El Gobierno inicia los trámites para expropiar el terreno del hotel del Algarrobico

Dicho y hecho. La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, anunciaba el pasado 10 de febrero a pie de costa y bajo la sombra del hotel de la playa del Algarrobico en la localidad almeriense de Carboneras, que la solución elegida para que no siga encadenado a la negra historia del urbanismo salvaje, era expropiarlo y demolerlo. Sonó muy optimista el plazo dado por la líder de los socialistas andaluces, en un empeño constante por marcar la agenda política andaluza. Los cinco meses se lo creen pocos. Ayer, no obstante, en la primera reunión de la comisión bilateral que se creó hace más de una década para seguir la evolución del asunto, la representante del Ejecutivo central confirmó que se inician los primeros trámites para dotar de contenido lo anunciado por Montero. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, insistió, tal y como viene haciendo desde que se produjera el anuncio, en que no le parece la vía más adecuada y lo sentenció con un “me da a mí que no”.

El anuncio fue hecho por Ana María Oñoro, directora general de la Costa y el Mar del Ministerio de Transición Ecológica. Como en cualquier procedimiento de expropiación, el Gobierno declaró como “de utilidad pública” los terrenos que ahora ocupa el hotel. El Ejecutivo sostiene que “esta edificación está afectada parcialmente por servidumbre de protección de Dominio Público Marítimo Terrestre y se sitúa sobre el terreno del Parque Natural Cabo de Gata Níjar”, según adelantaron a este periódico fuentes del Miteco.

A continuación –y esa es la novedad anunciada durante la mañana de ayer– el Ejecutivo trasladó a la Junta que “en los próximos días saldrá publicada la relación de bienes y derechos de necesaria ocupación y se abrirá un trámite de información pública de 15 días”. Se trata, tal y como confirmaron desde el Miteco, de “un paso más para avanzar en la expropiación de los terrenos sobre los que se ubica el hotel ilegal”.

No será el último. Una vez finalizado éste, se deberá determinar lo que se conoce como el justiprecio, es decir, una valoración de los terrenos que conducirá al pago del mismo y a la toma de posesión, con escrituras de propiedad de por medio, de dichos suelos. Sucede en este caso que, tal y como informó este periódico, la intención del Miteco choca con que esos terrenos ya no son propiedad de la promotora del establecimiento, Azata del Sol. Desde hace ocho años, son de la Junta, aunque todavía no ha ejercido la posesión de los mismos. Sí ha intentado que fueran los tribunales quienes obligaran a la empresa a entregar esa posesión de las escrituras, toda vez que ya se había acordado el pago de más de tres millones de euros por la titularidad. Lo que ocurre es que la Junta lo intentó mediante un recurso al Contencioso-administrativo, cuando debía haber optado por los tribunales de lo Civil.

El anuncio realizado en la comisión bilateral, tuvo respuesta por parte del presidente de la Junta de Andalucía. Juanma Moreno quiso dejar claro que las constantes peticiones de colaboración por parte de su Gobierno están garantizadas. Aun así, discrepa, como corresponde al argumentario defendido desde el anuncio de Montero de que no cree que el hotel desaparecerá de las costas andaluzas: “me da a mí que no”. A su juicio, “las cosas hay que hacerlas siempre con cabeza”. Es decir, “seguir lo que dicen las instituciones judiciales.Hemos pedido la retirada de la licencia que es lo que facilita, por así decirlo, que de una vez por todas consigamos derribar el hotel del Algarrobico”.

Para Moreno, “la expropiación tiene un problema. Mañana lo expropia, lo recurre el dueño y entramos en un litigio de varios años. Nosotros lo que queremos es ir por el camino más rápido y éste es quitarle la licencia que, por cierto, dio un ayuntamiento socialista que además asumió el Gobierno de Andalucía que miró para otro lado”.

Se olvida Moreno de determinar que el paso para anular esa licencia debe darlo el Ayuntamiento de Carboneras. Éste ha aducido problemas con la configuración de su plantilla, que no cuenta con el personal suficiente como para embarcarse en un proceso que suele durar meses. No obstante, esconde que la intención es dilatar lo más posible la anulación de la licencia concedida en 2003 y no hacer frente a la previsible indemnización que le solicitará la promotora del hotel.

En cualquier caso, esa se evitaría si se denunciara a la empresa por ser conocedora de que la edificación del hotel a 14 metros de la línea de costa (cuando comenzó la zona en la que no se podía construir era de 50 metros y después fue ampliada a 100 con efecto retroactivo) era completamente contraria a cualquier regulación.

La réplica a la postura oficial de la Junta fue ofrecida por el delegado del Gobierno en Andalucía.Pedro Fernández calificaba el hotel como un “desmán urbanístico”, a la vez que solicitaba coordinación con la Junta de Andalucía.Fernández confía en que ambas administraciones “avancen de la mano” para derribar la parte ilegal del hotel tras completar un proceso de expropiación”, y en que la Junta “se sume al proyecto para demoler la parte construida en terrenos de su competencia”.

La revisión empezará “en semanas”

“En las próximas semanas, cuando el capital humano del Ayuntamiento, el personal técnico del Ayuntamiento pueda, pues nos vamos a iniciar el expediente, a revisar la licencia y vamos a ver lo que saldrá”.Así lo sostuvo ayer Salvador Hernández, alcalde de la localidad de Carboneras en declaraciones a Canal Sur. El regidor no quiso precisar el tiempo que se demorará ese trámite: “No somos adivinos; estaría por ver cuando llegue el momento de iniciar el expediente de revisión de oficio”.

Hernández se refirió también a la más que previsible petición de indemnización por pare de Azata del Sol, una promotora que “mantiene abiertos dos procedimientos judiciales sin que, hasta el momento, haya obtenido algún pronunciamiento judicial por el que se haya que atender una reclamación patrimonial”. “Carboneras tiene un presupuesto anual de unos 15 millones de euros, una posible indemnización a la empresa supondría la ruina económica”, sentenció el alcalde.