Hacienda y las autonomías se reúnen para tratar de desatascar la deuda y el impuesto a la banca

Las reuniones entre el Ministerio de Hacienda y los consejeros del ramo de todas las comunidades de régimen común (todas excepto País Vasco y Navarra) suele ser de alta intensidad política. Pero el encuentro que tendrá lugar en la tarde de este miércoles en el Consejo de Política Fiscal y Financiera el ambiente está más enrarecido que de costumbre porque la oferta de condonación de la deuda a las comunidades autónomas ha abierto más la brecha no sólo entre el Gobierno y las autonomías gobernadas por el PP sino también entre el Ejecutivo de Pedro Sánchez y sus socios de Junts. Y eso por no hablar de los empresarios y los expertos, como los de la Fundación Fedea, que tampoco están de acuerdo con el modelo.

La propuesta que ha presentado la ministra Montero beneficia económicamente a Andalucía por encima de otros territorios, Cataluña incluida, pero se ha elaborado para cumplir el acuerdo que el PSOE firmó con ERC para la investidura de Pedro Sánchez. Una de las principales críticas de la Fundación Fedea y de la Confederación de Empresarios es que esta quita de la deuda no lleva aparejada ningún tipo de obligación fiscal o de requisito legal, por lo que Garamendi, presidente de los empresarios españoles, entiende que “prima a los incumplidores”. Y, además, no garantiza que las comunidades más endeudadas vuelvan a estarlo una vez saneadas sus cuentas. Es más, la reducción de deuda permite precisamente lo contrario, que los gobiernos autonómicos dispongan de más margen económico. Un margen que Montero defiende que puede utilizarse para sufragar los servicios públicos de Educación o Sanidad.

Antes de la reunión política, el ministerio ha convocado una reunión técnica cuyo único punto del orden del día es precisamente abundar en los detalles de la condonación de la deuda con el objetivo de que los consejeros autonómicos tengan todos los datos cuando se sienten todos juntos con María Jesús Montero en la reunión de la tarde.

El Gobierno andaluz considera una “trampa” esta oferta de Hacienda. Carolina España ha anunciado que va a votar en contra y que no la aceptará hasta que no lleve aparejada una propuesta de forma del modelo de financiación autonómica. Todas las comunidades ya se han sentado para iniciar ese debate sobre cómo debe calcularse la población ajustada y utilizar un modelo común para calcular la capacidad fiscal de cada una de ellas con normas comunes y que ahora, aunque parezca mentira, no existen.

Pero no es lo único que se va a debatir en la reunión de esta tarde que tiene sobre la mesa otro conflicto político. El Gobierno aprobó en el decreto ómnibus el mantenimiento de un impuesto a la banca por los beneficios que obtienen. El BOE ya publicó la imposición de este gravamen que se está devengando.

Pero todavía no se ha decidido cómo se va a repartir entre las comunidades autónomas ya que este tributo se incluye dentro del actual sistema de financiación. Y aquí también hay polémica. Porque el Ministerio de Hacienda ha anunciado su intención de que el reparto se haga en función del PIB de las comunidades autónomas, en lugar de hacerlo por los criterios de población que rigen en la distribuación de otros impuestos.

Andalucía, como el resto de las comunidades del PP, entiende que este sistema es “un nuevo agravio” ya que al repartirse en función del PIB “beneficia a las comunidades más ricas en perjuicio de las que tienen menos recursos económicos”. Según las cuentas realizadas por la Consejería de Hacienda, Andalucía dejaría de recibir 76,38 millones de euros si el reparto se hace por PIB en lugar de por población. Sólo Cataluña, País Vasco y Madrid, las comunidades con más renta, recibirían más dinero con este modelo de reparto.

Desde el Ministerio de Hacienda se argumenta que este tributo aporta fondos a las arcas autonómicas y que con el PP “la Junta no ingresaría ni un solo euro porque el impuesto no existiría”. Defienden también que es un impuesto progresista ya que grava las ganacias de la banca para entregarlas a los ciudadanos, “el PP prefiere proteger a los bancos”.