La Junta de Andalucía destinó a gasto social un 80% del dinero que pidió a los mercados desde 2021 a 2023
La administración tendrá que haber devuelto el montante prestado en 2035
La Junta estudia si acudir a la reunión bilateral sobre la quita de la deuda con el Ministerio de Hacienda

El Gobierno andaluz acaba de lanzar una emisión de 1.000 millones de euros de obligaciones sostenibles, una petición de financiación a los mercados que tiene de fondo la batalla política con el Estado acerca de la pertinencia de aceptar la oferta de condonación de 18.791 millones de la deuda, el 47% del total, que roza los 40.000 millones (39.842).
Aunque en este caso concreto el Gobierno andaluz no ha concretado a qué va a dedicar los 1.000 millones, cuya fecha de emisión fue ayer viernes, 14 de marzo, y tendrá que haber devuelto en su integridad a los prestamistas el 30 de abril de 2035, sí ha hecho balance de sus anteriores peticiones.
El rasgo en común de las anteriores emisiones, que empezaron en 2021, es que un 80% de los recursos recibidos se destinan a gasto social. Llegó a ser de un 82% en esa primera, de un 80,5% en 2022 y de un 79,3% en 2023.
Cabe recordar que el gasto social --sanidad, educación, dependencia, educación, empleo o vivienda-- supone alrededor del 65% del gasto total del presupuesto de la Junta de Andalucía año tras año. La consejera de Hacienda, Carolina España, declaró el pasado 31 de octubre, durante la presentación de las cuentas de 2025, que "ocho de cada diez euros" de lo que ha crecido el presupuesto de 2025 "se destinarán a educación, sanidad o dependencia”.
También gasto medioambiental
Las obligaciones sostenibles se dedican también, además de al mencionado gasto social, al gasto verde. En el primer caso se apuesta por proyectos de educación y salud; de vivienda asequible para colectivos específicos o de generación de empleo y apoyo a pymes, igualmente, para colectivos específicos. Entre las iniciativas verdes se incluyen proyectos de eficiencia energética y de promoción de energías renovables; de transporte limpio; o de gestión sostenible de recursos hídricos y aguas residuales.
De la primera petición de dinero a inversores que hizo la Junta de Andalucía en 2021 con esa etiqueta de sostenible, desdoblada en sendas emisiones de 1.000 y 500 millones, el Gobierno andaluz explica en un documento interno al que ha accedido Europa Press que el 57,8% de ese dinero lo destinó al programa presupuestario 31R, que es el de Atención a la dependencia, envejecimiento activo y discapacidad. De los 1.500 millones que captó el Gobierno andaluz en 2021, un 82% lo dedicó a gasto social, 1.228,8 millones, y un 57,8% de ese total lo destinó para el servicio de la dependencia, con 868,12 millones. La Junta enumera aquí prestaciones como el servicio de atención residencial, los centros de día, el servicio de respiro familiar, la ayuda a domicilio, la prestación económica y la teleasistencia.
Los 271,16 millones restantes se destinaron en 2021 a movilidad, infraestructuras viarias y transportes, así como al proyecto Redeja (Red de energía de la Administración de la Junta de Andalucía).
En 2023 la Junta empleó 353,45 millones al programa presupuestario de atención a la dependencia, que supuso el 22,2% de los 1.558,4 millones que gastó aquí la Administración autonómica.
Libros de texto, becas y comedor escolar
Con estas emisiones de bonos sostenibles, que se dirigen al mercado de renta fija, el Gobierno andaluz busca recursos para diferentes programas presupuestarios. En el caso de Educación incluye el programa 31P, que bajo la denominación de Servicio de apoyo a las familias, abarca la gratuidad de libros de texto; las becas 6000 y Segunda Oportunidad Educativa; así como el servicio de comedor escolar de gestión directa. Incorpora también los programas 42E Educación Especial; 42I Educación para la Primera Infancia; 42C Educación Infantil y Primaria; y el 42D Educación Secundaria y Formación Profesional.
En el caso de salud se financian los programas 31B, Plan sobre Adicciones, y el 31P, Servicio de apoyo a las familias, que incluye la Atención Temprana. En el caso de servicios sociales, el ya aludido programa de dependencia y atención al envejecimiento.
Cinco emisiones de deuda
En marzo de 2021 el Gobierno andaluz presentó su Marco de Finanzas Sostenibles, una hoja de ruta heredera de las directrices comunitarias en este ámbito: Directrices de Bonos Sostenibles (2018) (Sustainability Bond Guidelines); los Principios de Bonos Verdes (GBP, 2018); los Principios de Bonos Sociales (SBP, 2020); y los Principios de Préstamos Verdes (2021).
Esta será la quinta emisión que haga el Gobierno andaluz bajo esa etiqueta de obligaciones sostenibles, que suma 3.600 millones. Bolsa y Mercados Españoles (BME), responsable de la gestión de la bolsa española y que cataloga estos bonos como ESG (Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo), eleva a 4.000 millones la cantidad en circulación como bonos sostenibles del Gobierno andaluz.
Según la información de ese organismo, Andalucía se sitúa tras la Comunidad de Madrid, que tiene 11.948 millones entre obligaciones sostenibles y verdes.
La primera emisión sostenible de la Junta fue la ya mencionada de 1.500 millones, de 1.000 millones en abril de 2021, a la que siguió otra de 500 millones en julio del mismo año. La siguiente fue de 500 millones en mayo de 2022, seguida de 600 millones en marzo de 2023.
Son los antecedentes de la emisión de 1.000 millones de este mes de marzo, que el Gobierno andaluz devolverá el 30 de abril de cada ejercicio el importe que solicita fraccionado en diez pagos, uno por cada año de la década de amortización.
En abril de 2031 (1.000 millones nominales), abril de 2032 (500 millones), abril de 2033 (600 millones) y julio de ese mismo año (500 millones) el Gobierno andaluz habrá devuelto un nominal de 3.600 millones en bonos sostenibles con el coste añadido de retribuir a sus prestamistas con sus correspondientes intereses.
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