El Gobierno sigue adelante con la expropiación de los terrenos del hotel del Algarrobico

El Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) sigue adelante con la intención anunciada por las vicepresidentas, María Jesús Montero y Sara Aagesen de expropiar el suelo donde se asienta el hotel en la playa del Algarrobico en la localidad almeriense de Carboneras y proceder a su demolición. Así lo ha podido confirmar este periódico de fuentes conocedoras del contenido de la reunión bilateral que esta mañana ha tenido lugar entre las dos administraciones.

Según estas mismas fuentes, en el transcurso del encuentro, el Miteco ha trasladado a la Junta que "en los próximos días saldrá publicada la relación de bienes y derechos de necesaria ocupación y se abrirá un trámite de información pública de 15 días", lo que a su entender constituye "un paso más para avanzar en la expropiación de los terrenos sobre los que se ubica el hotel ilegal".

Por lo tanto el Gobierno de España "sigue firme en su propósito de avanzar en la expropiación que hará posible la demolición de la edificación. Esta edificación está afectada parcialmente por servidumbre de protección de Dominio Público Marítimo Terrestre y se sitúa sobre el terreno del Parque Natural Cabo de Gata Níjar", han avanzado las mismas fuentes.

Por su parte, la posición de la Junta se mantiene en que el procedimiento más rápido sería "anular la licencia, como también decían las sentencias judiciales, y no volver a una expropiación que ya se intentó en la época del Gobierno del Zapatero y que se desechó porque se vio que era una solución larga y que se podía enquistar en los tribunales". Así lo ha confirmado la portavoz del Ejecutivo autonómico, Carolina España, que ha emplazado al Gobierno central para que explique "cuáles son los motivos que han llevado al Gobierno a cambiar de opinión", al tiempo que ha planteado la pretensión de que "una solución rápida, efectiva y real". España ha asegurado que en el Gobierno andaluz "abogamos por el diálogo", aun cuando se ha reafirmado en la aspiración de que la solución rápida es "anular la licencia".

Anular la licencia

El alcalde de Carboneras, Salvador Hernández, ha solicitado tanto a la Junta de Andalucía como al Gobierno central que "se escuche" y "se tenga en cuenta" la opinión de su municipio en la comisión mixta sobre el hotel de El Algarrobico, en la que se aborda cómo proceder a la recuperación del paraje, que se celebra este martes y en la que el Ayuntamiento "nunca" ha participado desde que se constituyó en 2011.

El alcalde ha asegurado que se va a dirigir a las diferentes consejerías y ministerios para ponerse "a su disposición" y tratar de que "escuchen nuestras peticiones" ante un "problema" que se ha creado "entre todas las administraciones" ya que el hotel "no se construyó de la noche a la mañana" sino que tardó tres años en edificarse hasta que un juez paralizó cautelarmente los trabajos ante las peticiones de los colectivos ecologistas. Para Hernández, actualmente "la pelota está en el tejado de las tres administraciones" si bien es el Consistorio el que ha contado ya con varios requerimientos del TSJA tanto para declarar de nuevo como espacio "no urbanizable" el paraje en el que se asienta el inmueble así como para revisar de oficio su licencia ante una posible anulación de la misma.

"En las próximas semanas, cuando el capital humano del Ayuntamiento, el personal técnico del Ayuntamiento pueda, pues nos vamos a iniciar el expediente, a revisar la licencia y vamos a ver lo que saldrá", ha afirmado Hernández, quien no obstante ha precisado que dicha revisión no debe acabar en la anulación de la licencia. "No somos adivinos", ha apostillado antes de asegurar que ese aspecto "estaría por ver cuando llegue el momento de iniciar el expediente de revisión de oficio".

En cualquier caso, el primer edil carbonero ha diferenciado igualmente lo que supondría la revisión de oficio de la licencia con una eventual indemnización a la promotora Azata del Sol, que mantiene abiertos dos procedimientos judiciales sin que, hasta el momento, haya obtenido algún pronunciamiento judicial por el que se haya que atender una reclamación patrimonial, según ha advertido. "Carboneras tiene un presupuesto anual de unos 15 millones de euros, una posible indemnización a la empresa supondría la ruina económica", ha subrayado Hernández ante las estimaciones económicas de entre 70 y 100 millones de euros en daño patrimonial interesadas por la promotora.