Hacienda llama a la Junta para explicar la quita de 18.791 millones de euros

El Ministerio de Hacienda ha citado a las comunidades autónomas a una ronda de reuniones técnicas que se celebrará la última semana de abril para explicarles los detalles de la condonación de la deuda autonómica, una quita que es voluntaria y a la que el Gobierno de Juanma Moreno no va a solicitar en sintonía con el resto de territorios del PP. Esas reuniones, que serán bilaterales, cuenta a cuenta, deben aclarar algunas cuestiones pendientes sobre la propuesta del Gobierno.

El argumento contrario a la quita de la consejera de Hacienda, Carolina España, es básicamente político: considera que la condonación no tendría tantos efectos positivos en las cuentas andaluzas como para dejar de reclamar la reforma del sistema de financiación autonómico, que perjudica de modo especial y, por este orden, a Valencia, Murcia y Andalucía. Y entiende que la propuesta de la quita intenta tapar lo que denuncia como una escasa voluntad del Gobierno de Pedro Sánchez para modificar el sistema. O de hacerlo bajo la sombra de la singularidad fiscal catalana. La cautela tiene sus argumentos, la negativa preventiva no tanto como para no acudir a las reuniones del Ministerio de Hacienda.

Es cierto que la propuesta de condonación proviene de un acuerdo inicial del PSOE con ERC para la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat, pero el mayor volumen de la quita correspondería a Andalucía, 18.791 millones de euros, la mitad del pasivo de la Junta. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no comprende cómo se puede rechazar tal cantidad, pero ¿para qué sirve esta quita? ¿Cuánto dinero se podría emplear en servicios sociales? ¿Se ahorrarán, de verdad, los intereses?

La principal ventaja para el Gobierno autonómico, la sustancial, es la mejora de su solvencia económica. Casi la mitad de la deuda desaparecería de la Cuenta Financiera de la Junta porque se traspasaría al Gobierno central, a la vez que el Reino de España no vería comprometida su posición porque, de cara al exterior, ya carga con el pasivo de las autonomías.

Pero cualquier mejoría de las cuentas está condicionada por la llamada regla de gasto. Es una brida para cualquier presupuesto público, no una particularidad de la quita, sino del compromiso de estabilidad que los países miembros de la UE tienen con la Comisión Europea. La regla de gasto trata de impedir que el aumento de los ingresos en tiempos de bonanza se dediquen a gastos corrientes que queden comprometidos cuando llegue el ciclo bajista.

El incremento del gasto primario neto, que es la referencia de este principio fiscal y que obedece a una fórmula matemática, no puede ser mayor de la subida de la tasa de referencia del PIB calculada a medio plazo. En el caso andaluz, el Presupuesto de la Junta de 2026 tiene ese límite de cara a los nuevos recursos que pudieran devenir de la condonación. ¿Cuáles son estos nuevos recursos?

Básicamente, la cantidad que se paga de intereses por esa porción de deuda perdonada. En el año 2025, la Junta abonará 828,42 millones de euros en intereses. En 2026 serían 909,5 millones de euros si no hubiese quita y en 2027, 911,2 millones de euros, según consta en la Cuenta Financiera. Con la condonación, la Junta se ahorraría unos 140 millones de euros en 2026 en un efecto que se prolongaría a lo largo de los años. ¿Se los puede gastar, por ejemplo, en sanidad?

Las dos administraciones difieren, pero es posible que sí aunque esto es uno de los asuntos que se debería resolver en la negociación del Ministerio de Hacienda con las comunidades. En un comunicado de la Autoridad Fiscal Independiente (Airef), el vigilante de las cuentas públicas sostiene que ese ahorro no modifica el cálculo de la regla de gasto y, por tanto, "no genera un margen de gasto en otras políticas públicas". La ventaja de la condonación no es tanto el dinero que se ahorra, o el uso que se le da a este ahorro, sino la ganancia de una solvencia, pero la respuesta a la pregunta de si el ahorro se usará en otras políticas está vinculada al conjunto del Presupuesto y a cómo opera la regla de gasto en el total.

También se ha creado una confusión sobre el artículo 5 de la propuesta de acuerdo que el Ministerio de Hacienda ha enviado a las comunidades. Y ahí se subraya que la absorción sólo afectará al capital de la deuda condonada, "sin que se incluyan los intereses devengados". Un interés devengado es el importe de intereses correspondiente a un periodo de tiempo ya transcurrido aún no cobrado o pagado. Por tanto, la quita sí incluye el ahorro de los intereses que se generen a partir de su firma.

La cantidad que la Junta se ahorra del capital de la deuda, los 18.791 millones de euros, no se renovará en su totalidad con nuevas emisiones. Puede incluso que el volumen del Presupuesto andaluz de 2026 sea menor que en 2025. Del capital principal, este año se pagarán 3.573 millones de euros y el próximo podría ser menos porque la deuda sería la mitad. Toda quita lleva una condicionalidad, y no tiene sentido hacer una condonación para seguir acumulando deuda a futuro por encima de lo que permiten las reglas fiscales.

La posición financiera de la Junta no es mala en términos relativos, no tiene nada que ver con la de Valencia, que es la que está peor, ni con la de Cataluña. De hecho, Andalucía es una de las pocas comunidades que puede emitir deuda en los mercados. Lo acaba de hacer con una emisión de obligaciones sostenibles por un importe de 4.850 millones de euros. Eso le da margen de maniobra a las posiciones de la Consejería de Hacienda, aunque su postura está muy condicionada por lo que al final hagan otras comunidades del PP a las que le urge apuntarse a la condonación.