Inspección en los 25.649 pisos en alquiler que tiene la Junta para verificar sus habitantes
Es un plan a dos años, que costará 7,6 millones de euros y pretende regularizar las zonas conflictivas y atender a los vulnerables
El precio del alquiler crece en Andalucía un 24%, la mayor subida de España
La Junta de Andalucía es la administración de España que tiene el mayor parque público de viviendas en alquiler, exactamente cuenta con 25.649 pisos por toda Andalucía. Se trata de promociones de viviendas que se han ido entregando progresivamente a lo largo de los años a personas vulnerables y que algunas han llegado a la administración autonómica procedentes de otras administraciones, como ha sucedido por ejemplo con las Tres Mil Viviendas de Sevilla.
La realidad es que este parque público de viviendas ha pasado por muchas vicisitudes y la administración autonómica ha perdido el control las mismas. Hay muchos pisos que se han transferido a terceros, una práctica que está prohibida, y también personas vulnerables que se han quedado sin sus casas, que han pasado a manos de las mafias. No es extraño tampoco que la Policía desmantele plantaciones fraudulentas de marihuana en viviendas que hace años que no dan cobijo a sus legítimos titulares.
En este escenario, la Consejería de Fomento ha adjudicado un concurso público por valor de 7,6 millones de euros para verificar quiénes estan viviendo en los pisos públicos en alquiler y certificar si se destinan a familias con circunstancias socioeconómicas desfavorecidas, además de ofrecer una atención personalizada ante situaciones de vulnerabilidad. Este plan de inspección, que se va a desarrollar en los dos próximos años, pretende no sólo hacer un inventario sino también atender las necesidades de los adjudicatarios y adaptarlas a la realidad. Se trata de un sistema de revisiones periódicas en viviendas públicas de la Junta en las ocho provincias, según ha informado el Gobierno andaluz.
La consejería pretende que este seguimiento sea habitual para garantizar que el parque de viviendas sociales cumple con la función que se le ha encomendado. Además, pretende mantener una comunicación directa con los titulares de esas viviendas, “ajustándose a su finalidad eminentemente social”.
Este seguimiento estudiará las circunstancias de cada una de estas familias y agilizará la puesta en marcha de diferentes programas de ayuda, como modificaciones temporales de la renta del alquiler, permutas de viviendas o acompañamiento social, así como la derivación a los servicios sociales competentes para atender sus necesidades. Al mismo tiempo, se elaborará un diagnóstico de las complejidades de cada promoción para detectar también problemas en los barrios.
También está previsto ofrecer la compra de estas viviendas a los inquilinos que estén en disposición de hacerlo, planteandoles condiciones adecuadas a sus niveles de renta. La Agencia de Vivienda y Regeneración de Andalucía, AVRA, confía en mejorar los conflictos vecinales y el uso correcto de los espacios comunes, además de mantener las condiciones de salubridad de los edificios.
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