la demolición en 2011", ha señalado García. En este sentido, la consejera ha trasladado que "estamos preparados para cumplir con nuestra parte del acuerdo y a colaborar con el Gobierno de España para devolver a este paraje a su estado natural, pero necesitamos que el Gobierno central cumpla con su responsabilidad".

En esta línea, ha destacado que los Presupuestos de 2025 de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente contempla una partida de un millón de euros para los trabajos que deban realizarse en torno a la demolición del Algarrobico.

García ha expresado la "profunda indignación de la Junta y de la sociedad andaluza ante la prolongada inacción del Gobierno de España en este asunto". "No podemos permitir que una construcción ilegal siga mancillando uno de nuestros parajes más emblemáticos. Es hora de que el Gobierno actúe con determinación y ponga fin a este despropósito", ha sostenido.